Por Félix Cariboni y Jonatan Emanuel Baldiviezo.
A una semana del desalojo del Barrio Papa Francisco, la Metropolitana irrumpió violentamente en el predio el sábado pasado (30/08). Se llevaron detenidos a jóvenes sólo por defender a sus familias de la balacera. El accionar impune contra la pobreza.
Un nuevo capítulo del manual del cinismo político
Luego del desalojo del 23 de agosto, apareció una triangulación conflictiva entre la Policía Metropolitana, el Secretario de Seguridad de Nación, Sergio Berni y la Jueza Penal y Contravencional de la Ciudad, López Iñiguez. En un principio, Berni descargó toda la responsabilidad del desalojo sobre la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, en un relato inverosímil. Una especie de protección del candidato Berni frente a las denuncias de represión.
Por otra parte, luego de afirmar que el predio había sido desalojado en su totalidad, la jueza López Iñiguez tuvo que salir a acusar a la Metropolitana por no desalojar una franja del predio ubicada detrás del terreno ocupado por la Policía Federal. La sorpresa de la jueza se debió a que justamente, la parte del predio donde los fiscales y la policía habían informado que se encontraban las bandas narco paraguayas (mafias organizadas que existen con el visto bueno de las mismas fuerzas de seguridad), no había sido tocado durante el desalojo. En este sector del predio se encontraban viviendo alrededor de 100 familias que eran atormentadas por estas bandas. Desde el desalojo, las bandas habían expulsado del predio a cuatro familias que fueron a vivir al acampe, que se formó posteriormente al desalojo del 23 de agosto, sobre las plazoletas de la Av. Fernández de la Cruz.
Durante la madrugada del sábado sucedieron los enfrentamientos más fuertes entre las bandas narco y la Metropolitana en el territorio aledaño a lo que quedaba de la toma del barrio Papa Francisco. Dichos enfrentamientos fueron la excusa ideal para que la Metropolitana entrara violentamente no sólo al barrio Papa Francisco sino también a la manzana 30 de la villa 20. Disparando perdigones de goma sobre la toma, irrumpiendo en los domicilios, amenazando a familias enteras, golpearon brutalmente y se llevaron detenidos a jóvenes que no habían participado de los enfrentamientos. Durante el procedimiento, insultaron y amenzaron a hombres, mujeres y niños indistintamente. Los detenidos se encuentran hoy en la seccional de la Comuna 4 de la Metropolitana, bajo la caratula de "intento de asesinato y desacato a la autoridad". Recién hoy serán citados a declarar. Mientras la Metropolitana se llevaba detenidos a jóvenes ajenos a los acontecimientos, a primera hora del sábado, los vecinos que aún tenían sus pertenencias en el predio vieron como las topadoras arrasaban con lo poco que quedaba de la toma. Esta vez, no se hicieron presentes organismos del Estado que pudieran dar respuesta habitacional y resguardo para las familias desplazadas.
Una crónica necesaria. Cómo opera la violencia.
I. En el primer operativo se desalojó violentamente a las familias con necesidades extremas y no a las bandas narco. Incluso luego, las familias que continuaron viviendo en el predio mantuvieron la denuncia respecto de la presencia de bandas y pidiendo protección. No fueron escuchadas. El día jueves, se dictó una nueva orden de desalojo a fin de terminar la tarea en la totalidad del predio. Berni salió a denunciar que la Policía Metropolitana no estaba cumpliendo la decisión judicial.
Mientras se sucedían estas acusaciones cruzadas, habitantes de la Villa 20 y familias desalojadas se presentaron en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad para exigir que se urbanice la totalidad de la Villa 20 en cumplimiento de las leyes de urbanización del Barrio y se garantice una solución habitacional hasta la ejecución de la urbanización a las familias desalojadas del Barrio Papa Francisco. La Jueza Elena Liberatori, el día viernes por la tarde, dictó sentencia cautelar ordenando la inmediata urbanización de la Villa 20 y la asignación del presupuesto necesario para que las obras se ejecuten dando plazo hasta el 10 de diciembre de 2015.
II. El mismo día a la noche, las familias desalojadas convocaron a una asamblea para informar sobre el fallo y coordinar acciones. Durante la asamblea, integrantes de las bandas narco se acercaron para impulsar una nueva ocupación del predio. La asamblea rechazó la propuesta en forma absoluta e inmediata. Pensaron que era algún artilugio para terminar perjudicándolos aún más y así fue.
Alrededor de las 11 pm del viernes, las bandas ingresaron al predio y se tirotearon con la Metropolitana durante dos horas llegando a prender fuego algunos tractores. Algunos miembros del personal policial resultaron heridos y se detuvieron a varias personas. Esta situación fue el contexto exculpatorio perfecto que encontró la Metropolitana para desalojar la franja que había permanecido del desalojo anterior. La jornada de la madrugada fue de corridas y disparos sin resguardo para el resto de los habitantes. Se utilizaron balas de goma y gases a que afectaron a todas las familias sin cuidado e indiscrecionalmente. Esta vez a las mujeres y niños no sólo los golpearon sino que además resultaron heridos con balas de goma.
