Por Carlos Del Frade
(APe).- “El avance del narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad de los argentinos. Corrompe a políticos, policías, jueces y funcionarios a cambio de impunidad. Y uno de sus derivados, el paco, daña el cuerpo y el futuro de nuestros pibes, arruinando las vidas de familias enteras. Los argentinos tenemos conciencia de la gravedad del problema. Sin embargo, los gobiernos recientes han equivocado sus respuestas. Llegó el momento de hacernos cargo y mirar de frente al narcotráfico como ningún gobierno lo hizo hasta ahora”, dicen las propuestas del ahora presidente Mauricio Macri en relación con el narcotráfico.
Señala, por otro lado: “…vamos a llevar el Estado a las calles de nuestros barrios, para que todos tengamos las mismas oportunidades de vivir en paz y con seguridad. Y a controlar en serio nuestras fronteras”, aunque no se aclara cómo aparecerá el Estado en las calles de los barrios.
Y apunta como hecho concreto: “También vamos a prevenir y tratar las adicciones a través de una política integral, como la que hicimos en la ciudad de Buenos Aires: acción temprana, asistencia para los chicos y su grupo familiar, integración comunitaria y líneas de atención anónima y gratuita”, asegura.
He aquí donde se presenta el problema, lo que está sucediendo, justamente, en la ciudad de Buenos Aires en torno de la justicia y el problema de “la droga”, como suele decirse en forma genérica.
Un informe de la llamada Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina (FEPESNA), analiza 4.977 expedientes de causas vinculadas al narcotráfico en la justicia federal de Buenos Aires, más de 70 por ciento de todos los iniciados entre enero y febrero de 2014.
“De las causas analizadas, sólo el 54,6 por ciento tiene detenidos. El resto comenzaron tras llamadas anónimas o terminaron archivadas por falta de pruebas. El 51,4% de los expedientes que registran apresados tienen como protagonistas a personas categorizadas como “consumidores”. Muy atrás aparecen los “traficantes” y los expedientes caratulados por “venta y consumo”, todos con menos del 2%.
Esas cifras se reflejan en el recorrido final que tienen las causas. Según el estudio, el 73% terminan con sobreseimientos, el 24% son archivadas y sólo el 3% deriva en procesamientos. “Muchos son casos de gente a la que encuentran con bajas dosis, la trasladan a las comisarías, le abren un expediente y luego la liberan”, explicaron desde FEPESNA.
Es decir que la forma de “prevenir y tratar las adicciones a través de una política integral” como la realizada en Buenos Aires termina siendo el castigo a las pibas y los pibes devenidos en consumidores consumidos.
Porque los registros del informe de la FEPESNA son contundentes, en ese sentido. Una vez más, el último eslabón de la cadena de comercialización es el que resulta alcanzado por el extraño brazo de la justicia.
Las víctimas, una vez más, son los acusados y perseguidos.
Los que generan el gran negocio, inversores y posteriores lavadores del dinero que se junta en las calles, ni por asomo son tocados por esta política contra el narcotráfico que se desarrolla en Buenos Aires y que ahora se ofrece como solución a escala nacional.
Por otro lado, hay que observar la edad de los detenidos en la principal ciudad de la Argentina: la mayoría tiene entre 16 y 24 años.
La marca del sistema en los últimos cuarenta años, los que fueron castigados con la desaparición, la desocupación y ahora, también, con el rótulo de consumidores consumidos como si fueran sinónimos de peligrosos narcotraficantes.
Siempre el castigo contra las pibas y los pibes, los que encarnan la necesidad del cambio social. Por eso son desaparecidos, desocupados y drogados.
De tal forma, el modelo de Buenos Aires como clave del “combate” contra el narcotráfico que propone Macri para el país no es más que la vieja receta de satanizar a las chicas y los chicos.
Más que un cambio, la propuesta, de acuerdo a la realidad de este informe sobre lo que verdaderamente pasa en Buenos Aires, parece ser la reafirmación de la matriz de las últimas cuatro décadas: perseguir a los pibes para que no vuelvan a hacerse ciudadanos críticos y movilizados en pos de una sociedad mejor.
Fuentes: Diario “Clarín”, viernes 5 de diciembre de 2015; plataforma electoral de “Cambiemos”, de fácil acceso desde cualquier buscador por la web.
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