Mediante un comunicado titulado "Los intereses económicos de la empresa fueron más importantes que los Derechos Humanos", la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas del siniestro acontecido el pasado miércoles en la Estación Once del Ferrocarril Sarmiento, y con las 703 personas heridas, dejando constancia del trabajo del personal médico, bomberos y policías que atendieron a las y los afectados.
No obstante, denunciaron la "pésima gestión" de TBA y las serias deficiencias de los organismos de control a nivel administrativo y judicial, teniendo en cuenta el informe de la Auditoría General de la Nación que fuese presentado en el 2008 al Congreso Nacional y a otros funcionarios del Estado.
Sostuvieron que los reclamos de las y los pasajeros por el viaje inhumano refuerzan dicho informe, además de las denuncias efectuadas por la organización con anterioridad.
Asimismo, expresaron "su consternación por la falta de firmeza de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el control de la empresa concesionaria que también advierte la Auditoria General de la Nación".
Finalizaron, exigiendo una acción judicial independiente tendiente al esclarecimiento de lo sucedido y del juzgamiento y castigo de sus responsables, como también la debida reparación a las familias y personas afectadas por parte de TBA y del Estado, afirmando que deben asumirse responsabilidades éticas y políticas, las cuales reclaman gestos acordes por parte de quienes deben asumirlas.
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