III. Mientras que el primer desalojo fue a la luz del día como exigen las leyes y, por lo menos, con un magro operativo de contención social. El segundo, fue pasada la medianoche, con las manzanas cercanas de la villa sin luz, las familias fueron abandonadas en los pasillos y calles y sin la presencia de ninguna autoridad que verifique el accionar de la Policía. El ingreso brutal a las casas de la Villa 20 fue por la fuerza y deteniendo a personas sin razón. Tras la noche eterna, al otro día un centenar de familias víctimas de este nuevo desalojo realizaron un nuevo acampe en las veredas que están entre la manzana 30 de la Villa 20 y el sector del predio desalojado.
Las casualidades en estos contextos avalan las suposiciones de ser hechos armados. Justo el día que la justicia ordena la urbanización de la Villa 20 una banda narco intenta ocupar un predio desalojado sin ninguna oportunidad de éxito. Los medios reflejan que las familias desalojadas quisieron volver a ocupar. La realidad es que el accionar de las fuerzas de seguridad y de las bandas narco pincelan lo que es un escenario de convivencia de responsabilidad. Las mafias nunca fueron desmanteladas ni desalojadas, aun siendo denunciadas. No se habla del aumento de familias acampando en situación de calle, del pedido de las familias desalojadas por vivienda ni de la brutal razzia cometida por la Metropolitana.
De acuerdo a lo sucedido en las últimas semanas, es necesario hacerse algunas preguntas.
¿Qué soluciones habitacionales está discutiendo el ámbito político? El lunes 18 luego del primer desalojo se trató por primera vez, después de meses de presentado, el proyecto de ley para urbanizar el Barrio Papa Francisco y la Villa 20 en la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Los asesores del Pro se levantaron, no quisieron tratar el proyecto ni escuchar a los arquitectos que lo habían diseñado con participación de las familias. El bloque kirchnerista acusó a UNEN por no querer firmar el pedido de una sesión especial para tratar proyectos relacionados al desalojo y al Barrio Papa Francisco. No era necesario contar con las firmas de UNEN para convocar una sesión especial, el kirchnerismo no hizo ni el intento de buscar las veinte firmas necesarias.
Por su parte, UNEN el viernes pasado convocó a una conferencia de prensa para manifestar su posición, mostrándose preocupados por la situación de las familias. El cinismo en los hechos: el presidente de la Comisión de Vivienda, Javier Gentilini de Proyecto Sur - UNEN, convocó a reunión de diputados para hoy lunes (01/09) a las 15 hs. Solamente pondrá en tratamiento proyectos de resoluciones y declaraciones, ninguno de ellos cambiará sustancialmente las necesidades de las familias desalojadas. En cambio, Gentilini rechazará poner en tratamiento el único proyecto de ley presentado que versa sobre la urbanización del Barrio Papa Francisco, como sobre el otorgamiento de solución habitacional transitoria para las familias desalojadas.
¿Que sucederá con la urbanización y la remediación de los suelos? La Agencia de Protección Ambiental (APrA), la máxima autoridad ambiental del GCBA, contrató a la Fundación Green Cross para la realización de un estudio de suelos en el predio en el año 2013. Por la realización de este estudio pagó $ 1.370.000. El informe final fue presentado en septiembre del 2013. La Fundación Green Cross realizó una serie de recomendaciones en el informe que los técnicos del Departamento de Sitios Contaminados de APrA, en una comunicación interna de fecha 11 de octubre de ese año, encontraron importante realizar.
Las recomendaciones estaban relacionadas con la necesidad de hacer estudios que analicen otros elementos químicos como los BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos), hidrocarburos aromáticos polinucleares discriminados y metales pesados como el mercurio. También con la ejecución de un monitoreo adicional de agua subterráneas. En definitiva, el APrA la forma en que se solicitó el estudio resulta inútil e insuficiente para iniciar la remediación de los suelos. No sólo se mal gastó más de un millón de pesos sino que también se perdieron meses que implican tiempo para miles de familias que aguardan una vivienda.
Tanto el APrA como el GCBA sabían que este estudio realizado por Green Cross era insuficiente, así lo manifestaron en marzo a la justicia pero no lo comunicaron públicamente ni realizaron en forma inmediata el nuevo estudio mientras el predio estuvo libre el año pasado.
Por otra parte, el presidente del APrA, Juan Carlos Villalonga, afirmó que este nuevo diagnóstico va a estar completo en 90 días pero, de acuerdo al tiempo de ejecución del Plan de Remediación presentado en la justicia, el diagnóstico completo va a estar en 6 meses y todo el trabajo de remediación en 18 meses. Villalonga no salió a explicar por qué el APrA contrató la realización de un estudio cuyo resultado es inútil ni hizo referencia a estar investigando los responsables de esta defraudación a la administración pública.
El relato de la Ciudad esta plagada de defraudaciones, accionar corrupto, desidia y accionar violento. Desde lo técnico con estudios de suelo que se hacen de modo incompleto, legisladores de diversos bloques que en sus actuaciones no desean tratar las posibles soluciones para las familias que están en la calle, las fuerzas de seguridad que avanzan sobre los territorios liberándolos para el accionar de bandas narco, balean a niños y mujeres, aumentando las tazas de familias sin vivienda y de criminalización de la pobreza. Enseñanzas del cinismo político.
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