Hoy se cumple la segunda jornada del paro dispuesto por los sindicatos docentes de la Ciudad, con una importante cobertura mediática, pero los argumentos de las y los docentes porteños siempre queda en el tintero. Por esa razón, intentaremos explicarlos para su fácil comprensión.
En la actualidad, el proceso por el cual se inscriben y se designan los docentes está a cargo de las Juntas de Clasificación Docente, mientras que las cuestiones disciplinares están a cargo de la Junta de Disciplina, de acuerdo a la redacción y reglamentación actual del Estatuto del Docente Municipal.
Sin embargo, los procesos administrativos no cuentan con la tecnología necesaria para terminar con las demoras existentes, por cuanto jamás se atendieron los reclamos que efectuaran las Juntas acerca de la renovación del material informático con el cual operan en la actualidad. Basta mencionar que muchas de ellas todavía tienen computadoras con el Sistema Operativo DOS o Windows 98; ambos, con una notoria antigüedad, que han sido superados por el Windows XP o el reciente Windows 7.
Pero también la voluntad política cuenta. Resulta evidente que el gobierno macrista aprovecha este conflicto para sus verdaderos fines: designar docentes afines a sus ideas con el objeto de continuar la senda de la segmentación del sistema educativo; es decir, una educación pública para pobres y otra, llevada a cabo por el subsector privado, para ricos. Ayer dábamos cuenta de la "explicación" dada por la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación que, por supuesto, no llegó jamás a las y los docentes que se oponen al proyecto presentado en la Legislatura porteña. A confesión de parte, relevo de pruebas...
La llamada Ley de Democratización, como llama eufemísticamente el gobierno macrista a su proyecto de control total del sistema de clasificación docente, establece la creación de una Oficina Única de Clasificación Docente que dependerá del Ministerio de Educación, cuyos integrantes serán designados por la cartera educativa y que será la responsable de una supuesta clasificación automática vía Internet para, luego, facilitar la cobertura de cargos "titulares". Basta señalar que, pese a los reclamos de los sindicatos docentes, nada se ha dicho con respecto a la titularización de la amplia masa de docentes interinos en Media, Artística, Normales y CENS.
Al concentrar todo el proceso, la inscripción, que habitualmente se realiza en los meses de marzo (para los docentes recién recibidos de los Profesorados) y abril (para los docentes ya inscriptos en el sistema); la clasificación, con la elaboración del orden de mérito respectivo para los docentes titulares, interinos y suplentes y el acceso a los cargos, sea por ingreso, traslado o acumulación, al igual que la cobertura de las vacantes que se realiza debido a las licencias usufructuadas por los docentes, quedará a cargo de esta dependencia, la cual dictaminará al respecto.
Por otro lado, también designará a los jurados en los concursos de ascenso y dictaminará en las solicitudes de traslado, permutas y reubicaciones.
Sin embargo, ciertas definiciones básicas tampoco podemos encontrarlas en el proyecto. ¿Qué significa la clasificación automática? ¿Porqué se habla de cobertura de cargos titulares, cuando no se hacen concursos desde hace años y está demorada la justa titularización de los docentes interinos que cuentan con más de un año en dicha situación?. Es claro que ello solamente podrá conocerse tras la reglamentación, una vez sancionada la norma por los legisladores de la Ciudad.
Por otra parte, resulta una excusa banal referirse al uso de Internet pues, tal como señalamos anteriormente, se viene reclamando la renovación del material informático existente en las actuales Juntas de Clasificación.
Otra atribución importante de esta Oficina Única, se refiere a los títulos docentes. El proyecto elimina las actuales categorías (docente, habilitante y supletorio) y el orden en el cual actualmente es utilizado como también evita mencionar los actuales anexos de títulos de la Ciudad y de la Nación. Asimismo, no se establecen los criterios acerca de la valoración de los cursos, antecedentes y antigüedad, entre otros ítems, para la llamada "clasificación". Hace poco tiempo, se equiparó a los docentes de la educación privada para que puedan acceder a las vacantes en el subsector público, lo cual provoca que tengan un mayor puntaje que les permitirá llegar rápidamente a obtenerlas. Y esa mayor puntuación, muchas veces, es debida a los cursos que financian las mismas escuelas privadas a sus docentes mientras que los que se encuentran en la educación pública deben recurrir a los cursos del CEPA o los que realizan los sindicatos docentes fuera del horario de servicio y con un relativo costo, en el segundo caso, sin contar con aquellos que son promovidos por otras instituciones de capacitación docente del subsector privado.
Ahora bien, si un docente no está conforme con el puntaje, ¿cómo reclama?. En la actualidad, los listados por orden de mérito son elaborados por las Juntas de Clasificación Docente y se establece un período en el cual pueden consultarlos para, luego, hacer los reclamos correspondientes en el caso de disconformidad. El proyecto establece la creación de una Junta de Control, integrada por 12 miembros electos, que será la única instancia donde se podrán realizar los reclamos.
