El título de esta nota es la síntesis de los diversos comunicados emitidos por las organizaciones sociales y de las declaraciones a la prensa por varios dirigentes políticos y sociales.
Pablo Micheli, Secretario General de la CTA, responsabilizó al gobierno por la tragedia ferroviaria en la Estación Once del Ferrocarril Sarmiento afirmando que “la tríada que integra el gobierno nacional, la burocracia sindical y las empresas concesionarias conforman un cóctel letal”.
Por otra parte, sostuvo que la falta de control de los subsidios que reciben las concesionarias ferroviarias por parte del Estado, la patota sindical que hace negociados en los ferrocarriles y la falta de inversiones constituyen "un triángulo mortal para los pasajeros de los trenes". Asimismo, señaló que “es una vergüenza, resulta que los muertos son siempre del mismo lado, de los trabajadores y el pueblo ¿Hasta cuándo? Las cosas no pasan por casualidad, son por causa de los irresponsables, de los que gobiernan sólo para salvarse y no cambian nada para mejor”, para dar paso al deslinde de las responsabilidades y de la clara complicidad estatal.
Con respecto a la inculpación a Marcos Antonio Córdoba, el maquinista de la formación de la tragedia anunciada, sostuvo que "quieren cortar el hilo por lo más delgado y eludir responsabilidades".
Ante las acciones y declaraciones de Juan Pablo Schiavi, Secretario de Transportes de la Nación, afirmó que ya debería haber renunciado y sostuvo que el Gobierno Nacional debe quitar las concesiones como también meter presos a funcionarios y sindicalistas "que permiten la destrucción del sistema ferroviario y que la gente viaje como ganado". Y desmintió al Ejecutivo Nacional, afirmando que la tragedia demostró la existencia de un Estado ausente.
Por último, expresó su apoyo a los familiares de las víctimas y solicitó que su resarcimiento sea abonado con los subsidios que se abonan a los empresarios ferroviarios.
El Partido Obrero sostuvo que el accidente ocurrido "condena definitivamente al régimen de las concesiones ferroviarias, que Menem puso en pie y que el kirchnerismo ha sostenido a cualquier precio" y recordaron que "durante dos décadas dilapidaron subsidios millonarios, mientras sometían a los ferrocarriles a la desinversión y la falta de mantenimiento y a los trabajadores a la precarización laboral y a la tercerización", a través de un comunicado de prensa emitido ayer.
Por otra parte, afirmó que "el triángulo corrupto de la burocracia sindical, los funcionarios y la patria contratista" fue el que permitió llegar a la tragedia y reclamó el juicio y castigo a sus responsables y su inmediato apartamiento.
COB La Brecha afirmó, mediante un comunicado de prensa, que "la tragedia en la estación de Once no constituye una casualidad ni un hecho aislado, sino que es consecuencia de años de malversación del sistema ferroviario cuyos responsables son la empresa concesionaria, el gobierno nacional y la burocracia sindical" en una clara coincidencia con la posición de la CTA y destacaron la existencia de una "asociación con fines de lucro", cuyas consecuencias son pagadas por las y los trabajadores que viajan a su trabajo en condiciones de hacinamiento, a la vez que recordaron la sucesión reciente de accidentes en los ferrocarriles.
Por otro lado, sostuvieron que la continuidad de la política ferroviaria menemista se profundizó durante la gestión kirchnerista, con una "negligencia criminal" y una falta de política para el sector ferroviario que no pueden continuar siendo negados; como también, frente al intento de culpar a los trabajadores, sostuvieron el rechazo a las acusaciones e indicaron que los responsables deben buscarse en TBA, concesionaria del Ferrocarril Sarmiento y en la política ferroviaria actual.
Asimismo, denunciaron que el Gobierno intenta escapar a sus responsabilidades mediante su presentación como parte querellante, cuando los funcionarios son los que deben ser investigados.
Concluyeron, solidarizándose con familiares y amigos cercanos de las víctimas, comprometiéndose a la lucha por el esclarecimiento del hecho y del juicio y castigo a sus responsables.
Mediante un comunicado, Convergencia Socialista afirmó que "los dueños -el grupo Cirigliano- son culpables porque no han invertido un solo peso de los millones que el estado les ha girado en concepto de subsidios" y señalaron que ellos destinaron los subsidios a la empresa Plaza de colectivos.
Asimismo, afirmó la responsabilidad gubernamental al considerar que se "profundizó la política de destrucción del ferrocarril iniciada por los militares y continuada por Alfonsín, De la Rúa y Menem", permitiendo que los grupos concentrados ganen fortunas mediante un transporte a la gente como ganado. En el mismo sentido, subrayaron la responsabilidad de la burocracia sindical, encarnada en la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y Señaleros, afirmando que fueron cómplices del levantamiento de ramales y de la tercerización del trabajo ferroviario al punto que, para defender sus negocios, asesinaron a Mariano Ferreyra.
Con respecto a las declaraciones de Hugo Moyano y de la CGT contra la continuidad de Cirigiliano como concesionario ferroviario, manifestaron que deberían convocar a un paro nacional para lograr que la concesión le sea rescindida al empresario. Por otro lado, sostuvieron que es hora de decir basta a estos atropellos y que se debe realizar un paro para exigir la inmediata reestatización de los ferrocarriles y una política de inversión real y duradera.
Mediante un comunicado, Santiago Gándara, Secretario de la AGD - UBA, manifestó que el sindicato docente se une al dolor de los familiares y amigos de las víctimas de lo ocurrido en la Estación Once, sosteniendo que no fue una tragedia ni un accidente.
Afirmó que lo sucedido "es el resultado de una política de la privatizada TBA del grupo Cirigliano que ha embolsado los subsidios sin poner un solo peso para el mantenimiento y la renovación de las formaciones" como también "de un Estado que no ha ejercido el menor control de su funcionamiento, pese a todas las denuncias presentadas y pese a otros tantos accidentes en la misma línea".
En el medio del luto, reclamó el esclarecimiento de lo acontecido y el juzgamiento de sus responsables e indicó la necesidad de la reestatización inmediata de los ferrocarriles con el control obrero y de los usuarios.
El Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho afirmó que ha "denunciado el estado calamitoso del sistema ferroviario privatizado en los años 90", como también se ha "manifestado a favor de una reestatización de los ferrocarriles" y exigiendo el fin de las concesiones en lugar de la entrega de subsidios.
Sostuvieron que "el Gobierno Nacional, auto proclamado “nacional y popular”, no solo hizo oídos sordos", indicaron, "sino que además hizo vista gorda ante el evidente deterioro de los trenes y de las vías, que en reiteradas ocasiones, los mismos trabajadores del Sarmiento han denunciando".
Por otro lado, recordaron que cuando el actual Senador Nacional Aníbal Fernández era Ministro del Interior, acusó a la organización "de prender fuego los trenes", en dos oportunidades, como también acusara al "Pollo" Sobrero, delegado ferroviario, "de boicotear y hacer descarrilar formaciones ferroviarias para ganar prensa", siendo estas acusaciones grotescas y absurdas, de las cuales tuvo que desdecirse aunque, señalaron, "nunca denunció la inoperancia, los incumplimientos y la corrupción de TBA y otros concesionarios"
Aclararon que "ningún dirigente sindical clasista", "ni ninguna organización popular y revolucionaria, destruirían su propio medio de transporte" y enfatizaron que "el tren lo usamos los pobres y los laburantes", siendo el transporte donde viajan junto a los compañeros del Oeste, y los compañeros desocupados de la CTD Aníbal Verón y del Frente Territorial 26 de Junio.
"Necesitamos ya políticas de Estado que reviertan esta situación, para terminar con las concesiones fundadas por la entrega menemista, para retomar la administración estatal con participación de la ciudadanía", afirmaron, al igual que bregaron "por un consejo administrativo integrado por los trabajadores del ferrocarril y los usuarios" y exigieron "que el Estado invierta en el transporte público" y "que no muera ninguna persona más arriba de un tren".
Concluyeron, expresando su solidaridad con los amigos y familiares de las víctimas, y exigiendo el "juicio y cárcel a TBA y sus cómplices".
Solidaridad con las víctimas, manifestó la Mesa Ejecutiva de CUBa MTR MIDO en la COD en su comunicado de prensa y enfatizaron que "mientras el gobierno prepara tarifazos y ajustes", los trabajadores y el pueblo viven con servicios deficitarios.
Finalizaron, señalando la responsabilidad del Gobierno Nacional, los empresarios y la burocracia sindical por cuanto cada uno de ellos hace su negocio propio o mira para otro lado, sin exigir las inversiones necesarias para el mejoramiento de los servicios, y se sumaron a la común exigencia de juicio y castigo a los responsables de lo ocurrido.
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