La magistrada Delma Cabrera, del Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, dió lugar a la medida cautelar solicitada por la Fundación Pro-Tigre, que alega que la desarrolladora inmobiliaria EIDICO no efectuó los estudios de impacto ambiental y arqueológico en terrenos donde se edifican los barrios privados San Benito y San Rafael, en las inmediaciones de Punta Querandi, ordenando la suspensión de toda obra "susceptible de degradar el ambiente, sus recursos y los sitios arqueológicos". Cabe destacar que las obras de la empresa continúan, ya que será notificada formalmente en estos días, mientras que Pro-Tigre dejó abierta la posibilidad de hacer extensiva la medida cautelar a otros emprendimientos.
Asimismo, la Jueza enumeró los argumentos planteados por la actora: "se estarían afectando sitios arqueológicos de altísimo valor cultural y espiritual, y una amplia zona de humedales reconocidos internacionalmente por sus beneficios ambientales, sociales, culturales y económicos que brindan a la comunidad". Por otro lado, afirmó que "hay indicios que permiten la verosimilitud del derecho invocado". En ese sentido, se refirió a la "constatación realizada con un experto en arqueología" y "la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación en varias oportunidades", entre otros elementos.
La decisión judicial involucra los terrenos donde se construye el barrio privado San Rafael, de 55 hectáreas, ubicado entre el Canal García y el Canal Villanueva, en la otra orilla de Punta Querandí. También tres lotes privados aledaños a este predio en conflicto, en jurisdicción del partido tigrense.
Pro-Tigre, una fundación ambientalista de amplia trayectoria en el distrito, tomó las denuncias públicas realizadas por el Movimiento en Defensa de la Pacha y en mayo de este año, pidió una medida cautelar contra la desarrolladora inmobiliaria EIDICO en el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro. El 7 de septiembre, la jueza Delma Cabrera decretó la suspensión de toda obra (rellenos, endicamientos, movimientos de suelo, apertura de canales, calles, lagunas, estaqueadas).
No obstante, también "solicitó la suspensión de obras en un kilómetro y medio de terrenos de origen ferroviario que fueron transferidos mediante boleto de compra-venta por el ONABE (Ministerio de Planificación Federal). Concretamente, desde el KM2,5 hasta KM4 del ex Ramal 56 del Ferrocarril Mitre, hoy convertidos en un canal privado para el barrio privado San Benito y donde la empresa realiza una estacada de cemento, en jurisdicción del partido de Escobar"
El Movimiento en Defensa de la Pacha, formado por indígenas de diversos distritos y pobladores del paraje rural Punta Canal, defiende un sitio público, arqueológico y sagrado ubicado entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva, de sólo 130 metros de extensión. Pero sus reclamos visibilizaron la problemática ambiental y social generada por la construcción indiscriminada de barrios privados sobre humedales, que se realiza violando las leyes desde la década de los ' 90. Ya en noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a los municipios de la zona norte (Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando) a no habilitar más emprendimientos privados sobre los humedales.
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