La corrupción: Una tormenta en la Corte Constitucional (Resistencia Colombia)

Por Solis Almeida, integrante del Estado Mayor Central de las FARC - EP

“La justicia está sub júdice...; la verdadera justicia está más allá de las cortes venales. Por eso no aceptamos sentencias sobre paz, moduladas desde una Corte Constitucional amañada y con precio”.

FARC - EP

En el presente año, ha habido varios escándalos en Colombia que no dejan de llamar la atención del mundo, como ese de “Usted no sabe quién soy yo”, que a la final terminó siendo la afirmación arrogante de un borracho posando de personalidad al identificarse como sobrino de un expresidente, para así eludir la “autoridad” que los mismos oligarcas han erigido como base del supuesto Estado de Derecho que rige en Colombia.

Está sabido que en nuestro país, la justicia, en cuanto a instrumento punitivo, solo se le aplica a aquellas personas que no tienen influencia o enganche con el poder. Es decir, la justicia es para los de ruana. Pero en el sentido de la equidad social, este concepto si que no los cobija de ninguna manera, pues cada día la miseria y la desigualdad nos sumerge más y más en la inconformidad y el conflicto, tal como se puede ver en las protestas por tierra que vienen haciendo de manera justa los indígenas en el departamento del Cauca, contra los latifundistas de siempre, esos si protegidos por el establecimiento.

Esto que menciono es parte esencia de la quiebra institucional que padece la patria, sobre todo en la rama jurisdiccional.

Al respecto, particularmente en estos días, se le ha dado un gran despliegue en los medios de comunicación, al caso inaudito de criminalidad en el que está incurso el propio Presidente de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljud, el cual ha puesto en evidencia la podredumbre de una instancia del poder público que debiera ser un escenario de probidad. Por el contrario, hoy, sobre todos sus integrantes, hombres y mujeres de Toga y Birrete, cae un pestilente manto de señalamientos y dudas que los descalifica para impartir justicia o fallar alrededor de cualquier controversia.

Con razón, entonces, han dicho las FARC - EP que “La justicia está sub júdice”, que “una justicia transicional con ponencia del indecoroso señor Pretelt se podrá aplicar en una dimensión desconocida, pero no en nuestra sufrida patria”, agregando que “apelamos al derecho como solución, no como obstáculo”, que “la verdadera justicia está más allá de las cortes venales”, y que “por eso no aceptamos sentencias sobre paz, moduladas desde una Corte Constitucional amañada y con precio”.

Por lo general, cuando se trata de escándalos que comprometen a “honorables representantes del Estado”, la tendencia es a bajarle la temperatura, pero la situación es tán complicada, estructural podríamos decir, que no parece que esta tormenta devenida de la descomposición del régimen pueda pasar pronto. Ahora el señor Pretelt ha prendido el ventilador y parece que no quedará títere con cabeza. “No voy a renunciar a la Corte. Si me voy, nos vamos todos”, ha dicho con convencimiento. Ahora todo el país parece estar a la espera de cuál va a ser la siguiente revelación del “magistrado”. Ni siquiera que Nairo Quintana haya quedado campeón de una importante competencia ciclística en Italia ha permitido que se amaine la expectativa que causan los anuncios del caso conocido popularmente como Fidupretelt.

Y es que no es para menos, de por medio se habla de la nada despreciable suma de 500 millones de pesos que habría pedido el togado para influir en el fallo que el magistrado Mauricio Gonzales Cuervo debía proferir, respecto a una tutela que pretendía tumbar la condena que la Corte Suprema de Justicia libró contra la empresa Fidupetrol por 22.500 millones de pesos. Esta suma se debía devolver al departamento del Casanare.

Como si esto fuera poco, ahora le salen denuncias graves por despojador de tierras en la victimizada región del Urabá antioqueño. Las Organizaciones de Víctimas deberán estar muy atentas para que esgrimiendo la Ley 1.448 de Restitución de Tierras e invocando el beneficio de “tenedor de buena fe”, estos bandidos no se salgan con la suya y le hagan el quite a la responsabilidad que tienen por el despojo como crimen de lesa humanidad.

En Colombia ya ha hecho carrera que las leyes solo se aplican en favor de los de arriba y en desmedro de los de abajo. A estos, el sólo hecho de ser pobres los coloca en la situación de delincuentes; casi nunca hay juicios justos ni debido proceso. Así ocurre también con los insurgentes y los opositores de izquierda, a quienes sin garantías se les prejuzga y condena a las más largas penas en condiciones de maltrato y hacinamiento.

Tratándose de los ricos, en cambio, son muchos los casos en que la justicia los ha beneficiado con fallos que sirven de hoja de parra a la corrupción. Para los políticos de los partidos tradicionales o de familias que representan la rancia oligarquía colombiana, no hay cárceles de alta seguridad como la Tramakúa en Valledupar o la de Combita en Boyacá. Ni siquiera van a los centros penitenciarios donde llevan a los presos sociales y guerrilleros. Para los ricos, en los remotos casos en que definitivamente ya es imposible que dejen de ir a prisión, están reservados sitios cinco estrellas llamados “Casas Fiscales”, con televisión y todas las comodidades a bordo; y por supuesto, estarán lo más cerca posible de sus familias para que no les falte las visitas, pues se podrían deprimir si se les aparta de sus seres queridos. Y como es lógico, después de unos cuantos meses vacacionando lejos del mundanal ruido, salen a pagar casa por cárcel porque, según los jueces y fiscales, ellos no representan ningún riesgo para la sociedad.

Es por esto que nuestra propuesta de reforma del sistema judicial comprende la elección popular de jueces, fiscales y magistrados. Así lo hemos reiterado en la mesa de conversaciones de La Habana, para que no correspondan a cuotas de los partidos políticos y así no tengan posibilidad de actuar como marionetas del gobierno de turno.

Sin dudas, tenemos razón cuando en la Mesa de Conversaciones hemos planteado que “el tema de la jurisdicción va cayendo al abismo junto al desprestigio del Estado”, que “el actual Estado nacional colombiano enterró el principio de ius puniendi”, y que por ello “hoy más que nunca el camino para superar la crisis institucional y alcanzar la paz, es el de la Asamblea Nacional Constituyente”.