El Juzgado Federal Nº 1 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Salas, convocó para una audiencia en el marco de la presentación del hábeas corpus para determinar donde se encuentra Luciano Arruga tras su secuestro y desaparición en enero de 2009 y que fuese aceptada el pasado 12 de julio por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
La misma fue convocada para hoy a las 10.00 hs., en donde deberían haber asistido la Dra. María Cecilia Rodríguez, Ministra de Seguridad de la Nación; el Dr. Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación; Darío Díaz, DIrector del Programa Nacional de Protección de Testigos; Luciano Hazan, Coordinador del Programa Verdad y Justicia; Alejandro Granados, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; Guido Carlotto, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; Dr. Abel Córdoba, titular de la PROCUVIN (Procuraduría contra la Violencia Institucional) y el Equipo Argentino de Antropología Forense, junto a los familiares del joven desaparecido y sus abogados, quienes manifestaron que esperan la presentación de las autoridades en lugar del habitual envío de asesores porque, de esta forma, "estarán demostrando que todavía guardan un mínimo de respeto por la víctima y la familia"
Según destacaron los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, será la primera vez en la cual el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires "deberán dar una respuesta sobre el curso de acción que adoptarán para determinar dónde esta Luciano Nahuel Arruga", como también recordaron que el titular del tribunal mencionado fue "quien rechazó junto a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el último planteo" en esta instancia judicial.
"Esta vez, el Estado tendría que dar respuestas y aclarar cuales son las herramientas con las que cuenta para hacer efectiva la búsqueda de Luciano, algo que la familia viene solicitando hace 5 años y 8 meses sin logro, lo que deja de manifiesto la falta de voluntad con la problemática de violencia policial, que desde la apertura de la democracia hasta hoy ha provocado la muerte de más de 4.000 jóvenes víctimas de gatillo fácil y más de 200 desaparecidos", afirmaron.
Por otra parte, sostuvieron que, "de no cumplirse con los objetivos del hábeas corpus quedaría en evidencia, una vez más, la desidia del Estado Argentino en materia de Derechos Humanos,agravando así la impunidad que hoy reina con relación a la problemática de violencia institucional".
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