Por Fidel Rondón
El origen del alzamiento armado de los campesinos de Marquetalia en los años sesenta, tuvo un indudable origen político que se enmarca dentro de la lucha agraria frente - nacionalista y un ciclo más de la histórica violencia política en Colombia. Además de ser otro de los muchos intentos del pueblo colombiano para abrir lugares de participación democrática dentro del inmenso espacio de mezquindad y desigualdad social en que se ha desenvuelto la República, capturada por la oligarquía criolla.
Siendo la lucha guerrillera en Colombia un alzamiento armado de carácter eminentemente político, y expresión de la exclusión de los pobres y opositores al régimen para acceder a los círculos del poder regional y nacional, sus acciones, delictivas para la legalidad gobernante, son, han sido y serán, hechos políticos en su intencionalidad y por su motivación.
Encontramos así cincuenta años de lucha política de las FARC - EP. Como actores políticos en el escenario de la confrontación de clase, la guerrilla colombiana ha infringido el valor jurídico establecido buscando un fin político. Ese es el origen de esa fuerza popular nacida en la matriz campesina y convertida en acción revolucionaria, en lucha por la tierra primero, y luego, con vocación de poder y aspiración a cambiar el Gobierno.
En consecuencia, es incuestionable el accionar político y el motivo de la lucha guerrillera colombiana, y que el Delito Político pertenece a nuestra alma, a la intencionalidad del ser guerrillero fariano. El “dolo” revolucionario imputado a nosotros es confeso. Somos autores declarados de conspirar contra el Régimen Constitucional Colombiano (Rebelión y Sedición), tipificados en la juridicidad colombiana, hechos que por extensión implican delitos comunes "conexos", por haber sido cometidos para facilitar y consumar dichos delitos políticos.
Hay una validez histórica de hecho, tradicional, del Delito Político en Colombia. Sin embargo, dentro de su poder de definición, los legisladores actuales lo desconocen, las Cortes lo ignoran y el ejecutivo lo omite. Además, por lo convulsionado y violento de las disputas por el poder, por la tendencia oligárquica a excluir los eslabones más débiles de la sociedad, y por la forma particular de nuestra lucha, el dolo por razones políticas está presente en todas las acciones guerrilleras de las FARC - EP. Los guerrilleros nos reclamamos autores de cometer delitos políticos en función de la guerra irregular que libra un sector de la sociedad contra el Estado, por lo tanto somos una evidente expresión de un fin también político: ganar espacio social para construir nueva gobernabilidad y un modelo de Estado diferente al vigente.
Todo lo anterior nos lleva a cuestionar la forma internacional de la aplicación de la justicia contemporánea, donde desaparece la jurisdicción autonómica y soberana de los Estados. Al igual que con la economía globalizada, el capitalismo central crea entes y jurisprudencias, ajenos a la historia y realidad de los conflictos locales y regionales, para tratar de imponer a los pueblos sus intereses.
Siendo así, los instrumentos jurídicos aceptables para superación del actual período de confrontación social y armada, a un estado de concordia y sosiego social, tendrán que concertarse. Las fórmulas jurídicas preestablecidas e impuestas desde las Cortes Internacionales de Justicia, desconociendo la historia y geografía del conflicto, además abaladas por el Estado colombiano de forma exclusiva, no podrán ser el sustento ni la normativa a considerar para la solución del conflicto interno colombiano. Nuestro proceso hacia la consecución de la paz es sui generis, como único también es nuestro nefasto modelo de violencia.
El paso de la guerra a la paz en Colombia, cuyas bases se intentan sentar en la Mesa de La Habana, luego de lograr tres acuerdos parciales, enfrenta ahora una difícil prueba. Resarcir a las víctimas del conflicto, hacer justicia, esclarecer la verdad y garantizar la no repetición y la convivencia, encuentra el escollo impuesto a Colombia por la transnacionalización de la Justicia; dado que se pretende imponer una institucionalidad ajena a la tradición jurídica nacional, matriculándose en los entes internacionales, que de entrada crean barreras penales para la solución política del conflicto.
En consecuencia, estamos obligados a buscar salidas concertadas a partir de un nuevo derecho nacido de la solución política. Así alcanzaremos la reconciliación, como estado soberano, elevando el derecho a la paz al nivel supremo, sin el cual no es posible garantizar ningún otro derecho.
Reconocer en toda su amplitud la intencionalidad política de la insurgencia, por encima de limitadas visiones jurídicas, es la salida realista que se requiere para avanzar en la construcción del acuerdo final que cierre esta etapa imperfecta de la vida colombiana que estamos empeñados en superar.
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