Sumario:
1. Berni al palo, pero con discurso clásico.
2. Otoño Uriarte y Carlos Fuentealba sólo tendrán justicia en las calles.
3. Ética policial: de narcos y delincuentes.
4. Yoga “antiestrés” para los policías puntanos.
1. Berni al palo, pero con discurso clásico
Esta semana, en el programa de TN “Código Político”, el secretario de Seguridad Sergo Berni dijo, entre otras cosas: “La Policía Federal argentina es una de las más avanzadas del mundo. Pero si nosotros detenemos a una persona diez veces y al otro día está libre, ¿es nuestra la culpa? (...) Si el 95% de las personas detenidas no llegan a juicio, para la Ley son inocentes. Nosotros seguimos mejorando, incorporando tecnología y logística, hacemos todo ese esfuerzo, pero el resto de la cadena no está a la altura de las circunstancias”.
Desde que el coronel fue designado como responsable del conjunto de las fuerzas de seguridad federales, y más aún desde que está jerárquicamente subordinado a una ministra de bajísimo perfil público, uno de sus roles ha sido el de ser la voz “dura” del gobierno nacional en materia represiva. Pero esas posiciones no son exclusivamente personales, ni mucho menos originales.
Durante el menemato, Carlos Corach era el principal encargado de difundir las campañas de “ley y orden”. En 1999, durante la campaña para la gobernación bonaerense, el candidato que resultó ganador, Carlos Ruckauf, disparó su célebre “Hay que meterles bala a los ladrones”. Poca diferencia con el conteo de “delincuentes abatidos” que el actual gobernador Scioli hace desde que estrenó su “emergencia en seguridad”.
“Por mucho que haga la policía actuando bien, la justicia libera, libera. Es hora de que la justicia se ponga los pantalones largos”, dijo literalmente con el mismo calibre que Berni, el primer lenguaraz del kirchnerismo, Aníbal Fernández. Y en 2008, fue la propia presidenta Cristina Fernández la que por cadena nacional bramó: “Los policías detienen y detienen y la justicia libera y libera”. La misma semana, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aportó lo suyo, nada menos que en el coloquio empresarial de IDEA: “Los jueces deben entender que el sistema no debe ser una puerta giratoria”.
Las escandalosas excarcelaciones de policías que llegan a juicio acusados de gravísimos delitos, como homicidios y torturas, y su natural consecuencia, la anunciada profugación cuando son condenados, como ocurrió con el sargento Néstor Adrián González y el cabo 1º Martín Alexis Naredo, son muestra cabal de que, digan lo que digan, la puerta giratoria sólo funciona cuando se trata de uniformados.
En el mismo programa de TV, Berni volvió a defender a sus gendarmes saltarines e infiltrados, y no se privó de cargar contra los inmigrantes: “Tengo una lista de ciudadanos extranjeros que fueron detenidos más de 10 veces. Hay que tener coraje para firmar la orden de detención, y hay jueces que no lo tienen, y otros que no tienen ganas de trabajar”. Naturalmente, no se refiere a los empresarios extranjeros que saquean nuestro país y explotan a los trabajadores, sino a los hermanos latinoamericanos que comparten la pobreza argentina en villas y asentamientos.
Tampoco esta línea es novedosa. En enero de 1999, el ministro Corach afirmó que el 77% de los autores de delitos eran extranjeros, dato que las estadísticas oficiales desmintieron de inmediato: el porcentaje real era el 5%. Claro que, sólo en la comisaría 7ª (Once), 11.200 latinoamericanos fueron detenidos durante 1998 y 1.300 durante los primeros 25 días de 1999 sin que hubiesen cometido delito alguno. De ese total, el 98,2% fue víctima de la habitual "discrecionalidad" policial: averiguación de antecedentes o código de faltas. Sólo el 1.8% era imputado en una causa penal.
Si hoy dispusiéramos de los recursos de entonces -esas estadísticas de detenciones dejaron de publicarse poco después- seguramente obtendríamos resultados similares.
Como sus antecesores en el rol de vocero de la mano dura, Berni expresa, para la parte de la tribuna que disfruta (y vota) ese tipo de declaraciones, lo que es la política oficial de su gobierno. No es casual que en las encuestas encargadas pensando en las elecciones 2015 ya se esté midiendo su imagen positiva.
2. Otoño Uriarte y Carlos Fuentealba sólo tendrán justicia en las calles.
En vísperas del día del maestro, la jueza Ana Malvido sobreseyó a los 15 imputados en la causa "Fuentealba II", que investigaba las responsabilidades políticas e ideológicas en el asesinato de Carlos Fuentealba, ocurrida durante la represión policial, el 4 de abril de 2007, a una movilización docente en la ruta 22 a la altura de Arroyito, Neuquén.
Para la jueza, que hizo caso al planteo del Ministerio Público Fiscal y de las defensas de los imputados, no hubo ninguna responsabilidad en el asesinato, más allá del policía Darío Poblete. La medida benefició al ex secretario de Seguridad de Neuquén Raul Pascuarelli, el ex jefe de policía Carlos Salazar, el ex subjefe Moisés Soto y a otros 12 policías neuquinos que participaron de la represión.
A 7 años del asesinato, la justicia neuquina y el gobierno de Sapag sostienen la impunidad con la que actuó el ex gobernador Jorge Sobisch y cierran toda puerta que comprometa a los que comandaron y ejecutaron el ataque.
En otro punto del sur argentino, el caso de Otoño Uriarte corrió la misma suerte, el mismo circuito de la impunidad: los seis acusados por la desaparición y asesinato de la joven fueron sobreseídos, porque para la jueza Sonia Martín no hubo suficientes pruebas para enjuiciarlos.
Néstor Cau, Germán Antilaf, José Jafri, Maximiliano Lagos, Federico Saavedra y Juan Calfiqueo, todos acusados por el secuestro, violación y asesinato de Otoño en 2006, fueron beneficiados por la justicia rionegrina que deja así impune un femicidio brutal, ligado a la connivencia entre las redes de trata, la policía y el poder político.
En diferentes momentos de la causa, Roberto Uriarte, padre de Otoño, señaló las irregularidades con que se estaba llevando a cabo la investigación desde la desaparición de la chica, hasta el descubrimiento de su cuerpo asesinado. Antes de que apareciera el cuerpo de Otoño, se descubrió por una escucha telefónica que la comisaría 8ª de Choele Choel encubría y tenía fuertes vínculos con una red de trata que sometía a sus víctimas a la prostitución, facilitando documentos apócrifos para falsear identidades y edades de las jóvenes raptadas. Por otra parte, la policía rionegrina constantemente planteó hipótesis contradictorias e impidió la realización de operativos que pudieran involucrar a efectivos en la desaparición de Otoño.
La lucha continúa, siempre, en las calles, con los trabajadores de la educación en lucha y la organización de los familiares Otoño, nuestros compañeros en el ENA.
3. Ética policial: de narcos y delincuentes.
