La multitudinaria marcha por la paz (Delegación de Paz FARC - EP en La Habana)

Gentileza: Semanario Voz Colombia

Ayer (09/04) el pueblo colombiano protagonizó la más formidable marcha por la paz de Colombia. Fue una gigantesca marea blanca que multiplicó y extendió sobre todo el territorio nacional sus consignas de paz, cese bilateral de fuegos y Asamblea Nacional Constituyente.

Una multitud de más de 300 mil personas en Bogotá y más de un millón de almas en el país, encendieron en el corazón la llama de la reconciliación, y exigieron los cambios que propicien la justicia social. El mensaje de nuestro pueblo, de los excluidos y sufridos de siempre, fue claro: hervían sentimientos de concordia, y la memoria de Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo de los pobres que aún grita en las gargantas de los desposeídos, restauración moral de la República.

No importa que algunos medios hubieran pretendido distorsionar los verdaderos propósitos de la marcha por la paz, ocultando voces que pedían un Plan Nacional de Desarrollo orientado a lograr el bienestar ciudadano; o las que clamaron por el armisticio y la constituyente, porque al final, los protagonistas de la más grande demostración de respaldo a la paz nos dejaron imperecederas las imágenes del movimiento social y popular con sus pancartas y pasacalles coloridos, que le hablaban al régimen de los problemas y necesidades básicas no satisfechas, y  que requieren soluciones urgentes.

Apoteósica fue la presencia de la juventud, llena de rebeldía, con el fuego esperanzador de su audacia y de su alegría, desbocadas en las calles de Bogotá, exigiendola trasformación del país. Quedó claro, que la Colombia de los humildes, que es la Colombia de las mayorías, desea y lucha por una paz, que le dé buen vivir en libertad y dignidad.

Ese es el camino, y no el de las pugnas políticas de todo tipo que hoy pululan por doquiera, amenazando con viciar el proceso de paz. Por ello, no puede haber determinación más sabia en este momento, que librar los diálogos de La Habana del peligro que significa mezclarlos con pretensiones electorales, o hacerlos depender de los avatares del más desprestigiado sistema judicial de la región.

Precisamente, refiriéndose al Proceso de Paz, ha dicho el Presidente Santos, que la justicia es el problema. Y sí que es un problema de corrupción, de impunidad y degradación moral, que arrastra consigo la crisis de credibilidad del régimen en su conjunto. De ahí que en perspectiva, debamos, para buscar la senda de la reconciliación, trabajar más dentro de la lógica del sentido común, que dentro de los marcos jurídicos que dependen de Cortes corruptas y concepciones de transición inventadas por gentes que no conocen de nuestra realidad y nuestra historia.

Si el gobierno ha dicho que hay conflicto interno, eso significa que nuestra realidad encaja dentro de los términos indicados en el Protocolo II de los acuerdos de Ginebra, cuando consigna que es conflicto interno el enfrentamiento “entre sus fuerzas armadas (las del Estado), y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal, que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y aplicar el presente Protocolo”.

A los delincuentes comunes no se les aplica el Protocolo II de Ginebra, como a los rebeldes no se les puede dar el tratamiento que se ha diseñado para bandas criminales, ni el derecho penal del enemigo. No se pueden confundir las cosas.

Precisamente por esto fue que se creó la Comisión Histórica del Conflicto. Porque si bien ha habido conductas que pueden ser imputables dentro del esquema de la definición del Protocolo II, lo cierto es que no son las FARC las responsables de esta tragedia iniciada por las élites mezquinas que impusieron el terror para mantener sus privilegios. De ahí la necesidad de definir de manera enfática la responsabilidad del Estado, como la de sectores civiles, políticos, económicos, etc.

Los resultados de la Comisión Histórica, deben retomarse con urgencia. Esto es lo correcto, y no pretender abrir la ventana de la opinión pública manipulada, a una idea electorera y tergiversada de la “paz sin impunidad”, haciendo mera alusión a la guerrilla para someterla, sin mirar para nada a los verdaderos determinadores de la victimización, que son las élites en el poder. 

Ya es hora de exigir con vehemencia ¡que se abran los archivos!, y que se discuta de cara al país el asunto de la responsabilidad del Estado. Que se discuta sobre la responsabilidad de los gobernantes en asesinatos como el de Alfonso Cano, entre otros miles y miles de crímenes cometidos contra gente inerme o reducida en combate. O si no, ¿para qué queremos Comisión que esclarezca la verdad, o, para qué trabajó la Comisión Histórica del Conflicto? ¡ Que se abran los archivos !