Mediante un comunicado, la Asociación de Ex - Detenidos - Desaparecidos (AEDD), la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP), LIberpueblo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), los Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, la AGD - UBA y la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada expresaron su repudio a los ataques sufridos por Daniel Farella, Delegado de los choferes de la Línea 60 y por un grupo de trabajadores opositores a la conducción oficial de la UOCRA en la Provincia de Santa Cruz, a manos de una patota oficialista, ante un reclamo por la liquidación de sus sueldos, como también por la detención del dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero.
Destacaron que "los trabajadores vienen enfrentando sucesivas amenazas y atentados en los últimos meses, sin que el Gobierno Nacional tome medidas para proteger efectivamente sus vidas y sus derechos" y afirmaron, con respecto a la agresión contra el delegado Farella, "que las acciones del Ministerio de Trabajo solamente permitieron "asegurar su indefensión frente a la patota contratada por la empresa".
Con respecto a lo sucedido en Santa Cruz, recordaron que los agresores forman parte de la UOCRA, cuyo Secretario General, Gerardo Martínez, fue denunciado por haber pertenecido al tristemente célebre Batallón 601 durante la última dictadura militar.
Por otra parte, hicieron hincapié en que "es imposible separar estos últimos hechos" de la detención de Sobrero, la cual fue apoyada por el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, "con su habitual discurso macartista", señalaron.
De esta forma, afirmaron, "se han agudizado dos formas de la represión al movimiento obrero y popular que son ya marca registrada de este gobierno: la actuación de patotas como una forma de tercerización de la represión y la criminalización de los luchadores populares" y sostuvieron que "no existe resultado electoral que pueda justificar estos hechos", al igual que mirar para otro lado ante este tipo de acciones.
Reafirmando su compromiso "con asegurar la libertad de organización de los trabajadores y el pueblo", exigieron la adopción de las medidas políticas que sean necesarias para hacer cesar el accionar de las patotas "como forma de represión", el cierre de todas las causas y la anulación de las condenas a los procesados por luchar por sus derechos al Gobierno Nacional, a los Gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el exterior, en apoyo a este comunicado, lo suscribieron Casapueblos, desde Madrid, España; Solidaridad Obrera, desde España y la Campaña de Apoyo a Juicios contra los Genocidas.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario