Por Roberto Romero Ospina (Centro de Memoria, Paz y Reconciliación)
El 9 de diciembre de 1990 el país presenció la verdadera puesta en escena de la combinación de todas las formas de lucha, la vieja táctica casi siempre exitosa que inventó el establecimiento para mantener su predominio en la vida nacional.
Ese día, cuando millones de ciudadanos convocados por el Estado, incluidos liberales y conservadores afectos al régimen, acudían a las urnas para elegir los 70 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente destinada a cambiar la Carta de 1886, más de 7000 hombres del Ejército, tomaban a sangre y fuego el emblemático paraje de Casa Verde.
Un asalto semejante no se veía desde el 24 de mayo de 1964 cuando 16.000 soldados y tras una operación de cerco, se tomó la región de Marquetalia iniciándose la actual etapa de guerra contrainsurgente que lleva ya 51 años.
Por lo menos cuarenta y seis naves de guerra, entre ellas bombarderos K-Fir, Mirage, aviones AT-37, AC-47, cargados con bombas de 250 libras, helicópteros artillados UH-60 y UH-1H, Bell 212, Hughes y Bell abrirían el camino de la toma.
La llamada Operación Colombia, aprobada por el presidente César Gaviria, iba destinada a liquidar toda la dirigencia guerrillera asentada en una vasta zona de la cordillera oriental que bordea el río Duda a través de cinco objetivos de guerra bautizados como Centauro, Bravo, Espuela, Furia y Águila.
En ese sitio, colindante con los municipios del Meta La Uribe y Mesetas, se asentaban varios campamentos guerrilleros con más de dos mil de hombres en armas conocidos como El Hueco, La Caucha, y el Rincón de los abuelos, entre otros.
Casa Verde solo era solo un rancho en forma de ele, contiguo a los citados campamentos que se levantó para las conversaciones que se iniciaron en el gobierno de Betancur tras el acuerdo de Cese al Fuego, Tregua y Paz firmado en mayo de 1984 y de inmediato se convirtió en un emblema nacional por la esperanza de concordia que representaba.
El golpe de mano preparado con mucha antelación, apuntaba a que cuando se instalara la Constituyente, el 4 de febrero de 1991, el movimiento guerrillero agrupado en las FARC, el ELN y una fracción minoritaria del EPL (el M19, el EPL y el Quintín Lame ya se habían reintegrado a la vida civil tras acuerdos con el gobierno de Barco), debía estar derrotado o tan maltrecho que no representara ningún obstáculo a un proceso que debía convertirse en un nuevo tratado de paz, pero sin ellos.
Las pretensiones fallidas de Gaviria
La operación no fue un paseo por el bosque. “Hemos encontrado una resistencia feroz”, dijo un oficial a El Tiempo que precisó además que en los primeros intercambios de disparos hubo decenas de bajas de ambas partes. Por lo menos perecieron más de cuarenta militares entre oficiales y soldados y número similar de guerrilleros. Un helicóptero fue derribado y cuatro resultaron seriamente averiados.
Sin embargo, mucho antes de ser presidente, Gaviria se había propuesto acabar con la comandancia de las FARC bajo cualquier pretexto. Tras el atentado a la vida del ministro de Defensa, general Guerrero Paz, el 22 de noviembre de 1988 y del que salió ileso no así sus tres escoltas que perecieron por la carga explosiva, Gaviria, ministro de Gobierno de Barco, propuso que de inmediato se bombardeara al Secretariado de las FARC sin tener en cuenta que no eran responsables del ataque sino una disidencia de esa guerrilla conocida como “Ricardo Franco”.
El bombardeo tenía el objetivo de impedir cualquier posibilidad de que las FARC, el ELN y parte del EPL participaran en la Constituyente pues cómo se explica que faltando un mes para su apertura se llevara a cabo una operación de esa magnitud y en contravía de los reiterados llamamientos de la insurgencia de querer participar en dicha Asamblea.
Rafael Pardo y Humberto De la Calle entran en escena y la respuesta de las FARC
Rafael Pardo, Consejero Nacional de Seguridad de Gaviria y hoy flamante ministro Consejero para el posconflicto, los derechos humanos y la seguridad, era de la idea de no permitir la presencia guerrillera en aquella zona sin que nada le pasara mientras se continuaba operando.
“Qué tal que las FARC hubieran seguido con una zona de 3.000 o 4.000 kilómetros como santuario donde no pudiera entrar la fuerza pública ni el gobierno, eso no tenía ninguna presentación”, dijo a un medio al cumplirse 20 años justificando aquel ataque que fue un fracaso estruendoso.
Las FARC respondieron el mismo 9 de diciembre con una ofensiva sin precedentes que dejó decenas de soldados y policías muertos y daños inmensos en la infraestructura económica, en especial en la redes eléctricas hasta el punto que el ministro de Gobierno, Humberto De la Calle, hoy jefe negociador en las conversaciones de La Habana, rogó, embargado por la angustia, un cese inmediato de la ofensiva y llamar a reanudar las conversaciones en una improvisada rueda de prensa en la propia puerta del Palacio de Nariño.
Pardo sería nombrado más tarde como ministro de Defensa de Gaviria y desde allí dirigió todas las operaciones ofensivas contra las FARC. Una vez posesionado en septiembre de 1991, fue célebre el plazo que se puso él mismo para acabar con esa guerrilla: 18 meses exactos. Han transcurrido ya 24 años de aquel lapso perentorio y el grupo alzado en armas no ha sido derrotado militarmente.
Una esperanza truncada
Pero volvamos a la Constituyente que hoy también aparece en el centro del debate en un patinaje de la historia con lecciones poco aprendidas. ¿Qué habría sucedido si en la Asamblea Nacional Constituyente hubiera asistido la plana mayor de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar CGSB y no sólo los comandantes desmovilizados de la Alianza Democrática M-19, el Ejército Popular de Liberación EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame MAQL? No hay duda que el camino hacia la paz, que tenía la obligación de abrir ese cuerpo legislativo de urgencia, tendría que haber sido otro.
Si se tienen en cuenta las cifras de los investigadores del curso de la guerra, que promedian por año en medio millar las bajas de parte y parte, en un extraño equilibro del terror, en estos veinte y cinco años de la del ataque a Casa Verde y de la Constitución del ' 91, tendremos que hablar de más de veinte mil combatientes caídos. Y qué decir de las decenas de miles de víctimas civiles, entre ellas los cuatro mil inmolados de la Unión Patriótica. La suma puede pasar fácilmente de cien mil personas. Una verdadera catástrofe histórica.
Definitivamente el diálogo y la paz están atados a la convocatoria de una Constituyente de carácter soberano, democrática y popular, señaló en julio de 1990 la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en respuesta al gobierno a través del Consejero de Seguridad, Rafael Pardo, quien les había enviado una carta donde conminaba a la insurgencia a ubicarse en sitios previamente acordados para iniciar el diálogo mientras se ponía en duda la buena fe de los guerrilleros.
Jacobo Arenas, el segundo al mando de las FARC, en Caracol Radio esgrime en junio de 1990 una contrapuesta: “En esencia, el planteamiento de la CGSB es el de que el único camino para encontrar la paz es crear un medio ambiente favorable a través de la convocatoria a una Constituyente que se ocupe de la redacción de una nueva Carta que refleje la realidad actual del país”. Arenas moriría en agosto de ese año.
La lógica de los alzados en armas era que, en medio del genocidio de la Unión Patriótica, sería inconcebible que se aceptaran las propuestas de Pardo. También aducían que no había tiempo suficiente para desmovilizarse, como lo exigía el presidente Gaviria, y participar en las elecciones. Todo el tema, entonces, se reducía a los cupos, pero previa renuncia a la lucha armada y el compromiso de una desmovilización de las tropas.
Francisco Caraballo, jefe de la fracción minoritaria del EPL decía desde Casa Verde, un par de meses antes del ataque: “Rechazamos que el requisito para la participación de la insurgencia en la Asamblea Constituyente sea la desmovilización del movimiento armado…, no somos partidarios que este gire un cheque en blanco, es decir, se desmovilice o entre en una tregua prolongada sin que realmente haya algo concreto que justifique ese procedimiento. Desde luego, somos partidarios de la participación del movimiento armado en la Constituyente, pero no de la entrega de las armas como paso previo”.
El ultimátum de Gaviria llega a la CGSB
El punto crucial de este esfuerzo lo representó, un mes antes de las elecciones a la Asamblea, el apoyo para que una comisión especial de la UP -todos integrantes de las filas comunistas- llegara el 8 de noviembre en un helicóptero oficial a Casa Verde, para transmitir las propuestas del gobierno que facilitaran la presencia de la CGSB y a la vez conocer la última palabra de los guerrilleros.
Carlos Romero, presidente la Unión Patriótica, Álvaro Vásquez, secretario general del Partido Comunista, Hernán Motta Motta, senador de la UP y María Osorio, dirigente nacional de esta organización, llegaron aquel día muy temprano, pero sólo pudieron regresar a Bogotá la mañana siguiente después de una borrascosa sesión con el Secretariado de las FARC que contó con la presencia del jefe del EPL, Francisco Caraballo.
“La comisión traía prácticamente un ultimátum del gobierno a la Coordinadora Guerrillera para participar en la Asamblea Constituyente, con el agravante, como si fuera poco, de obtener una respuesta inmediata de todas las agrupaciones y frentes, lo que era totalmente imposible en una jornada”, recuerda veinte años después Francisco Caraballo, entrevistado por este periodista.
Añadió que la propuesta del gobierno se reducía a aceptar los diálogos sobre la base de la liberación de los civiles y militares retenidos, un cese unilateral del fuego por parte de la guerrilla, mientras condicionaba la presencia de la insurgencia en la Constituyente a través compromisos serios de desmovilización. En pocas palabras, se nos conminaba a rendirnos”.
