La Cacha: Una instrucción para la impunidad.

El próximo juicio oral en La Plata, que tendrá lugar a mediados de este año, será el referido a lo ocurrido en el Centro Clandestino de Detención "La Cacha", cuya instrucción estuvo a cargo del Dr. Manuel Blanco, titular del Juzgado Federal de 1ª Instancia de La Plata y la Secretaría, a cargo de Ana Cotter, desde hace 10 años y que fuese elevada parcialmente en marzo del año pasado al Tribunal Oral Federal Nº 2.

Justicia Ya ! La Plata, mediante el comunicado "Justicia Federal platense: El cementerio de las causas", denunció el accionar del Dr. Blanco y de Ana Cotter, su secretaria, en la causa mencionada anteriormente, donde serán juzgados solamente 16 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores, porque se dedicó a la fragmentación de casos para facilitar la impunidad de los genocidas; algunos de ellos, fallecidos durante la instrucción mientras otros fueron exonerados o están prófugos.

"La Cacha" fue el Centro Clandestino de Detención más sofisticado de la dictadura cívico - militar en materia de coordinación entre los servicios de inteligencia de las fuerzas represivas, el cual pudo conocerse gracias a la declaración conjunta que fuese realizada por parte de los sobrevivientes ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo, conocida como CLAMOR, hace ya 30 años, donde detallaban un croquis y una descripción de sus instalaciones, con su distribución interna, y una lista de los represores, conocidos por sus apodos, y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.

Según afirmaron desde el colectivo de Derechos Humanos, tras la anulación de las leyes de impunidad en 2003 se reabrió la causa en el juzgado del Dr. Blanco, pero recién en enero de 2005 comenzó a moverse el expediente tras la ampliación del requerimiento efectuado por el Fiscal Sergio Franco, basado en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en el cual "tres denunciantes anónimos y ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en el CCD" y ello llevó a cotejarlo con los legajos penitenciarios del ' 76 al ' 83 y los testimonios en el Juicio por la Verdad, individualizándose al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”, quienes luego fueron citados a indagatoria.

En diciembre de 2009, recordaron, "la fiscalía hizo una descripción de los hechos y solicitó la detención de una veintena de imputados" aunque comenzaba a perfilarse la fragmentación de la causa al contemplarse solamente los "hechos perpetrados a lo largo del año 1977 y por sólo una porción de imputados, porque ' la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad ' ” así lo aconsejaban...

Sin embargo, en el afán de demostrar que la causa se movía, el Juez Blanco solicita el levantamiento del secreto que protegía a la información de Inteligencia e imputa a 12 agentes del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101, mientras que las primeras detenciones entre febrero y marzo de 2010 alcanzaron a tan sólo 17 represores.

Comienza la impunidad

Las demoras en la instrucción de la causa fueron destinadas a facilitar la impunidad de los genocidas. Así, en abril de 2010, se suspendió el proceso contra Cesar Emilio Branne, por padecer “síndrome de Corea Huntington” o “Mal de San Vito”; quien, tras estar con prisión domiciliaria, quedó libre; en septiembre del mismo año, se procesó a Juan Carlos Negri, Enrique Cicciari e Isaac Miranda pero en diciembre se dictó la falta de mérito a Cicciari tras indagarlo y así, el único imputado del Regimiento 7 quedó libre, mientras que en octubre de 2011, fallecía Negri. Tan sólo había quedado Rufino Batalla, quien fue detenido y procesado en agosto de 2010.

"Para confirmar la costumbre judicial de llegar tarde al buscar a los represores, entre febrero y marzo de 2010 se determinó como prófugos a 3 imputados en la causa con órdenes de captura: Ricardo Luis Von Kyaw (en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (en Israel) y Miguel Angel Amigo", añadieron.

La fragmentación.

Tal como mencionáramos al principio de esta crónica, el Juez Blanco clausura la instrucción y procede a elevar la causa a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, fragmentando la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” e inicia un nuevo expediente “ ' para proseguir con la investigación de los restantes delitos ' donde ubicó a los 3 genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa", cuenta Justicia Ya ! La Plata.

