Sumario:
1. Violencia estatal y violencia de género
2. Ante los ataques de la derecha ¡ Lucha y unidad !
3. Se realinean las fuerzas represivas
4. Justicia para Gabriel Blanco
5. La misma policía de siempre
1. Violencia estatal y violencia de género
El 4 de marzo, la Comisión Provincial por la Memoria denunció que cinco mujeres, detenidas en la departamental San Vicente, fueron sometidas a torturas físicas durante meses. Las mujeres, de entre 20 y 30 años de edad, permanecían encerradas en una celda muy pequeña y en aislamiento extremo. No tenían acceso a cuidados médicos de ningún tipo y sólo se alimentaban de lo que sus familiares les alcanzaban a la dependencia policial. En estas condiciones tuvieron que soportar reiteradas agresiones físicas y psicológicas, abusos sexuales y hostigamiento permanente. Es importante aclarar que todos los agentes mencionados eran hombres, pese a tratarse de una dependencia destinada únicamente a mujeres.
En el marco de esta causa, que recién comienza, las mujeres detenidas declararon que fueron víctimas de torturas sistemáticas por parte de los policías encargados de su cuidado. Entre los episodios narrados refirieron que la noche del 31 de diciembre, varios policías ingresaron a la celda, las agredieron verbalmente y las violentaron físicamente. Esto motivó que todos salieran al patio y una vez allí, los agentes se subieron al techo enrejado y comenzaron a masturbarse mientras les gritaban “están acá por putas”. Esa misma madrugada, uno de ellos comenzó a arrojarles petardos dentro de la celda y a amenazarlas con armarles una causa porque “habían querido escaparse” y así justificar el maltrato y la tortura.
Luego de la denuncia, la Comisión intervino para garantizar el inmediato traslado de las detenidas y así evitar la profundización de su estado de vulneración.
Es evidente que toda esta situación se agrava por la perspectiva de género. Un dato preciso que surge de cruzar el Archivo de Casos de CORREPI con los relevamientos de La Casa del Encuentro, es que el 20% de los femicidios son cometidos por integrantes del aparato estatal. Sin embargo, sabemos que no se reduce sólo a esta problemática.
Una vez más confirmamos que no se trata de un estado de excepcionalidad. La represión es política de Estado y la tortura es una práctica habitual en lugares de detención. Como lo señalamos al movilizarnos el 8 de marzo, en otra jornada de lucha por el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, la violencia de género no escapa a la intervención del aparato represivo estatal.
2. Ante los ataques de la derecha ¡ Lucha y unidad !
A tres meses de la asunción de Mauricio Macri, y pocos a días antes de cumplirse 40 años del aniversario del golpe de estado genocida de 1976, la derecha ha salido a la cancha golpeando fuerte a las organizaciones y referentes populares.
Estos ejemplos, nos indican que, con el pretexto de los “ñoquis”, la “herencia” y la “grasa” en el Estado, no sólo llevan adelante sus políticas de achique estatales, sino que además se está dando una lisa y llana persecución política.
El viernes 26 de febrero, a las 18.00 hs., dos personas, que se identificaron como policías de Drogas Peligrosas, interceptaron al hijo de la Secretaria de Organización de ATE, Silvia León, que iba junto a un amigo; los secuestraron y trasladaron en un auto por varias zonas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Pasaron por sitios con cámaras de seguridad (que evidentemente funcionan sólo para ciertos casos), fueron hasta La Plata y volvieron pasando por varios peajes.
Durante todo ese tiempo, otro individuo se dirigió al domicilio del joven y la dirigente gremial, asaltaron la vivienda y robaron dinero.
El 6 de marzo, en Godoy Cruz, Mendoza, una patota de la burocracia sindical atacó a Roberto Macho, Secretario General de ATE Mendoza y a otros manifestantes que protestaban por despidos en el Casino de Mendoza en el ingreso al Hipódromo, durante la realización del Clásico Vendimia de Turf. La policía liberó la zona para que la patota actuara. Figurita repetida, por cierto.
Por otro lado, en la madrugada del mismo día, pero en Mar del Plata, un local de La Cámpora recibió seis balazos en su frente, de una escopeta calibre 26. Afortunadamente, no había nadie adentro ni afuera, con lo cual no hubo heridos.
No corrió la misma suerte un local de Nuevo Encuentro en Villa Crespo, que recibió similar ataque durante su inauguración. Dos mujeres militantes resultaron heridas de gravedad.
La serie de medidas de gobierno que expresan un claro avance represivo, como la unificación de la PFA y la Metropolitana, la emergencia nacional en seguridad y el protocolo antipiquetes, propician un envalentonamiento de la derecha más reaccionaria, como estamos viendo con pintadas en las calles, notas en los diarios y estos hechos de persecución a las organizaciones.
