Kevin Miranda es un niño de 10 años estrábico y ambliope que hoy no recibe una enseñanza con las condiciones suficientes por la forma en que arremete el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de EE. UU. contra Cuba, sobre los centros educativos para niños con atención especial.
El Centro Provincial Antonio Suárez, en esta provincia, cuenta con una matrícula de 112 escolares entre sordos, ciegos y baja visión, y apenas 11 máquinas Braille con más de dos décadas de explotación, de las que solo funciona una.
Dagoberto Hidalgo, director de la institución, comentó a la AIN que el valor de esos aparatos en el mercado norteamericano es de 300 dólares, pero al Gobierno cubano le es imposible acceder a él, y tiene que comprar esos equipos en terceros países a un precio que oscila entre los 800 y los mil dólares.
Por su alto costo se obstaculiza igualmente la adquisición de papel de escritura para el sistema Braille, regletas, bastones de distintos tamaños, espejuelos, lentes de contacto, lupas, telescopios y juguetes sonoros para sordos.
En esta escuela se imparten las asignaturas de Habilidades de la vida diaria, Estimulación visual, Orientación y movilidad, Lengua de seña cubana y Educación auditiva, pero la exitosa incorporación de los estudiantes a la sociedad requiere de ayuda tecnológica.
La metodóloga provincial en la especialidad de ciegos, Marlenes Santana, señaló la dificultad para importar herramientas didácticas como mapas de relieve e instrumentos de trazado que comercializan los norteamericanos, y se adquieren en países más lejanos, lo cual los encarece.
Pese a problemas técnicos la escuela especial Antonio Suárez ha mantenido sus puertas abiertas por más de 20 años, gracias a la atención prioritaria del Estado cubano a esta enseñanza, y al apoyo del proyecto suizo de colaboración Camaquito en avituallamientos y equipos de oficina.
Cuba cuenta con más de 900 talleres dedicados a la enseñanza especial, pero las restricciones que impone el bloqueo de los Estados Unidos dificultan la importación de materias primas, insumos y nuevas tecnologías, situación que afecta la educación de cerca de 23 mil estudiantes.
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