El 15 de diciembre de 2015, amanecimos con la noticia de que el presidente Mauricio Macri designó, por decreto, dos ministros “en comisión” para reemplazar a los jueces Zaffaroni y Fayt en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Horas después, vemos que todo el debate en los medios de comunicación se centra en la forma del nombramiento de estos jueces “provisorios”, y discusiones sobre la interpretación de la cláusula constitucional utilizada para fundar el decreto. Es notable que todos, incluso los que más duramente impugnan el mecanismo, se apresuran a aclarar que no tienen objeciones con los hombres designados, a los que destacan como idóneos, probos, de larga trayectoria, etc.
Sus trayectorias, en cambio, confirman la lógica con la que Mauricio Macri y su coalición han decidido gobernar el país, y con la que han armado los gabinetes a nivel nacional, provincial y de la ciudad.
Horacio Rosatti: Un inundador a la Corte.
En las crónicas que reflejan los antecedentes de los nuevos cortesanos se resume más o menos así la trayectoria de Horacio Daniel Rosatti, uno de los elegidos por el macrismo para integrar la cabeza del poder judicial:
Fue fiscal municipal de la ciudad de Santa Fe en 1989; Secretario de Gobierno, Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe en 1991; Secretario General de la Gobernación de la Provincia de Santa Fe en 1993; Convencional Constituyente por Santa Fe en 1994; Intendente Municipal de la ciudad de Santa Fe entre 1995 y 1999; Procurador General del Tesoro de la Nación de 2003 a 2004, y Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de 2004 a 2005.
Parece formar parte de otra historia que el martes 29 de abril de 2003, una enorme inundación cubrió la ciudad de Santa Fe, y causó 23 muertos reconocidos por el gobierno (los vecinos denunciaron 114), y más de 130.000 damnificados. Horacio Rosatti, en su gestión como funcionario del gobernador Carlos Reutemann y luego como intendente, junto con el propio Reutemann y Jorge Obeid, fue el gran responsable de la tragedia, que no se debió a inevitables causas naturales. En agosto de 1997, los tres participaron del acto inaugural de la defensa oeste de la ciudad, obra inconclusa que permitió que el río Salado se tragara un tercio de la ciudad de Santa Fe.
También es una historia silenciada que, durante el desempeño de Rosatti en la secretaría de gobierno provincial y el municipio, fueron más de 80 los asesinados por la policía y el servicio penitenciario santafesinos.
Tampoco se menciona que, tal como se señala en la sentencia dictada por la Corte IDH en el Caso Bulacio, el nuevo juez, entonces Procurador General del Tesoro, fue designado, el 4 de julio de 2003, como “agente titular” para representar al Estado Nacional en el tramo final del juicio. Es, por lo tanto, uno de los responsables directos de la decisión del gobierno argentino de incumplir esa condena contra el Estado, que le imponía, además de sancionar a los responsables, eliminar todas las formas normadas y no normadas de facultades policiales para detener personas arbitrariamente, que doce años después siguen rozagantes y ampliadas en todo el territorio nacional.
Un año después, el 26 de julio de 2004, Rosatti juró como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Néstor Kirchner, en reemplazo de Gustavo Béliz, echado del gabinete cuando perdió la pulseada con el hombre fuerte de la SIDE, el espía “Jaime” Stiusso. Rosatti, además de promover que la Secretaría de Seguridad (es decir, el comando conjunto de las fuerzas de seguridad federales, PFA, PNA y GNA) dejara de depender de Justicia y volviera al Ministerio del Interior, se dedicó durante su gestión ministerial a mejorar vínculos con la fuerza que quedó bajo su dirección, el Servicio Penitenciario Federal.
“Quiero agradecer el compromiso renovado del SPF en un contexto social tan difícil que suma desafíos, ya que el crecimiento poblacional penal no se ha detenido en los últimos 20 años”, expresó el ministro en un acto del Día del Penitenciario, mientras las estadísticas oficiales de la Procuración Penitenciaria Nacional informaban que ese año marcó un pico en el crecimiento de la población carcelaria (y, por ende, de la tortura y la muerte), con 9.735 presos en unidades federales, récord que sólo se superaría a partir de 2007 (hoy son 10.350).
Antes de ceder la conducción política de la Policía Federal a su colega ministerial Aníbal Fernández, Horacio Rosatti confirmó como jefe de la fuerza al comisario Néstor Valleca, cuyo principal antecedente fue la represión que comandó contra estudiantes y militantes de DDHH durante un escrache al domicilio del genocida Etchecolatz, y designó como subjefe al comisario Jorge Oriolo, que defendió a puro gas lacrimógeno y balazos la embajada yanqui en marzo de 2003, durante la movilización de repudio a la invasión a Irak. Su segundo en el ministerio fue el experimentado Alberto Iribarne, que ocupó la misma Secretaría con Carlos Corach primero y con Juan José Álvarez después, tras el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, desde donde dirigió, el 21 de abril de 2003, la represión a los trabajadores y militantes de Brukman.