Aquellos que repudiamos estos hechos, debemos estar alertas y denunciarlos, no sólo por la solidaridad, sino por una cuestión de defensa propia, y apostar a la respuesta colectiva, en unidad de acción, como el pasado 24 de febrero, cuando la masiva movilización en la jornada del paro de estatales neutralizó el protocolo.
3. Se realinean las fuerzas represivas
El viernes 11 de marzo se produjo un recambio en la cúpula de la Policía Federal Argentina. Luego del reciente traspaso de cerca de 20.000 efectivos de la fuerza a la órbita metropolitana, pareció haber concluido el trabajo prestado por el comisario renunciante, Román Di Santo, quien había intentado dejar el cargo en medio del mencionado proceso, pocos meses atrás.
Pero la estrategia comunicacional montada por el gobierno, consistente en disfrazar la salida del funcionario con un manto anticorrupción, se empezó a desmoronar según pasaban las horas en las que la PFA aún estaba acéfala.
Los principales medios de comunicación, atribuyeron la salida de Di Santo al efecto generado por los comentarios que Elisa Carrió le dedicó en el programa “Animales Sueltos” en la noche del martes previo, que incluyeron la denuncia sobre el rol de Daniel Angelici (presidente de Boca Jrs.) como principal operador judicial del macrismo y socio del ex capo policial. Lilita pidió “en vivo” su renuncia, luego de responsabilizarlo, junto al ex secretario de Seguridad Sergio Berni, de contaminar la escena donde se produjo la muerte del fiscal Nisman, pasadas pocas horas del deceso. Unas semanas antes, la Jueza Palmaghini los había citado a ambos a declarar por la misma razón.
Dicha impostura se desmoronó cuando, en las primeras horas del viernes 11 de marzo, se conoció que el ahora ex jefe de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, Néstor Roncaglia, ocupará el puesto de mando en la PFA.
Este oscuro personaje es tristemente conocido por la complicidad ejercida desde su anterior cargo con las principales bandas narco y redes de trata que operan impunemente a lo largo y ancho del país. Pesan sobre él varias denuncias por proteger, por ejemplo, a las cúpulas que dirigen las redes de elaboración y tráfico de drogas en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores.
No es tan conocido, sin embargo, por conformar un hasta ahora preliminar mapa judicial pro Macri. En este sentido debemos entender la configuración estructural que la política del nuevo gobierno intenta implementar en materia de seguridad. La idea del gobierno de Macri pasa por la reducción y especialización de la Policía Federal; es decir, la reducción de efectivos dedicados a reprimir el delito en las calles, para abocar sus tareas a “(…) combatir todos los delitos federales complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, entre otros”, según declaró el mismo Roncaglia.
Patricia Bullrich, jefa de esta cartera a nivel nacional, tiene planteado estrechar aún más las relaciones con la DEA y los organismos de inteligencia norteamericanos, con el fin de entregarles de forma absoluta el manejo de los negociados narcos y el lavado de dinero.
Es entendible, de esta manera, que haya elegido a un Comisario que no sólo tiene bien claro cómo se manejan los negocios del narcolavado, sino que, además, parece tener buenas conexiones con los servicios de inteligencia nacionales que, en su totalidad, están subordinados a las órdenes de la CIA. Es más, durante la tarde del pasado sábado, Bullrich tuvo que salir a desmentir (aunque nadie le crea) la vinculación de Roncaglia con el ex espía Jaime Stiuso (que trabaja para el ala republicana de la CIA), recién llegado de EE. UU. y recibido con honores por el gobierno de Mauricio Macri.
Por otra parte, no es real que el Gobierno esté tratando de disminuir el peso de Angelici en Comodoro Py. El juez Ercolini, uno de los jueces pro Macri, es parte del círculo judicial que rodea al presidente de Boca; de hecho, es uno de los máximos responsables de la persecución a la que se ven sistemáticamente sometidos Jorge Rodríguez y Gustavo Vera, miembro de la Fundación Alameda, por denunciar a Roncaglia y su relación con el manejo del crimen organizado que opera en el país.
Al parecer, los cambios en las más altas esferas de las “fuerzas del orden” van a seguir sucediéndose. Las encarnizadas luchas por los espacios de poder y el manejo de turbios negociados, irán a la par de las rencillas políticas que se produzcan al interior de las distintas facciones políticas que dirigen el Estado. Kirchneristas que se van, radicales que vuelven, macristas que aterrizan y peronistas que se reubican. A partir de estos alineamientos se reconfigurará el nuevo mapa del delito institucional.