Recuerda que la CGSB había demostrado tanto interés en acceder a la Constituyente que esbozó una lista de veinte delegatarios, con voz y voto: once de las FARC, ocho del ELN y cuatro del EPL “pero nunca recibimos una respuesta, mientras que en algunas altas esferas nuestra propuesta fue considera como escandalosa”.
Para el ex dirigente guerrillero, quien salió de la cárcel en 2008, tras pagar una pena de dieciséis años, la actitud del gobierno se explica en “la repetición del mismo libreto que tiene la oligarquía desde hace más de medio siglo de cara a la solución del conflicto armado y social interno que vive el país: desmovilización, entrega de armas y reinserción, sin cambio alguno en la vida política y social del país”.
“Nosotros sabíamos que íbamos a ser minoría en la Asamblea, pero nuestra participación sería un hito político sin precedentes; y subrayo, esa presencia nuestra implicaba de hecho una tregua inmediata de las acciones. Eso no lo quisieron ver en su momento. Hubiéramos sido un factor dinámico en las deliberaciones y seguramente contribuido con nuestras luces en la formulación de un nuevo país”, enfatizó.
Un regreso lleno de provocaciones
El regreso de la Comisión no fue menos accidentado que las tensas conversaciones en Casa Verde: se hizo en medio de bombardeos contra la guerrilla en la región de La Uribe, que pusieron en grave peligro la vida de sus integrantes, y aciago preámbulo de lo que vendría el 9 de diciembre.
Los operativos militares contra La Uribe fueron reconocidos por el propio presidente Gaviria, iniciados dos días antes de la visita de la comisión de la Unión Patriótica, lo que hizo que varios analistas se formularan la pregunta: ¿qué sentido tenía enviar una misión, que contaba con la confianza de la guerrilla, para observar su voluntad de diálogo en medio de un operativo militar en marcha? Esos no son gestos de paz, concluyeron y más bien parece un objetivo calculado de propaganda al diálogo para ambientar una ofensiva militar.
Lo que quedó claro al final es que se trataba de bloquear la presencia de la CGSB en la Constituyente. Como lo demostraron los hechos que siguieron, y los que se dieron ya en pleno desarrollo de las deliberaciones que el país seguía día a día.
El domingo 9 de diciembre de 1990, mientras las bombas arrasaban con el símbolo que representaba Casa Verde, Gaviria declara ante el país que quedaba “abierto el camino para que la Constituyente sea el gran tratado de paz que reclamara la Corte Suprema de Justicia, en donde sea posible el pluralismo y la tolerancia por las ideas ajenas”.
Sorpresas te da la vida
El 16 de diciembre de 1990, una semana después del asalto a Casa Verde, Manuel Marulanda, en declaraciones a RCN, señala que “… nunca hemos cerrado el diálogo”. El 10 febrero de 1991, tras una violenta contraofensiva de las guerrillas, Gaviria propone en la Constituyente, “… un diálogo directo y expedito” con la insurgencia y un lugar para reunirse con las FARC y el ELN después de haber señalado a los medios que “la ofensiva guerrillera los tomó por sorpresa”.
Sólo hasta el 4 junio, cuando restaba un mes exacto para que concluyera el trabajo de la Asamblea, pudieron verse cara a cara la Administración Gaviria y la CGSB en la mesa de Caracas, instalada por el propio ministro de Gobierno, Humberto de la Calle.
Navarro Wolff, en una entrevista con la revista Semana, en julio de 2011, repasó la situación en forma autocrítica, respondiendo a la pregunta si no nos habríamos ahorrado muchos muertos si la guerrilla hubiera entrado en la Constituyente: “Yo creo que no estuvimos muy lejos de que eso sucediera. Pero eso no se logró por varias razones. Jacobo Arenas murió antes del proceso constituyente, el genocidio de la Unión Patriótica influyó negativamente, además, el día que hicimos las elecciones para elegir a los miembros de la Constituyente, el Ejército entró al campamento de La Uribe de las FARC. A veces creo que si la Constituyente se hubiera demorado seis meses más, probablemente habría podido negociarse un esquema para que entraran las FARC y nos hubiéramos salvado de veinte años de barbaridades”.
La Asamblea Nacional Constituyente, entonces, fue una especie de simulacro de paz. Un pacto de paz, sí, entre un sector armado, el minoritario, y “el régimen” como diría Álvaro Gómez Hurtado, pero dejó trunco el proceso definitivo hacia la concordia nacional.
Pero hay que señalar también, en aras de la justicia histórica, que de no haberse firmado ese pacto parcial de paz por parte del M-19, que había renunciado al camino de las armas y optado por la vía del debate democrático, y propiciado los acuerdos antes de esperar un arreglo definitivo con la CGSB, jamás se hubiera ensayado la paz, y que trajo, de todas maneras, una nueva realidad política para el país otorgándole una Constitución bien diferente a la obsoleta de 1886 y donde prima el reconocimiento a los Derechos Humanos.
El M-19 hizo acelerar la historia sólo un tramo. El trecho restante sigue dependiendo de un acuerdo final de paz, que seguramente demandará un nuevo tratado hacia otra Carta fundamental, esa sí, hacia una paz duradera.
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