Cuando la Iglesia discrimina

Por el Prof. Juan Carlos Sánchez

Nobleza obliga. Cuando afirmamos que pocas veces la discapacidad tenía un lugar en los medios alternativos durante el panel de comunicación social que tuvo lugar en el 30º aniversario de Ático, nos referíamos a que ello ocurre en general. Pero la regla tiene su excepción como la excelente entrevista realizada a la mamá de Sofía, niña con discapacidad motriz que fue discriminada por el "Instituto San Pedro", cuyo sitio web expresa que “nos comprometemos a transmitir valores de vida evangélicos a través de todos los actores institucionales fomentando el diálogo, el respeto y el logro de encuentros y coincidencias en la convivencia escolar cotidiana” pero ello resulta refutado por Silvia Anso en sus declaraciones a La Retaguardia.

Justamente, este medio radial puso en evidencia una realidad que no siempre es tomada por los medios hegemónicos y algunos medios compañeros. La Iglesia Católica suele ser la primera en discriminar cuando algún estudiante es diferente, tiene o adquiere una discapacidad y el Estado lo acompaña a través de la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada del GCBA ante cualquier tipo de reclamo o simplemente para cumplir con los sustanciosos subsidios que reciben las escuelas confesionales y la educación privada en general.

Luego de un accidente familiar, la niña "sufrió una lesión medular incompleta con fractura de vértebra, por lo que tuvo dos intervenciones quirúrgicas. Su fisiatra y su psicóloga consideraron que tenía que retomar la actividad normal en el colegio, donde hizo prácticamente toda la primaria, excepto sexto grado que lo cursó en una escuela domiciliaria. Actualmente, ella utiliza un andador para caminar pero al colegio tiene que ir en sillas de ruedas por una cuestión de prevención para que no se caiga y la escuela no tenga problemas, esto es más que nada para salir al recreo. En realidad ella podría estar todo el tiempo con el andador, pero es una cuestión de prevención hacia el colegio”, expresó su madre.

Las escuelas confesionales no quieren problemas -las públicas, a veces- por eso prefieren que el o la estudiante cursen de acuerdo a las condiciones que impongan o que pidan el pase a otro colegio. A esto podemos llamarlo discriminación organizada. No podemos olvidar cuando, en la Edad Media, encerraban a las y los sordos en sus conventos pensando que eran dementes pues solamente no podían comunicarse, algo que es muy diferente por cierto. O sea que este tipo de conductas de la Iglesia llevan siglos.

Pero las familias insisten y en este caso, plantearon "el tema de hacer rampas en la escuela porque ella tenía que volver por una cuestión psicológica y para cerrar su ciclo primario con sus compañeros, pero los directivos se negaron a inscribirla porque estaba en sillas de ruedas y no había rampas, no querían bajar el aula a la planta baja del edificio porque las aulas de abajo son para primer grado”. En realidad, la institución educativa está incumpliendo con la Ley Nacional Nº 24.314 que establece, modificando el Art. 20 de la Ley Nacional Nº 22.431, "establécese la prioridad de la supresión de barreras fisicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida", como también la sustitución del Art. 21 que expresa el criterio de barreras arquitectónicas al definirlas como a "las existentes en los edificios de uso público sea su propiedad pública o privada y en los edificios de vivienda" y define el criterio para los edificios de uso público, estableciendo que "deberán observar en general la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personas de movilidad reducida y en particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales; por lo menos un acceso al interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas espacios de circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra de dichas personas al igual que comunicación vertical accesible y utilizable por las mismas mediante elementos constructivos o mecánicos y servicios sanitarios adaptados". Y esta norma no es nueva. Data de 1994, por lo cual la institución educativa está incumpliendo con la normativa vigente. Pero no es menos cierto que les interesa más la estética del lugar que recibir a estudiantes con discapacidad motriz, en este caso.

