En el marco de la Jornada Nacional contra la Ley antiterrorista, una importante movilización recorrió ayer las calles de Rosario. Desde los Tribunales Provinciales, se marchó por la calle Oroño hasta los Tribunales Federales, en donde se realizó un breve acto con la lectura de un documento conjunto, cuyos ejes fueron la inmediata derogación de las leyes antiterroristas, el cese de la persecución judicial a los luchadores populares y el pedido de justicia para Jere, Patón y Mono, las víctimas del crimen de Villa Moreno.
Norma Ríos, Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, declaró: "Hay que dejar en claro que las leyes antiterroristas a lo largo y ancho del mundo son leyes del terror para los pueblos que luchan".
A la hora de plantearse la lucha por la derogación de la ley, consideró que "Nos parece que lo primero es una insistencia constante. Esto es una primer marcha, pero nosotros tenemos una preocupación muy seria que es la unidad del campo popular para enfrentar esta cuestión que, en manos de los fanáticos favorables a los gobiernos de turno, están diciendo que es para el ' terrorismo económico '. Jamás el poder va a sufrir ninguna de las consecuencias de esta ley antiterrorista. Esta ley ha sufrido un endurecimiento pero está vigente en Argentina desde el 2007 también por petición del GAFI. A nosotros no nos va a traer ningún beneficio, el poder va a seguir haciendo sus maniobras económicas y no les van a poner freno. Sí, le van a poner freno a todas las protestas. Lo vemos en estos últimos días".
En el documento consensuado entre las organizaciones movilizadas y leído al final de la marcha, se planteó que "se trata en primer lugar de una claudicación y sometimiento a la política internacional represiva de los EEUU, que exigió la sanción de esta ley como continuidad de la política abierta por el gobierno con las nefastas Leyes Antiterroristas de los años 2005 y 2007".
"En segundo lugar", continúa, "se trata de una nueva escalada en la criminalización de la protesta social, ya que se agravan las figuras correspondientes del Código Penal. A partir de ahora los trabajadores que tomen una fábrica, los desocupados que corten una ruta, o los participantes de cualquier otra lucha popular, pueden ser perseguidos como terroristas internacionales, con penas gravísimas. Y pueden incluso ser acusadas de terrorismo, las propias organizaciones populares".
Y concluye, afirmando que "Subestiman al pueblo argentino. Con el ejemplo y la memoria de los 30.000 desaparecidos, estos engendros represivos no pararán la lucha".
Fuente: Indymedia Rosario.
Fotos: Indymedia Rosario.
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