Se requiere una pronta rectificación (Delegación de Paz FARC - EP)

Por Rubén Zamora

Entre las acciones que el gobierno debe rectificar prontamente, está la captura masiva de campesinos realizada por unidades militares en los departamentos del Meta y Huila, para solo dar dos ejemplos. En La Uribe, Meta, en los primeros días de diciembre, el Ejército capturó a trece campesinos sin ningún acervo probatorio. El testaferrato, del que se les acusa, es una burda patraña para expulsar pobladores de un territorio que históricamente han ocupado, que legítimamente les pertenece, aunque aún sean tierras de la nación, según lo establece la ley.

Razonablemente, lo que debiera hacer el Estado con esas familias, es formalizarles la propiedad tal como lo establecimos en el acuerdo de Reforma Rural Integral por un nuevo campo colombiano.

Se replica en La Uribe la misma operación realizada contra campesinos en el municipio de La Macarena, Meta, dizque para recuperar tierras de la nación, supuestamente apropiadas ilegalmente por las FARC - EP. Y si así fuese, sería la Mesa de Diálogo el espacio para abordar ese tema, como otros que se han dado en razón y en el contexto del conflicto armado interno. Un interlocutor serio, en un proceso tan delicado como este, en que se define la suerte del país, aborda los asuntos relacionados con el conflicto armado con suma prudencia y, aun más, evitando ocasionar nuevas víctimas. ¿Quién va a responder por los capturados que quedan desamparados hasta jurídicamente? ¿No han pensado que los afectados responden por familias, especialmente niños y niñas? ¿Y qué les dicen de sus derechos?

Así que la supuesta apropiación ilegal de tierras por las FARC - EP no tiene asidero lógico. Estos campesinos están siendo revictimizados por el Estado luego de décadas de abandono. Privarlos de la libertad es una acción ilegítima e inconstitucional, incompatible con la necesidad de avanzar hacia la reconciliación y la paz y con las obligaciones institucionales establecidas en el Título I, más exactamente los artículos 2º y 5º, y las que consagran el Título II, Capítulo I y II de la Carta constitucional, que alude a los derechos fundamentales.

Siempre hemos cuidado celosamente de este territorio hasta con la vida misma, por lo que significa para la nación y para las comunidades allí asentadas. Hemos hechos esfuerzos para que no se amplíe la frontera agrícola, cuidando de los Parques Naturales de Chiribiquete, Tinigua, La Macarena, Los Picachos y Sumapaz. Y no es que reclamemos esas tierras como patrimonio de la insurgencia, sino como ecosistemas que deben preservarse en beneficio de la humanidad.

Ya debíamos haber priorizado este territorio para la Reforma Rural Integral, por las condiciones de pobreza extrema en que viven sus comunidades, por el abandono a que han sido sometidas por el Estado y por la intensidad y las afectaciones del conflicto social y armado. Pero está ocurriendo todo lo contrario, se ha priorizado para las explotaciones petroleras, la judicialización de inocentes y para las provocaciones de la Fuerza Pública. Desde que declaramos el cese unilateral al fuego se intensificaron las operaciones militares, se controla la entrada de alimentos, medicinas y otras provisiones, especialmente contra unidades guerrilleras que nos estamos preparando para los retos de la reconciliación y la paz.

Es una contrariedad que estas prácticas arbitrarias de las FF. MM. ocurran bajo el ministerio de Luis Carlos Villegas. No puede negarse que su designación a tan alto cargo causó gran expectativa y más esperanza en la paz. Había hecho parte de la delegación del gobierno en la Mesa de Conversaciones de La Habana, en donde trabajó al lado de los delegados nuestros durante largas jornadas, tratando de construir acuerdos sobre el punto de desarrollo agrario integral. Él fue uno de los que en muchos momentos difíciles ayudó a encontrar fórmulas de arreglo.

Hoy hay que decir que esas dinámicas del Estado por intermedio de la Fiscalía y las Fuerzas Armadas son una ofensa a la dignidad humana y a la buena voluntad de paz. No ayudan a crear al interior de nuestra fuerza guerrillera la confianza en la posibilidad de una reincorporación a la vida civil, que esté ausente de odios de la contraparte y desde luego de manchas de sangre.

Las fuerzas militares colombianas están obligadas a suministrarnos confianzas y certezas de que no van a repetirse episodios tan dolorosos como los que ha vivido el país. Para ello corresponde  desmontar las doctrinas, la legislación y las estructuras contrainsurgentes e implementar una doctrina militar soberana y humanista, animada por dinámicas de reconciliación.

Ojalá los generales informaran al ministro Villegas que nuestras emisoras clandestinas y en general, nuestras tropas rebeldes, en respuesta a los cercos y los bloqueos a la entrada de alimentos por parte de la brigadas militares, les envían sendos mensajes llamándolos a respetar el cese al fuego unilateral y a la reconciliación. Y no se equivoquen, no es cuestión de debilidad militar sino de convicción en la necesidad de alcanzar una paz estable y duradera.

No corresponde al momento afectar la esperanza de paz. Es necesario vigorizar la prudencia y la confianza, es lo que conviene al bien supremo de la paz.