Pero pronto la negativa se hizo evidente. Y así lo afirma la madre de la estudiante cuando "recibieron la visita de una trabajadora social que le había dicho que si Sofía no volvía a caminar no iba a poder volver a la escuela: “cuando mi hija estaba finalizando el año pasado la cursada domiciliaria, una asistente social de la Escuela Domiciliaria Nº 1 me dijo ' mamá, ¿usted sabe que Sofía no va a poder ir al colegio? ' ". Y la falta de humanidad que tienen se hizo evidente por los dichos de dicha asistente: "No, no, si no camina, ya dijo la directora que no la quiere en el colegio por una cuestión edilicia y que ni piensa bajar el aula". O sea que nuevamente se reafirma la discriminación organizada de la Iglesia.

El Arzobispado de Buenos Aires tiene una Vicaría de Discapacidad que, en realidad, se ocupa más de los buenos negocios de los subsidios que de estas situaciones. Los padres de la niña también reclamaron ante esa superioridad religiosa pero se encontraron con que "como séptimo grado está en el segundo piso, Sofía no tiene recreos y se tiene que quedar dentro del aula" según dijo Silvia, su madre. Nada de bajar el aula y menos permitirle que disfrute del recreo, porque "tienen miedo que se lastime y/o la lastimen". Sin dudas, es la exageración del debido cuidado al palo.

“Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con el derecho de Sofía de salir al recreo con todos sus compañeros de séptimo grado -continuó Silvia- o, por ejemplo, ahora están preparando el viaje de egresados, venden rifas y tortas y realmente ella no tiene mucha participación porque como el colegio es el que organiza el viaje la directora ya dijo que lamentablemente no la puede llevar. Pero más allá de eso, el tema es que ella se siente excluida completamente porque de manera constante le hacen notar la diferencia; si ella se para ya está la maestra diciéndole que no lo haga, ' no podés salir al patio con el andador, tenés que hacer los 5 metros hasta el baño con la silla de ruedas ', y el certificado hecho por la fisiatra dice expresamente que ella tiene que movilizarse con andador, y que puede ir a la clase de gimnasia. Lo peor es que la agarra la psicopedagoga del colegio junto con la directora y la vice y le han llegado a decir que si va a la clase de gimnasia y le pegan un pelotazo puede salir despedida de la silla de ruedas, algo ridículo. Esto psicológicamente la afecta porque con todo este período que estuvo internada, y lamentablemente sola porque yo también estuve mucho tiempo internada, es una nena de 11 años con una mentalidad  de 17. Ella sabe lo que puede hacer con su cuerpo, sabe hasta dónde rinde, y que alguien que es un maestro o un psicopedagogo le diga que no se puede agachar cuando ella sigue con su tratamiento de rehabilitación y sabe por los profesionales qué movimientos puede hacer, la enoja muchísimo, viene angustiada todos los días”. Mejor descripción de la situación discriminatoria por la cual atraviesa Sofía es imposible.

Este tipo de casos no son nuevos. Ocurre que pocas y pocos se animan a denunciarlos porque piensan, como lo ha dicho Silvia, “nos pareció buen colegio, es doble escolaridad y yo trabajaba, además vengo de una formación de un colegio católico y con mi esposo nos pareció que estaba bueno que ella fuera a ese colegio", para reconocer luego que "creo que nos equivocamos”.

No podemos olvidar que la Iglesia Católica subsiste gracias a los generosos subsidios estatales que provienen del Concordato prorrogado por Menem y que fueron ampliados por la gestión kirchnerista y macrista. En la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas confesionales son las que más reciben subsidios destinados a la educación privada.

Y no caben dudas. Para la Iglesia, la educación es un negocio y se olvidaron que es un derecho. Mientras tanto, el Estado sigue mirando para otro lado y la judicialización de la discapacidad sigue aumentando, no sólo por estas cosas, sino también por los incumplimientos de las Obras Sociales Sindicales en materia de prestaciones de acuerdo a la Ley Nacional Nº 24.901. Pero esto último, ya excede el marco de esta nota aunque no deja de ser un detalle menor.