Por Carlos Antonio Lozada
Superado el escollo del tema justicia con la firma del acuerdo sobre la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, aparece en el horizonte de la Mesa el siguiente obstáculo a sortear: El paramilitarismo.
La Agenda que se discute en La Habana, compromete al Gobierno Nacional en el combate contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, la lucha contra la corrupción y la impunidad y todo tipo de organización responsable de homicidios, masacres, atentados contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, y de manera expresa con el esclarecimiento y desmantelamiento del paramilitarismo.
Al pensar en el 23 de marzo de 2016, como posible fecha para la firma del acuerdo final, la pregunta lógica que ronda en la cabeza de los guerrilleros y, en general, de todos aquellos colombianos golpeados y martirizados por estas estructuras criminales, que son millones, es si en ese corto plazo el Estado está en capacidad de cumplir estos compromisos ya firmados, sin lo cual pensar en una paz estable y duradera es apenas una quimera.
Por eso es pertinente señalar algunos elementos a tomar en cuenta al abordar este complicado asunto:
El primero tiene que ver con superar el histórico negacionismo estatal frente a la existencia del monstruo y su paternidad respecto del mismo. Es apenas lógico que, mientras no se reconozca su existencia, poco o nada se podrá actuar contra él.
El segundo, consecuente con el primero, es aceptar que dicho fenómeno no se reduce a las denominadas bandas criminales que, sin duda, existen si entendemos por esta denominación aquellos de estos grupos ligados de manera directa con el narcotráfico; para ver más allá y reconocer que el paramilitarismo es algo mucho más complejo y multidimensional que comprende, por lo menos, 3 vertientes superpuestas y estrechamente interrelacionadas en el transcurso de nuestro largo e histórico conflicto político, social y armado.
Una primera dimensión del fenómeno que pudiéramos llamar histórica, ligada al latifundismo por la forma violenta que adquirió el despojo de la tierra en Colombia desde las primeras décadas del siglo XX, a través de bandas de pájaros armados; una segunda dimensión, de orden ideológico, que tomó cuerpo en sectores de las Fuerzas Armadas y el establecimiento, bebiendo de la fuente norteamericana de la doctrina contrainsurgente de seguridad nacional y el enemigo interno en la época de la guerra fría; y una tercera dimensión, ligada al gamonalismo regional, la corrupción de los poderes locales, todos los tipos de economía ilegal que se da en los territorios y el mercenarismo a través de empresas de seguridad al servicio de compañías transnacionales y monopolios nacionales.
Por lo anterior, a nuestro modo de ver, cualquier política realmente seria que busque acabar con este flagelo, además del combate frontal a las bandas armadas, necesariamente tiene que partir de un cambio en el modelo de Estado contrainsurgente; lo que debe traducirse en medidas dirigidas a desarticular y desestimular el fenómeno en las tres dimensiones ya mencionadas.
Acabar el paramilitarismo de raíz, pasa por erradicarlo de las mentes de las élites económicas y políticas que ven, en la continuación de la guerra, una garantía para la perpetuación de sus privilegios.
Solo así, podrá haber realmente garantías de no repetición y seguridad plena para las fuerzas sociales y políticas alternativas, incluidas aquellas que surjan desde la insurgencia a los escenarios de la política abierta, para entrar a disputar con nuestras propuestas y visión de país el favor de las mayorías.
Solo así, podrá volverse realidad el sueño de la paz, la reconciliación y la reconstrucción de Colombia.
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