Torturas, vejámenes y prohibiciones por doquier son la constante en las cárceles argentinas, cuya población tiene origen en las sombras de la pobreza y en las penumbras de la indigencia. Y no pasan semanas. Tan sólo días, donde algún interno o alguna interna vive el infierno de los penitenciarios, al igual que los miembros de los organismos anticarcelarios que vienen denunciando esta cruda situación.
Según lo informado por Agencia Walsh, en la Unidad Nº 46 de San Martín fueron torturadas estudiantes de Sociología del CUSAM (Centro Universitario San Martín) al regresar de una jornada de estudio. El mismo Centro de Estudiantes Universitarios "Azucena Villaflor" presentó un hábeas corpus colectivo que se presentó ante el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1, cuya titular es la Dra. María del Carmen Rodríguez Melluso, como también solicitaron la intervención del Secretario de Ejecución Penal Juan Manuel Casolati.
Una de las internas, María Ester Sánchez Suárez, sigue siendo trasladada de Unidad con el objeto de agravar sus condiciones de detención y obstaculizar su carrera universitaria. Ella está en condición de rendir los exámenes finales y sus compañeras solicitaron su regreso al Complejo Conurbano Norte para que pueda hacerlo. Sin embargo, el Servicio Penitenciario Bonaerense continúa con su habitual desobediencia a los mandatos judiciales y ejecutando su plan siniestro de torturas físicas y psicológicas contra las estudiantes.
En la Unidad Nº 47 de la misma localidad bonaerense, la situación no es mucho mejor. La Agrupación Universitaria "Ernesto Che Guevara" denunció la existencia de violencia en el Pabellón Nº 9, destinada a menores adultos. Esta vez, fue la venta de un par de zapatillas a cambio de drogas. El dueño de dicho calzado notó su ausencia y pronto la violencia caló hondo en el patio de recreo. ¿La autoridad penitenciaria?. Bien, gracias... Como siempre ocurre, la represión se impuso con un saldo de internos heridos que, a falta de ambulancia, debieron ser trasladados al Hospital Bocalandro en un furgón Fiorino.
¿Desidia? ¿Funcionarios penitenciarios con impunidad judicial?. Pareciera que todo vale en San Martín, pese a las denuncias que se efectúan.
En Corrientes, las prohibiciones están a la orden del día. Tras la prolífica actividad de la Red Provincial de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Seguridad y el Servicio Penitenciario correntino prohibieron el ingreso de los miembros de esta organización a sus cárceles. El detonante fue un ayuno de los internos del penal de San Cayetano para solicitar la agilización de las causas judiciales y condiciones dignas de detención. Anteriormente, la represión se descargó con fuerza sobre los menores alojados en los pabellones de la unidad carcelaria mencionada.
La organización de Derechos Humanos denunció estos hechos, por intermedio de Hilda Presman, lo cual fue calificado como un "infundio" por Luis Bravo, Subsecretario de Seguridad provincial mientras que el Comisario Domínguez, Jefe de los penitenciarios correntinos acusó en ese mismo contexto a la Red y a la militante comprometida con los derechos de los internos.
Con respecto a este caso, la Agencia Walsh solicitó a las y los compañeros que exijan el cese de la prohibición al mencionado funcionario provincial, cuyo correo electrónico es subgobyjustmingob@corrientes.gov.ar
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