Con respecto a los miembros de esta nueva Junta que pretende crearse, no queda claro cual será el mecanismo electoral ni la forma de representación, si habrá mayoría y minoría, si dicha representación será proporcional y como será la operatividad de esta verdadera ventanilla de reclamos, según afirmó UTE.
Queda claro que la Junta de Control es, tan sólo, un libro de quejas donde serán atendidas en forma discrecional, tal como lo hace la Administración Pública en razón de su conveniencia y oportunidad, dejando de lado el derecho a ser oído y el derecho de defensa tal como prescriben las mandas constitucionales.
Otros detalles significativos son la escasa transparencia del nuevo sistema propuesto por las autoridades educativas. Elimina la obligación de difundir los cronogramas de los concursos de ingreso y del período de exhibición de listados pues tan sólo refiere a una mera publicación, como también no se especifican los modos de reclamar por el concepto anual (calificación del docente por parte de las autoridades educativas) o de recusar a los jurados, como también la excusación por amistad o enemistad manifiesta con los concursantes, en los concursos de ascenso.
Con respecto a esto último, se transforma en una verdadera designación directa por parte de la Oficina Única de Clasificación Docente, porque ella nominará al jurado que, luego, propondrá a los docentes concursantes y establecerá el orden de mérito para efectuar las respectivas designaciones. Resulta clara la intención de designar a directivos escolares que respondan a sus mandatos, con la finalidad de disciplinar a las y los docentes de la Ciudad.
Cabe destacar que los docentes que quieran ascender deben realizar el curso que dicta el CEPA. En la actualidad, se promedia la nota obtenida en él con la que establece el Jurado elegido por las y los concursantes. Con el nuevo sistema que pretende implementarse, dicho curso se transforma en una formalidad para llegar a concursar pues la única nota para elaborar el orden de mérito será la que asigne el Jurado, cuyos integrantes son propuestos por la Oficina Única. Es decir, el macrismo se queda con todo...
Con respecto a los recursos, se eliminan los ya establecidos al igual que la remisión al Decreto Nº 1510/97. Ello supone que solamente se podrá reclamar ante la Oficina Única y el Ministerio de Educación, lo cual constituye una grosera violación a los derechos de recurrir según lo establece el Derecho Administrativo. Dicho de otra forma, se debe obedecer el capricho gubernamental. Por supuesto que ello dará lugar a incontables acciones de amparo que demorarán la tramitación de los expedientes administrativos.
Con respecto a la Junta de Disciplina, según el proyecto, estará integrada por 16 miembros; ocho, elegidos por las y los docentes, y el resto por el Ministerio de Educación. Quienes son electos durarán cuatro años en sus funciones y no se renovarán por mitades como ocurre en la actualidad. Cabe destacar que actualmente los dos tercios de la representación corresponden a los docentes y con lo que se pretende implementar, se reducirá a la mitad. Con una paridad de miembros, en caso de empate debe decidir la presidencia y por ende, la representación docente deja de tener peso en las decisiones.
Con el proyecto, no hay mayorías ni minorías. De allí que se busca incrementar la cantidad de representantes del Ministerio con el objeto de disciplinar a las y los docentes.
Recordemos que esta Junta en particular no decide, sino que aconseja sobre la instrucción de sumarios o la sanción y su cuantía a algún docente. Hoy, el Ministerio adopta una posición sancionatoria al pedir sumarios sin fundamento, de acuerdo a lo que señale la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional o las diferentes Direcciones de Área. Con el nuevo sistema, al concentrar el poder disciplinario, todo queda en manos del gobierno macrista y dará lugar a la sanción de docentes solamente por su pensamiento ideológico o por aquello que estime necesario reprimir.
En suma, constituye un proyecto donde el gobierno macrista tendrá la discrecionalidad para clasificar, designar y sancionar a las y los docentes de la Ciudad. A eso se le llama la suma del poder público, por cuanto las posibilidades de defensa son nulas al neutralizar la representación docente.
Por supuesto, sin contar con la letra chica que sobrevendrá una vez sancionado en la Legislatura y que, con seguridad, establecerá nuevas limitaciones a los derechos de las y los docentes como trabajadores.
Con esta nota, esperamos haber aclarado el porque del reclamo docente. No es un paro político. En todo caso, es un paro en defensa de sus derechos como trabajadores y bien sabemos que el único recurso del cual disponen es, precisamente, la huelga. Y es un derecho establecido por la Constitución en el Art. 14 bis, el cual no leyeron ni Esteban Bullrich ni Mauricio Macri.
Una vez más, las topadoras de Bussi y Cacciatore vuelven a estar en marcha. Subidos al caballo de la victoria electoral, que ratificó su legitimidad, pretenden cercenar los derechos pero ello puede puede afectarla, a la larga, precisamente por el ejercicio del poder.
Las y los docentes de la Ciudad están de pié. No es poca cosa frente al avasallamiento que pretende el gobierno macrista y en buena hora, que así sea.
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