Por Jesús Santrich (FARC - EP)
En la Corte Constitucional, pasa como en la canción de Celia Cruz: Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Burundanga, le hinchan los pies...
Y en Colombia todos se preguntan, por qué fue que Songo le dio a Borondongo, por qué Borondongo le dio a Bernabé, por qué Bernabé le pego a Muchilanga, por qué Muchilanga le echó a Burundanga, por qué a Burundanga le hinchan los pies... ¡ Eh que lío !
Y esto que parece el tótum revolútum de un cajón de chécheres viejos, en realidad no es simplemente desorden sin conexidad. No. Sin duda existen líneas conductoras. Vasos comunicantes de corrupción e impunidad que no han aparecido de súbito, ni son recientes. Son el producto de un largo proceso de descomposición del Estado, que en algunos niveles ha llegado al límite.
El último pronunciamiento del Ciclo 34 de Conversaciones, hecho por las FARC en La Habana, expresa bien lo que está ocurriendo en nuestro país, y que obviamente incide en el desenvolvimiento de la Mesa de Diálogo, así como lo que en ella sucede tiene su influjo en el escenario colombiano, pues precisamente es sobre los problemas de nuestro país que estamos tratando las partes en conflicto, así algunos insistan en el absurdo de que este tipo de asuntos no hacen parte del Acuerdo general de agosto de 2012. Por el contrario, precisamente el numeral 5 del punto tercero de la Agenda referido a Fin del Conflicto, consigna que "el gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de La Paz".
Si estamos asistiendo a la quiebra moral de la institucionalidad, y al despiporre del Estado, no hay exageración cuando se dice que la facultad punitiva de éste ha desaparecido; entonces, con mayor razón hay que abordar pronto la revisión que conduzca a las reformas y los ajustes institucionales, así en plural como se oye.
Lo urgente es buscar soluciones, hacerlo con sensatez, sin darle cabida a revanchas ni negacionismos, como los que a veces asume Jorge Enrique Mora, plenipotenciario de paz del gobierno; por ejemplo, cuando en intervenciones públicas se niega a asumir que esa otra institución, de la que él hizo parte como comandante, también requiere revisiones y reformas que la dignifiquen.
De nada vale tratar de tapar el sol con el dedo de la intransigencia, buscando ocultar lo inocultable: la Doctrina de la Seguridad Nacional como doctrina del enemigo interno existe y hay que salir de ella si queremos salir de la guerra. Y la institución militar también está malograda por escándalos terribles, como el de los “falsos positivos” y el fomento del paramilitarismo; no hay quien en Colombia no haya vivido o tenido noticia del horror de las masacres y del desplazamiento forzado. Entonces, lo correcto en un ambiente de diálogo es buscar los caminos que ayuden a superar esos y otros males que nos han distanciado siendo hijos de la misma patria. Para eso es que estamos sentados cara a cara con el gobierno, sin triunfalismos ni derrotismos, sencillamente como constructores de paz..
No es cierto, entonces, que a La Habana llegamos por presión o derrota militar. Estamos aquí porque queremos llegara un acuerdo, porque tenemos voluntad política y voluntad de reconciliación y aspiramos a que desde la otra orilla el establecimiento tenga la grandeza de asumir sus responsabilidades y los cambios que requiere el pueblo para alcanzar el buen vivir.
Sin duda, la Mesa de Diálogo puede ser una ventana abierta para tomar el camino de la restauración, en la medida en que bien ella brinda los espacios para hacer los acuerdos que propicien la Constituyente como fórmula suprema para rehacer un nuevo orden de convivencia y legitimidad, donde no tengan cabida, por poner un caso, personajes como Publio Mejía, ex-comandante del Batallón la Popa, condenado a 19 años de prisión por haber cometido asesinatos contra inocentes durante el desarrollo de las operaciones Coraza y Tormenta. Pero sobre todo, se trata de que no continúe rigiendo la voluntad de los determinadores de la criminalidad que ha azotado a Colombia durante décadas, y que disfrutan de las mieles del poder a costa de la miseria y los sufrimientos de las mayorías.
Llegar a La Habana, además de significar un irrefrenable deseo insurgente de paz, expresa una determinación soberana de las FARC. Sobre tal circunstancia nadie debe equivocarse. Además, asumir las conversaciones ha sido el efecto de la voluntad política de cada una de las partes. Así se ha reconocido en la Mesa. Decir lo contrario también es poner palos a la rueda de la reconciliación.
Nota. Se me olvidaba decir que después de este desbarajuste que termina de mandar al carajo la legitimidad del sistema judicial, el mentado Marco Jurídico para La Paz y su derivada justicia transicional, por demás unilateral, quedan totalmente enterrados. Réquiem por ellos y sus mentores.
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