Por Carlos Antonio Lozada, integrante del Secretariado de las FARC - EP
En medio de la avalancha de noticias, comentarios y notas de análisis, en su mayoría con inocultable sesgo belicista, sobre los hechos ocurridos en el departamento del Cauca, donde murieron 11 militares y otros 18 resultaron heridos, bien vale la pena arriesgar una interpretación desde la perspectiva de la insurgencia.
Lo primero a recordar, para tener un contexto objetivo de lo ocurrido, es que los diálogos de La Habana se desarrollan en medio de la confrontación, por decisión expresa del gobierno que se ha negado de manera reiterada a aceptar la propuesta de acordar un cese bilateral del fuego.
Lo segundo, es que a partir del día 20 de diciembre de 2014 las FARC - EP declararon un cese al fuego unilateral indefinido, gesto incontrovertible de desescalamiento que, desafortunadamente, no fue correspondido adecuadamente por el gobierno, quién por el contrario respondió dando la orden de arreciar los operativos en todo el país.
Como es conocido por la opinión, pasan de veinte los guerrilleros muertos durante los 4 meses de cese unilateral; entre ellos, destacados comandantes de larga trayectoria revolucionaria; además de los que han sido heridos y hechos prisioneros por parte de la Fuerza Pública.
De manera reiterada desde La Habana se ha venido señalando el riesgo que significa para el proceso, y particularmente para el desescalamiento de la confrontación, la política gubernamental de mantener las operaciones militares en todas las áreas buscando acorralar a una guerrilla en tregua. Sin embargo, han pesado más en la decisión presidencial las presiones de la ultraderecha enemiga de la paz, que lo que dictan la cordura y la sensatez.
El día 10 de marzo el Presidente Santos anunció públicamente su decisión de suspender por un mes los bombardeos contra las unidades de las FARC - EP; pronunciamiento que en su momento calificamos como insuficiente y con sabor a chantaje, e insistimos en la necesidad de avanzar de manera decidida en el cese al fuego bilateral.
En el transcurso de los cuatro meses de cese al fuego unilateral e indefinido han sucedido hechos de singular importancia: entró en funcionamiento la subcomisión técnica del conflicto, que reúne altos oficiales en servicio activo de la Fuerza Pública con Comandantes insurgentes; en torno a temas estrictamente militares por encargo de la Mesa, el gobierno de los EE. UU. designó un enviado especial para el proceso; Rusia y la Unión Europea expresaron su respaldo a los diálogos de paz, al igual que lo hizo la recién concluida Cumbre de las Américas; el Papa Francisco anunció su viaje a Colombia y para concluir, sin que la lista esté completa, se firmó el acuerdo humanitario para el desarrollo de un plan de descontaminación de territorios de Minas Antipersona, Municiones sin Explotar, Artefactos Explosivos Improvisados y Restos Explosivos de Guerra.
Capítulo aparte merece la Marcha del 9 de abril, en la que Paz con Justicia Social, Cese al Fuego Bilateral y Asamblea Nacional Constituyente fueron las consignas que movilizaron más de 300.000 compatriotas en la Capital, a los que se sumaron otros cientos de miles en distintas ciudades y poblaciones del país.
Al lado de estos hechos positivos, se ha desatado una sistemática campaña contra la Mesa de La Habana, por parte de aquellos que no renuncian a su empeño de hacer abortar los esfuerzos de paz, apelando a los métodos más innobles como son la mentira, la calumnia, la tergiversación de los hechos o su interpretación amañada para formar una percepción determinada en la opinión pública frente al proceso, en lo cual los medios de comunicación juegan un papel fundamental.
A raíz de los hechos del Cauca, dicha campaña arreció, como queda demostrado al repasar algunas de las ideas reiteradas por los formadores de opinión, a través de los distintos medios, lo que permite develar qué se busca con dicha campaña, veamos: Un hecho que va en contravía de los derechos humanos. Un ataque a mansalva, mientras los soldados descansaban. Se utilizaron armas no convencionales. Se afecta el desescalamiento del conflicto. Se pone en duda la efectiva autoridad del Secretariado sobre los frentes. Es necesario poner plazos a la negociación. Corren el riesgo de volver a un escenario en el que la Fuerza Pública había conseguido una clara superioridad. Un ataque deliberado. La opinión le exige a Santos el levantamiento de la Mesa. Golpe violento al proceso. Un crímen de guerra por tratarse de un ataque contra persona protegida.
Después de posicionar en la opinión esas ideas, aprovechando una situación dolorosa y lamentable que bien pudo haberse evitado si se hubiera impuesto la sensatez en las decisiones gubernamentales; a renglón seguido se anuncian los condicionamientos que se quieren imponer de manera unilateral. ¡ Hay que ponerle plazo a los diálogos !
Paradójicamente, mientras se desarrolla esa campaña contra el proceso de paz, por parte de sectores que se lucran con la guerra, de la cual sólo saben a través de los medios porque nunca les ha tocado vivirla, ni a ellos ni a su hijos; paradójicamente decimos, en un salón del Centro de Convenciones de La Habana, sede de los diálogos de paz, acompañados por los representantes de Cuba y Noruega, países garantes; tres generales, dos coroneles y sus asesores se sientan frente a frente con un grupo de comandantes insurgentes para acordar el desarrollo en el terreno del acuerdo de desminado humanitario; al tiempo que la subcomisión técnica, integrada por 12 altos oficiales de la Fuerza Pública y 11 comandantes guerrilleros seguimos trabajando sobre el tema de cese al fuego bilateral y la dejación de las armas.
Paz o guerra, en un falso dilema; los colombianos no tenemos alternativa distinta a acordar la paz. Las consecuencias de lo contrario ya las conocemos suficientemente, al igual que el guión que siguen en este momento los pregoneros de la guerra.
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