Delincuencia y delitos de clase (Delegación de Paz FARC - EP)

Por Julián Subverso

Es común escuchar en los noticieros, en programas y leer en libros y diarios, palabras como terroristas, delincuentes, criminales, para referirse a la lucha de resistencia de los pueblos y a los integrantes de estas resistencias. Está claro: El fin es deslegitimar. De eso ya hemos hablado.

Pero ¿de dónde viene este desarrollo actual de lo que se conoce como delincuencia?, seguro en este pequeño artículo no lo vamos a responder a cabalidad y con la profundidad requerida, pero sí podemos hacer unas anotaciones al respecto de su funcionamiento y finalidades.

En primer lugar podemos decir que ciertamente las normas y leyes de una sociedad no son simplemente resoluciones caprichosas o respuestas superficiales a problemas sociales; éstas son, ante todo, una forma de ver el mundo por parte de unas clases y sobre todo, configuradas según sus intereses que a través de las leyes, como mecanismos para imponerlas, se hacen aplicar en la educación, el deporte, el trabajo, la cultura, etc.

Ahora, anterior al desarrollo de la conciencia de clase y todas las luchas sociales que se presentaron con mayor auge desde el siglo XlX, el imaginario social sobre las ilegalidades, las trasgresiones a la ley y a la moral, eran considerados males inherentes a individuos que llevaban el pecado, el mal o la desviación en su ser; es decir, tenían una naturaleza contra-natura y no como el resultado nefasto de un sistema particular económico y social que ha moldeado la sociedad según sus fines.

A partir del surgimiento cada vez más expandido de los ilegalismos populares, de los actos de rebeldía llevados a cabo contra las condiciones objetivas de explotación y contra aquellos que las defienden, la clase dominante se dio a la tarea no solo de presionar de una manera más agresiva hasta los delitos comunes que antes dejaba pasar y de disociar los ilegalismos populares del seno de las comunidades, sino además, de construir una delincuencia organizada, controlable y siempre lumpenesca.

Así tenemos de un lado esta delincuencia subordinada que se hizo más individual o llevada a cabo en pequeños grupos, se hizo localizada, sin peligros políticos y afín al mantenimiento del statu quo. Su germen se halla en las desigualdades sociales y se consolida y profesionaliza en las prisiones, de donde sale, una vez adiestrada, lumpenizada y desclasada a funcionar consciente o inconscientemente al servicio de los ilegalismos de los grupos dominantes; ya sea como matones de turno, ya sea como elemento para deslegitimar luchas justas e incluso atacarlas (paramilitares, sicarios), ya sea para sacar dividendos como es el caso de la prostitución, del tráfico de armas, o como fuente inagotable de mano de obra barata, sin mencionar las ganancias que deja el sistema penitenciario como tal con todos sus contratos y especulaciones comerciales y  jurídicas.

Está delincuencia “útil”, es vendida cual espectáculo por los medios de comunicación para hacerla visible por todas las partes, en sus noticias, en sus periódicos amarillistas, en sus películas y en sus canciones, todo en orden a consolidar el miedo al otro, la desconfianza, la división de las masas populares, para introyectar esa psicología mafiosa como principio ideologizante del capitalismo más salvaje, y así, justificar la represión, la existencia de aparatos de seguridad exagerados, la vigilancia, la violación a la privacidad, las chuzadas, la seguridad por encima de los derechos; es decir, el panóptico, además de todo el negocio de aseguradoras y empresas de seguridad que allí existen.

Por el otro, están los ilegalismos populares que se ejercen como legítimo derecho a la rebelión frente a un sistema injusto, que se contrapone como rechazo frente a los delitos de los de arriba, a la criminalidad siempre impune o exonerada de los opresores, es el rechazo de la ley o de los reglamentos contra aquellos que las establecen de acuerdo con sus intereses, es la rebelión ante una (in)justicia de clase que ha hecho recaer todos los delitos, todas las aberraciones, todas las desviaciones y males de la sociedad en la clase más baja, en los no privilegiados, en los ninguneados, en los pobres, cuya menor falta puede ser castigada con la mayor dureza.

Si bien ambas ilegalidades pueden coincidir en determinadas acciones, en determinadas formas de delito, su contenido y sus fines son diferentes, pues siempre serán conexos a un delito político aquellas acciones dentro de una determinada ilegalidad que se haya cometido dentro de un contexto de resistencia y lucha social, y nunca con objetivos de lucro privado o por fuera del telos político de la rebelión. Nunca será lo mismo quien empuña un arma para defender sus derechos, su pueblo, su vida y su dignidad, cuando hacerlo es la única salida que se ha dejado, que empuñarla para explotar y dominar a otros con finalidades particulares.

Por consiguiente, se constituyen aquí tres clases de delitos: los llamados delitos políticos de los ilegalismos populares, rompiendo normas, leyes y prácticas con el fin de alcanzar un objetivo político y social; los delitos de la delincuencia “útil” a los grupos dominantes, para la cual están reservados el sicariato, el robo callejero, el bandidaje, etc., mientras que, para la clase dominante, están reservados los delitos realmente lucrativos como el saqueo de recursos naturales y económicos, la especulación financiera, la explotación del hombre considerado un recurso más y todos aquellos bajo la denominación de delitos de cuello blanco.

Como reflexión y respecto del proceso de paz, además de aclarar como es lo más lógico, de que las FARC - EP son una organización revolucionaria y no terrorista, cabe decir que, para brindar verdaderas garantías de participación democrática de la oposición en Colombia y de abrirnos a la construcción de la paz, es necesario desactivar el sistema y las estructuras sociales, económicas y políticas que permiten que imperen los intereses particulares que hacen posible la constante producción de esta delincuencia subordinada, la cual alimenta las pandillas urbanas, los paramilitares, el asesino a sueldo, el contrabandista, el violador, etc., llevando a cabo políticas económicas y sociales que, además de eliminar las causas del conflicto armado, creen una cultura diferente a la del enemigo interno, a la de la intolerancia y le de paso a una del diálogo, el debate y el entendimiento.