Entre Ríos: Colón - La discapacidad siempre tiene que esperar

Cuando se trata de obtener las prestaciones sanitarias previstas por la Ley Nacional Nº 24.901, suele ocurrir que éstas son otorgadas con demora en la mayoría de los casos ya sea por las Obras Sociales Sindicales o en el caso de aquellos institutos provinciales en donde la jurisdicción ha adherido a esta norma. Y en numerosas ocasiones, la solicitud suele terminar en una acción de amparo convirtiéndose en un laberinto kafkiano que, a veces, llega al punto de la denuncia penal por abandono de persona.

Así como hace unos años nos ocupamos de la problemática de Florencia en la ciudad de Buenos Aires, hoy nos toca el caso de Violeta, una joven con parálisis cerebral, quien necesita carbamacepina y baclofeno; ambas, para su atención neurológica.

Y otra vez aparecen las excusas. En esta oportunidad, la de "nuevas políticas" y la de "revisión de prestaciones" que ha determinado el IOSPER (Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos). La propaganda oficial nos dice que Argentina incluye pero cabe preguntarnos ¿ a quién ?; más aún, en el caso del colectivo de las personas con discapacidad. O podríamos recordar las palabras del Gobernador Uribarri, quien expresó que "estamos comprometidos con el desarrollo de acciones que permitan garantizar el derecho de cada persona con discapacidad a la vida privada, a gozar de bienes culturales, a participar plenamente en los procesos democráticos y a vivir en una provincia sin discriminación ni exclusión" (1) y que lanzó hace pocos días, en el estadio del Club Ferro Carril Oeste, su precandidatura presidencial.

Ana María, la mamá de la joven con discapacidad, expresó su "sorpresa" y "preocupación" ante la vieja - nueva excusa del IOSPER con respecto a la provisión de medicamentos para su hija, y destacando que los recibe al 100% desde hace más de 15 años.

Nota de reclamo de Ana María

En este caso, si bien constituye un derecho adquirido, como bien expresa la madre, no se nos escapa que la Provincia de Entre Ríos adhirió al Sistema de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad establecido a nivel nacional tras la sanción de la Ley Provincial Nº 9.891, modificada por su similar, la Nº 9.972, la cual determina que las prestaciones para las personas con discapacidad serán otorgadas por el IOSPER.

Del discurso a la demora, la discapacidad sigue siendo una de las asignaturas que suele desdeñar la mayoría de la clase política y en la actualidad, por el mismo kirchnerismo que ahora abraza el regreso de los ' 90 con toda furia. Por supuesto, el neoliberalismo jamás se fue y siempre estuvo presente. Pero la crisis de 2001, obligó a maquillarlo mediante la implementación de políticas compensatorias, hablando en lenguaje neoliberal, para evitar una explosión social de enorme magnitud.

De allí que, en el caso que nos ocupa, resulta una muestra palpable que la Argentina no incluye y que las palabras de Uribarri se las lleva el viento aunque ello es aplicable a similares situaciones en todo el país. Pero tiene una lógica. Para el capitalismo, las personas con discapacidad son sobrantes porque no producen y en consecuencia, la cobertura de sus necesidades derivadas de su patología resultan ser un "gasto". Este pensamiento lo comparten con el macrismo y la mayoría de otras fuerzas políticas como el "socialismo" santafesino. Todas y todos unidos para que la burguesía siga con sus privilegios, gracias al generoso aporte de quienes están sumergidos en la pobreza y en la indigencia o inclusive, en el caso de las personas con discapacidad.

Pareciera que es (mala) costumbre, esta demora o la negativa sistemática de otorgar las prestaciones a este colectivo vulnerado socialmente. Ello constituye una absoluta falta de humanidad que no se condice con el "Gobierno de los Derechos Humanos" del cual tanto alardean. Peor aún, olvidan que han suscripto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU - 2008) y a la que también ha adherido la provincia litoraleña al mismo tiempo que a la legislación nacional en la materia.

Ahora bien, ¿Ana María deberá iniciar un amparo? ¿Viole tiene que seguir esperando eternamente por una medicación que necesita? ¿Las personas con discapacidad que tienen recursos económicos siempre tienen que andar gastando en abogados? ¿Y los que no los tienen se las tienen que aguantar o movilizarse en masa ante las autoridades para que se respeten sus derechos?.

Otra vez, la judicialización de la discapacidad está a la vuelta de la esquina. Se privilegia la relación costo - beneficio como en los ' 90 antes que dar soluciones concretas a las necesidades de este colectivo que se encuentra "desaparecido" por el Estado y la sociedad misma.

Pero Viole no es el único caso en esta provincia. Una mujer con hepatitis crónica, de 41 años, que espera ser transplantada solamente obtuvo una caja de una de las tres de un medicamento y por el otro, le indicaron que vaya en octubre por el cambio de autoridades en el IOSPER. Solamente se encontró con el silencio y una prestación otorgada a medias y a regañadientes.

Y se siguen sumando los casos de falta de cobertura en la provincia que tiene una población con discapacidad superior a la media de nuestro país, y posee el raro privilegio de tener una ciudad como Concordia, cuya población tiene un elevado porcentaje de discapacidad siendo la mayor de la Argentina.

¿Habrá respuestas?. No lo sabemos. Nos inclinamos a seguir pensando que continuará el eterno ninguneo, mientras los políticos viajan, pasean y cobran sueldos que ofenden al resto de la ciudadanía. Aunque tenemos la esperanza que salga un tiro para el lado de la justicia y las prestaciones debidas por el IOSPER sean otorgadas a la brevedad posible.

NOTAS:

(1) Obtenida de la publicación oficial provincial de la Ley Nacional Nº 26.378, ratificatoria de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU - 2008)