Sería interesante que algún periodista, antes de deshacerse en elogios al “idóneo nuevo miembro de la Corte”, recordara esta otra historia, o se preguntara, al menos, en qué quedó la denuncia formulada contra Horacio Rosatti en mayo de 2005, cuando fue acusado de presionar a la Oficina Anticorrupción Nacional, que dependía del entonces Ministro de Justicia, para que se archivara la investigación contra su ex jefe, Carlos Reutemann, por la malversación de Fondos Públicos con motivo de la inundación de 2003.
Este nombramiento se orienta en el mismo sentido que todos los que el gobierno de Mauricio Macri ha hecho en materia de “seguridad”, con Patricia Bullrich y Eugenio Burzaco en la Nación, Cristian Ritondo en la provincia y Martín Ocampo en la ciudad.
Carlos Fernando Rosenkrantz: Un abogado del poder.
El currículum del segundo designado para integrar la Corte es una impresionante sucesión de cargos, títulos y honores cosechados en el ámbito nacional e internacional (Yale, Comisión Fulbright, New York University, Universidad de Chile, Richmond School of Law, Universitat Pompeu Fabra, Denver University, etc). Fue rector de la Universidad de San Andrés y asesor del World Bank.
Es fundador y socio principal del estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz y asociados, cuya página resume su experticia así: “Experto en Litigación Constitucional y Casos Complejos. Ha sido Testigo Experto en Juicios CIADI, Abogado y Arbitro ICC. Ha liderado procesos de fusiones y adquisiciones de compañías, entre otras, en el rubro alimenticio, laboratorios, farmacias, salud”. Su socio, Gabriel Bouzat, con similar trayectoria, fue asesor de la Presidencia de la Nación en 1984, Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y, entre 2001 y 2002, Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
“El Estudio se especializa en el asesoramiento jurídico de empresas, práctica general y en litigios de alta complejidad. Contamos con un área responsable en cuestiones litigiosas que tiene a su cargo una importante cantidad de procesos judiciales en lo comercial, civil, laboral y administrativo. Tenemos una amplia experiencia en litigios relacionados con obligaciones contractuales en general, responsabilidad civil extra-contractual, concursos y quiebras, conflictos societarios, defensa de la competencia, regulación económica y derecho administrativo”, explica el coqueto “brochure” que se puede descargar en su página web, con hermosas fotos de las lujosas oficinas en una elegante esquina de la avenida Santa Fe y Cerrito.
Una de sus especialidades es el arbitraje internacional, con intervenciones ante el CIADI y UNCITRAL, como los siguientes: The AES Corporation c/ República Argentina; Compañía de Aguas del Aconquija S.A. c/ República Argentina; Camuzzi International, S.A. c/ República Argentina; BG Group Plc. c/ República Argentina; Sempra Energy International y Camuzzi International, S.A. c/ República Argentina.
En la lista de clientes que informa el mismo sitio oficial, no hay personas, sino grandes empresas de todo tipo; de medios (América TV, La Nación, Grupo Clarin S.A., Cablevisión S.A.); de gastronomía y alimentarias (Arcos Dorados S.A. - McDonald's, Arisco S.A., Café Martínez, Cervecería y Maltería Quilmes S.A., La Vascongada S.A., Freddo); de medicina prepaga y sanatoriales (Instituto Médico Antártida S.A., Sanatorio Profesor Itoiz S.A., Clínica IMA, Clínica del Buen Ayre S.A., Total Médica Medicina Prepaga S.A.); de telecomunicaciones, como AMX Argentina S.A. y Telmex Argentina S.A.; de energía, como GNC Galileo S.A., Petroquímica Cuyo S.A., la Entidad Binacional Yacyretá e YPF S.A.; las provincias de Santa Fe y Mendoza, y un enorme etcétera del mundo de los negocios y las finanzas (Clee, Control Systems International, Core Security Technologies, Cruz Blanca S.A., Darcom S.A., Escuela Argentina de Negocios S.A., Faraday S.A., Figueras Seating Argentina S.A., Fundación Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, GP Investments Ltd., Grupo Modelo S.A., Grupo de Narvaez S.A., Grupo Piero, Hero Communications Inc., HWF Capital L.P., Anheuser - Busch InBev, Magnesita Refractarios S.A., La Rural Predio Ferial de Palermo, Marítima San José S.A., Musimundo) y muchas otras.
Queda claro que si los abogados de ese estudio ven un trabajador, es porque están representando a la patronal en su contra, o bajaron mal de la autopista camino al barrio privado y se perdieron.
Con la misma lógica con que Macri armó su gabinete, con cada área “atendida por sus propios dueños”, el ingreso del Dr. Rosenkratz a la Corte sincera el arribo de la “CEOcracia” a la cabeza del aparato judicial, y promete limitaciones aún mayores a la posibilidad de que un poderoso pierda un juicio, o que un pobre lo gane.
El “cambio” que prometió, y ya está cumpliendo el macrismo, viene de la mano de reciclados personajes de todos los gobiernos anteriores, que garantizan más represión, y de representantes del capital, que garantizan más ajuste.
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