El pasado martes 23 del corriente tuvo lugar la audiencia convocada por el Dr. Juan Pablo Salas, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Morón, en el marco del hábeas corpus interpuesto por los familiares de Luciano Arruga y a la cual fueron citados los titulares de las carteras de Seguridad, de Nación y Provincia de Buenos Aires; los secretarios de Derechos Humanos de ambas jurisdicciones y diversos funcionarios nacionales y provinciales junto a la Procuraduría contra la Violencia Institucional y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dicho acto judicial tenía como objetivo la implementación de las medidas tendientes a la búsqueda de la verdad de acuerdo a lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal en ocasión de la acción interpuesta por la familia del joven desaparecido en 2009 como también, por primera vez, que sus integrantes sean escuchados por los funcionarios citados, lo que deberían dar cuenta de lo realizado durante estos largos cinco años y medio o lo que van a realizar.
Cabe recordar que la investigación judicial y administrativa constituyó un laberinto que permitió el encubrimiento acerca de la situación del joven y de los autores de su desaparición hasta antes de pasar la causa al fuero federal. Sin embargo, aún no existe ninguna información al respecto.
Fue una audiencia a medias, por cuanto estuvieron presentes la ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda y otros funcionarios nacionales mientras que nuevamente el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, si bien no envió asesores, concurrieron funcionarios de menor rango como el subsecretario de Promoción y Derechos Humanos, Nicolás Carvalho y el director del Registro de Personas Desaparecidad del Ministerio de Seguridad provincial, Alejandro Incháurregui.
Asimismo, concurrieron el fiscal Sebastián Basso, la Procuraduría contra la violencia institucional (PROCUVIN) y el Equipo Argentino de Antropología Forense, mientras que la familia de Luciano Arruga estuvo acompañada por la APDH La Matanza y el CELS.
Durante la audiencia se evidenció la falta de voluntad del gobierno provincial para investigar tanto la desaparición como el encubrimiento del hecho, lo cual motivó a solicitarles a los funcionarios provinciales "que especifiquen las medidas que tomarán para cumplir con el fallo judicial que impuso la obligación de remover todos los obstáculos institucionales y jurídicos que hasta ahora impidieron esclarecer la desaparición".
El relato de Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, es claro y contundente acerca de la verdadera respuesta estatal obtenida a la actualidad: “Este hábeas corpus es importante, en estos cinco años tuvimos que remar en dulce de leche y ustedes funcionarios y políticos se encargaron de hacerlo más espeso. Todos los días iba a preguntar si había novedades de Luciano. Con mi humildad iba y les preguntaba por mi hijo. Me decían que espere”.
Por otra parte, se solicitó al Estado Nacional que pusiera a disposición todos los recursos a su alcance para investigar el paradero del joven desaparecido y que garantice el cumplimiento de las obligaciones por parte de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, recién se elaboraría un plan concreto de trabajo y avanzar en las medidas sugeridas por las partes en una próxima audiencia ante el mismo Tribunal; más aún, cuando continúa el amedrentamiento y las amenazas a los testigos del caso, tal como ocurrió el pasado lunes 15 del corriente, lo cual implica la subsistencia de viejas prácticas heredadas de la última dictadura militar que aún no han sido removidas de la policía bonaerense.
En conclusión, una audiencia a medias para comenzar, esperamos, lo que se tenía que haber realizado desde el primer momento de la desaparición de Luciano. Las ausencias del ministro Granados y del secretario Carlotto son una muestra más de la desidia del gobierno provincial, pero también un apoyo implícito al accionar de la bonaerense. Y esto último preocupa, porque no se han comprometido con la investigación del hecho y con el desarmado de la estructura ilegal de la policía bonaerense. Pero tampoco debe esperarse milagros del Gobierno Nacional. No podemos ni debemos olvidar aquella promesa del secretario Fresneda que “iba a haber novedades” a los familiares de Luciano: todavía están las están esperando…
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