En la elevación mencionada, fueron imputados dos responsables políticos, el entonces Gobernador, General Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno, Jaime Smart; 13 integrantes del Destacamento 101, incluyendo a Alejandro Arias Duval, su jefe; dos penitenciarios, el “Oso” Acuña e Isaac Miranda, su jefe y al marino Juan Carlos Herzberg. Es decir, "18 genocidas para uno de los campos más grandes de la zona represiva de La Plata", enfatizaron.

La impunidad continúa...

"Entre mayo y septiembre de 2012 murieron impunes, gracias a la demora judicial, el coronel Arias Duval y el general Saint Jean mientras se realizaba el juicio ' Circuito Camps ' " y recordaron que el primero "era el único imputado en Cacha acusado por los homicidios y apropiaciones de niños, además de los secuestros y torturas", por lo cual "con su muerte quedan impunes cientos de delitos, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata".

Según indicó Justicia Ya !, "ambos decesos pasaron a integrar la irreversible cifra de 320 represores muertos impunes desde la caída de las leyes de impunidad; 8 de ellos, imputados en causa Cacha".

Una secretaria fuera de serie.

Mientras el Poder Judicial está en la picota "por motivos de agenda política del oficialismo", el colectivo de Derechos Humanos platense afirmó que "poco escuchamos hablar sobre el estado de defección de la justicia federal, que esconde en el sepulcro del olvido la obligación del Estado de investigar y castigar todos los crímenes que su propio aparato de Terror cometió durante la última dictadura".

Lo que venimos relatando a lo largo de esta nota fue el producto del "extendido criterio de fragmentar y estirar los procesos que tanto lucha costó para que fueran agrupados como unidad de hechos en un CCD" que fuera llevado a cabo por el Juez Manuel Blanco y Ana Cotter, su secretaria; quienes, durante 10 años, "no se cansaron de hacer desastres con la causa", afirmó Justicia Ya !

Sin embargo, la actuación de ésta última excede lo razonable en un funcionario judicial. Justicia Ya ! se opuso a la elevación a juicio de la causa fragmentada por no estar completa la instrucción, contestando la elevación en subsidio, pero recordaron que, "en ese momento, Cotter prometió fervorosamente que iba a trabajar sobre lo que quedaba del año ‘ 77 y todo el año ‘ 78 para elevarla y que se juntara con lo ya elevado hace un año". En una reciente entrevista con el colectivo de Derechos Humanos platense, olvidó su promesa y "aclaró que no tuvo ni tiene tiempo de hacerlo y que no lo va a hacer, porque se está ocupando de otra cosa; que de todas formas debería volver a tomar testimonios para que los sobrevivientes “reconozcan” a los represores; que sin reconocimiento, incluso dijo que “al menos dos”, ella no eleva nada; y que quizás investigaría si los organismos querellantes le hacemos el trabajo".

De esta forma, sostuvieron, "se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de policía, penitenciarios, de la Armada y del Ejército" e indicaron que "se retrocede a criterios ya superados" tales como el reconocimiento fotográfico de los represores, a 37 años de los hechos, como medio exclusivo de prueba para hacer recaer "la responsabilidad del avance de la causa nuevamente en las víctimas".

Sobre estas cuestiones, afirmaron que allí se encuentran las contradicciones del tribunal durante la instrucción, por cuanto afirma que "el reconocimiento fotográfico ' ha resultado de mucha importancia en causas como la presente ' ", mientras que por otro lado sostiene que “el tabicamiento de las víctimas fue un mecanismo efectivo para evitar que los responsables fueran individualizados”. Todo ello basado en la “sana crítica racional” o la “íntima convicción” del juez Blanco y su secretaria Cotter...

"La Justicia se transforma en inoperante e ignora descaradamente la memoria de las víctimas, y la de sus familiares que hace ya demasiado tiempo esperan reparación" e "ignora descaradamente la lucha de los organismos de Derechos Humanos, a los que además, solicita que, como siempre, terminen haciendo el grueso del trabajo investigativo", al igual que "su propia responsabilidad de investigar", afirmaron.

Pero también "ignora descaradamente a la sociedad toda que, de esta manera, termina descubriendo la calidad de los funcionarios judiciales de este tribunal de La Plata el cual, a diez años de anuladas las leyes de impunidad, no ha logrado hacer ni mínimamente su trabajo", concluyeron.