Termina hoy (20/04) el ciclo trigésimo quinto de los diálogos de paz de La Habana tras diez días de importante trabajo. En la mesa de conversaciones, como siempre, se prosiguió en la búsqueda de soluciones a los problemas y divergencias que llevaron al conflicto y a su cruel realidad en el campo de batalla. El tema de las víctimas continuó y continúa siendo punto central de nuestras preocupaciones. Por su parte, la comisión técnica integrada por generales y otros oficiales de la República y comandantes guerrilleros se apresta a dar a conocer las fechas de inicio del plan conjunto de descontaminación del territorio de materiales explosivos atendiendo las necesidades humanitarias del conflicto, sin dejar de lado el perfeccionamiento del programa de desescalamiento que incluye iniciativas de naturaleza distinta a la ya mencionada.
Pero si bien entregamos este parte que debería invitar al optimismo, manifestamos nuestra preocupación por lo que viene sucediendo en el territorio colombiano. No se puede negar que los hechos ocurridos en la noche del 14 de este mes en la vereda La Esperanza, municipio de Buenos Aires, Cauca, no haya sido una tragedia. Y lo fue, porque la guerra es una enorme tragedia. En nuestra patria, una tragedia de más de medio siglo. Precisamente por esto nos encontramos en La Habana.
No puede seguir cayendo el pueblo por la irresponsabilidad de un Estado, todos los días más responsable. Cae el pueblo. El pueblo de verdad.
Porque nunca nos hemos visto enfrentados a soldados de estratos cinco o seis, porque los hijos de los ricos no van a la guerra. Curiosamente estratos estos que, sin preocuparse por lo que aconteció la noche del día 14, claman por más sangre al cielo. La sangre ajena, naturalmente.
¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedieron los hechos del 14? Estos interrogantes parecen no ser de la incumbencia de esas clases que conforman el régimen. Y con el poder de los medios en sus manos envenenan al país sin permitir que se establezca con serenidad la verdad de lo ocurrido. Porque no puede haber juzgamiento certero de ninguna naturaleza si de lo que se trata es de envenenar los ánimos y con ello obstaculizar el camino hacia la paz.
Es que si de fotografías de cadáveres se trata, basta recordar la vulgar exhibición de los cuerpos destrozados que la llamada autoridad ha hecho de los comandantes guerrilleros muertos, no en combate, sino mientras dormían en sus campamentos.
Pero lo que deseamos manifestar no toca con la versión gubernamental de lo sucedido esa noche. Nuestra aspiración es que en los próximos días se pueda dar respuesta a los tres interrogantes arriba formulados. Eso sí, reconstruyendo los movimientos del ejército desde las vísperas. Su llegada a la zona: A Comedulce, y su desplazamiento a Naranjal, Bellavista y Betulia. Su entrada a La Esperanza. Todo dejando entrever en la región, que no se trataba de un preparativo para una fiesta. Y esto en medio de la tregua unilateral e indefinida declarada por el Secretariado de las FARC-EP el 17 de diciembre de 2014 en los siguientes términos: “…inspirados en el derecho de gentes, tradición constitucional colombiana y en homenaje a todas la víctimas ocasionadas en razón del conflicto que buscamos superar, y en consideración al trabajo que nos compromete cada día más con el espíritu trazado en la parte motiva de la agenda de La Habana, y, en atención a que creemos que hemos iniciado un recorrido definitivo hacia la paz acompañado de un proceso constituyente, hemos resuelto declarar un CESE UNILATERAL AL FUEGO Y A LAS HOSTILIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO, que debe transformase en armisticio… Este cese de fuegos unilateral, que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública".
Ahora bien: No vamos a caer en la trampa tendida por quienes interpretan a sus anchas y capricho aquel aparte de nuestra declaración del día 17 de diciembre que señala que la tregua llegaría a su fin de constatarse ataques a las estructuras guerrilleras. Sabemos distinguir entre provocar, incitar, hostigar y azuzar para lograr un fin dañado, y la necesidad imperiosa y el deber de darle una oportunidad al pueblo todo de reconstruir la nación. Como estamos muy en serio caminando el sendero de la paz, no vamos a ponerla en peligro por darle gusto a quienes miden sus éxitos regresando la situación a fechas anteriores al día en que ordenamos a toda las estructuras de las FARC, mantener en silencio sus armas, eso sí, quedando alertas. Por tal motivo, en el día de hoy reiteramos la decisión tomada en diciembre del 2014.
Mantenemos entonces el CESE UNILATERAL AL FUEGO Y A LAS HOSTILIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO, mientras no seamos objeto del asedio permanente de las tropas. Hay que entender que hay acciones ofensivas que se despliegan en el marco de la legítima defensa.
Llamamos la atención del país para que el cese in situ que hoy se reitera para ser mantenido por las estructuras de las FARC en todo el país, goce de una veeduría. Es de la naturaleza del cese del fuego y hostilidades que esta se cumpla. Su éxito radica allí. Hay mecanismos para hacerla. ¿Cuál puede ser el argumento para que un cese al fuego y de hostilidades no pueda gozar de una veeduría que evite muertes como las acaecidas el 14 de este mes? Tiene la palabra el gobierno.
Para garantizar el buen desarrollo de las conversaciones con el propósito de culminar exitosamente lo trazado en el Acuerdo General Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, verdadero marco jurídico para la paz firmado en La Habana el 26 de agosto de 2012, por los plenipotenciarios de la partes y representantes de los países auspiciadores, se necesita, al decir del argot popular, “templar los nervios”; a la vez, impedir que los intereses partidistas de coyuntura como son las elecciones de octubre próximo, infecten los diálogos; que los odios nacionales que se perciben en todo escrito, en toda declaración, en todo comentario, se depongan; y que la paz sea de todos y para todos, en el buen entendimiento de que al ser el Estado el centro de la responsabilidad de lo acontecido durante los últimos sesenta años, como se desprende claramente de la historia reciente de Colombia y de quien no quiera tapar el sol con un dedo, para la tranquilidad de todos, para alcanzar la verdad de lo acontecido, y por ser un derecho de las víctimas, lo mejor es que el Presidente Santos y su gobierno se apresten a estudiar serena y patrióticamente el cese bilateral sin dilaciones ni temores. Sabe bien el gobierno que las principales consignas levantadas por los marchantes del 9 de abril se relacionaban con la urgencia de firmar desde ya un cese bilateral de fuegos que ponga fin al desangre, la necesidad de entablar conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y la viabilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos alcanzados. Con ese mismo sentimiento de la muchedumbre decimos: No más muertos. No más. Y que para el bien y conocimiento de todos los compatriotas de lo ocurrido en los últimos sesenta años, que se abran los archivos. ¡ Que se abran los archivos !
Como bien lo afirma el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, "cada vez el gobierno parece más empeñado en reducir los alcances del proceso de paz a la aceptación de condenas y penas por parte de los mandos guerrilleros. Han sido múltiples e incisivas las posturas públicas del Presidente Santos al respecto, en las cuales no deja de leerse cierto dejo de advertencia final. O nos mostramos dispuestos a aceptar esa condición que nunca fue pactada como premisa de las conversaciones, o debemos tener claro que no será posible la firma de ningún acuerdo. Nada está acordado hasta que todo esté acordado, nos han repetido siempre".
Entonces preguntamos ¿Para qué el proceso? ¿Para llevar a Colombia a la paz y a la reconciliación, o para conducir a la insurgencia a los tribunales? Hay que persistir en las conversaciones. Estas no pueden romperse por ningún motivo.
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