Humberto de la Calle e Iván Márquez
Por Matías Aldecoa
El acuerdo firmado en La Habana, Cuba, por las delegaciones de las FARC - EP y del Gobierno colombiano el pasado 12 de julio, titulado Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia (Comunicado Conjunto Nº 55), constituye un nuevo logro en el camino hacia la paz en los tres años que llevan las conversaciones. Lo es por ser el primero de incidencia nacional en llevarse a la práctica y por contener ingredientes recíprocos y simultáneos que disminuirán el dolor de los colombianos por efectos de la guerra. Es importante, además, porque generará un nuevo contexto que facilitará avanzar con mayor agilidad y sin interferencias nocivas en la construcción de acuerdos en los puntos aún pendientes.
A lo largo del ciclo 38º que se prolongó por cerca de un mes y terminó el pasado 12 de julio, sucedieron en Colombia hechos bélicos cuyas consecuencias preocuparon a las mayorías nacionales y a la comunidad internacional, al tiempo que se percibió una baja credibilidad de los colombianos en el proceso de paz - en parte por la campaña mediática que hace eco a los azuzadores de la confrontación.
Pero, paradójicamente, la situación que puso los diálogos en su momento más crítico, al mismo tiempo hizo que se multiplicaran las voces sensatas que vieron en la crisis una oportunidad para darle consistencia y reimpulsarlo.
Uno de los llamados lo hicieron los países garantes y acompañantes quienes urgieron por el desescalamiento del conflicto y la adopción de medidas de construcción de confianza entre las partes "para garantizar las condiciones y el clima propicio que permitan lograr acuerdos sobre las cuestiones pendientes de la agenda de conversaciones, incluyendo la adopción de un acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y lo referido a los derechos de las víctimas".
El Secretariado de las FARC - EP respondió positivamente al pedido, anunciando la disposición de declarar un cese unilateral de acciones ofensivas por un mes, a partir del 20 de julio próximo. Este nuevo gesto fue bien recibido por el país y la comunidad internacional, produciéndose un clamor generalizado por el cese al fuego bilateral. Ante la amplia presión política, Santos accedió a aceptar medidas de desescalamiento de las operaciones militares, también a partir del 20 de julio.
Implicaciones del acuerdo
El ambiente político que devendrá del desescalamiento recíproco será el mejor incentivo para que los colombianos restablezcan la confianza en las conversaciones y para que las partes convengan los términos del cese al fuego bilateral y definitivo, como preámbulo al fin del conflicto.
En este propósito ayudarán los delegados de Naciones Unidas y de UNASUR, quienes llegarán a acompañar la Subcomisión Técnica en la tarea de adelantar la estructuración de los mecanismos de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral y definitivo. Igualmente iniciarán los preparativos logísticos, previendo que el cese bilateral empiece a implementarse antes de la firma del acuerdo final.
No obstante, el éxito dependerá de que el Gobierno efectivamente suspenda los bombardeos y el acoso a las guerrillas en tregua; no puede repetirse la experiencia que dió al traste con la anterior tregua unilateral que las FARC - EP sostuvieron durante 5 meses. Debe también demostrar mayor eficacia en la persecución y desmantelamiento de las estructuras paramilitares, las cuales pueden realizar provocaciones promovidas por los enemigos de la paz con la intención de regresar a la confrontación.
En este aspecto es de suma importancia lo expresado en el Comunicado conjunto Nº 55 en el punto IV:
"El Gobierno Nacional y las FARC - EP intensificarán, sobre la base de un cronograma, la implementación de medidas de construcción de confianza". Tales medidas darán más consistencia al proceso, y si el Gobierno las aplica con prevalencia de la paz como valor supremo, y no de intereses electorales, allanarán el camino "para llegar sin demoras a la firma del Acuerdo Final".
Un gran aporte a la confianza entre las partes lo daría, obviamente, la implementación de los acuerdos hasta ahora alcanzados en los puntos Política de desarrollo agrario integral, Participación política y Solución al problema de las drogas ilícitas. El principio de que: “Nada está acordado hasta que todo esté acordadono puede ser excusa para que el gobierno y el Estado, se sustraigan de sus obligaciones constitucionales".
Los retos que acechan
El comandante Iván Márquez expresó el 7 de julio que "DESEAMOS FIRMAR LA PAZ CON ESTE GOBIERNO", y enseguida señaló como principales obstáculos la "enredadera jurídica" dispuesta por el Gobierno con el propósito de someter los guerrilleros a un proceso de penalización, lo que no tiene cabida por su calidad de insurgentes.
El paramilitarismo, fenómeno que de persistir seguirá generando nuevas víctimas, al mismo tiempo encarna la principal amenaza a la seguridad de los guerrilleros en un eventual post-acuerdo. Por ello se torna imperativo el total desmonte de esta estrategia de Estado, es decir, tanto las estructuras operativas como las parapolíticas, incluida la doctrina que lo alimenta: la de la seguridad nacional y el enemigo interno.
La Delegación de Paz de las FARC - EP presentó a la Mesa de Diálogo una propuesta para la erradicación del paramilitarismo, que incluye la conformación de un organismo ad hoc que recoge la experiencia guatemalteca. Ver informe presentado.
Después de referirse a la propuesta, el comandante Iván Márquez agregó que las FARC - EP seguirán "trabajando sin pausa en la construcción del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación Integral y No Repetición".
No hay comentarios. :
Publicar un comentario