Y aunque existen diversas facciones dentro de las fuerzas represivas, que en los sucesivos gobiernos compiten por negociar una posición ventajosa en los diversos entramados mafiosos, debemos mencionar que, como buenos ejecutores, los jefes de la represión no se desviven por simpatías políticas. Será que lo esencial, la configuración del Estado, se mantiene.
En definitiva, el gobierno cambió, pero la vocación de trabajo de estos fieles servidores hacia el gobierno de turno permanece intacta.
4. Justicia Para Gabriel Blanco
Este miércoles 16 de marzo se inicia el juicio por el asesinato de Gabriel Blanco. El 1º de marzo de 2007 la policía lo detuvo, y lo trasladó a la comisaría 2ª (Isidro Casanova), donde murió esa misma noche, como consecuencia de los golpes que recibió.
Como de costumbre, la versión policial fue que el chico se había suicidado con un cable, pero la familia y sus amigos descubrieron que Gabriel tenía el cuerpo lleno de hematomas. Fortaleciendo la versión de la familia, amigos y la APDH La Matanza, las pericias demostraron que el supuesto cable no pudo haber aguantado un peso de más de 50 kilos. Finalmente, la instrucción demostró que a Gabriel lo asesinaron, y se dispuso la prisión preventiva de los efectivos imputados por tortura seguida de muerte.
Desde la defensa policial, acusaron a los abogados de APDH La Matanza por extorsión, para intentar neutralizar los testimonios de las personas detenidas esa noche en la comisaría, que sostuvieron que Gabriel fue asesinado. Esa causa, que concitó la solidaridad de muchas organizaciones y compañeros, fue archivada después que se demostró lo falso de esa acusación.
Sin embargo, en una muestra más de que, como cantamos en las movilizaciones, “Jueces y fiscales protegen a la policía”, en diciembre pasado la prisión preventiva se convirtió en cómodo arresto domiciliario, y el Tribunal Oral Nº 5 de La Matanza aceptó un planteo de la defensa policial, y declaró nulas las pericias que demuestran que no fue un suicidio.
Sólo con la organización y la lucha en las calles es que vamos a poder conseguir una condena contra los torturadores y homicidas de Gabriel.
Por eso vamos este miércoles, a las 9:00, a Monseñor Marcón y Florencio Varela, San Justo, a gritar: ¡ Justicia por Gabriel Blanco ! ¡ No a la criminalización de lxs luchadores ! ¡ Basta de matar a nuestros pibes !
5. La misma policía de siempre
El sábado 12 de marzo, CORREPI participó de la feria autogestiva “Fin del Mundo”, propuesta que nació hace cinco años, espacio que agrupa a trabajadores artesanos e independientes con el objetivo de apropiarse del espacio público con propuestas culturales. En esta jornada, el amedrentamiento y hostigamiento de las fuerzas represivas del distrito que gobierna el Frente para la Victoria estuvo presente en la actividad.
La jornada comenzó alrededor del mediodía. Los puestos de los feriantes le fueron poniendo color ala Plaza de Las Carretas, ubicada a pocos metros de la estación de Moreno. Alrededor de las 19.00 hs. se acercó, a metros de nuestra mesa, personal de la Policía Local a pedir documentos a cuatro jóvenes que estaban apoyados en la pared de la plaza. Inmediatamente nuestros compañeros se acercaron, y se produjo el siguiente diálogo entre el agente de la fuerza y uno de nuestros compañeros:
- ¿Usted es el encargado de la feria?
- No
- DNI por favor.
- ¿Cuál es el motivo por el que le tengo que mostrar mi DNI?
-Necesito su identificación
- Usted no tiene nada que lo identifique…
En el momento en que el personal de la fuerza policial se dió cuenta que estaba tratando con personas que tienen información y herramientas para contrarrestar su hostigamiento, tuvo que desistir de su procedimiento.
Después de esta situación, nuestros compañeros fueron hablar a los micrófonos para remarcar la importancia de organizarse y luchar contra las políticas represivas estatales. En ese mismo momento la plaza se llenó de personal de la Policía Local, generando presión y nervios entre la gente. Eso no nos intimidó para seguir con nuestra postura de denuncia. Al final de la jornada, nos retiramos, acompañados por integrantes de la feria y vecinos a la estación de transportes por seguridad.
Esa actitud desafiante y provocadora de la policía, que denunciamos en tantos casos, y esta vez vivimos en carne propia, es una muestra de lo que viene sucediendo en Moreno y el resto del conurbano bonaerense, contra murgas, ferias y espacios culturales. Es primordial organizarnos, porque nos quieren sacar nuestros espacios de expresión, pero no lo van a lograr.
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