Mediante un comunicado, la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, junto a las y los trabajadores de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y otras organizaciones sociales, informaron que hoy realizarán, desde las 10.00 hs., una radio abierta en Plaza Moreno, frente a la Municipalidad de La Plata, donde concentrarán con el fin de movilizarse al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia a partir de las 10.30 hs.
Afirmaron que se encuentran en lucha para que se implementen políticas públicas concretas para la niñez y adolescencia de la provincia, teniendo en cuenta lo que acontece con los programas y hogares oficiales por cuanto de las 106 instituciones estatales, solamente 12 de ellas recibieron el pago de la última caja chica del 2011. Asimismo, destacaron que algunas solamente han percibido cuatro en todo el año pasado. Sostuvieron que ello lleva a limitar la atención que se brinda a niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, con respecto a la situación de hogares y centros de día gestionados por organizaciones no gubernamentales, afirmaron que la Secretaría de Niñez y Adolescencia provincial, cuyo titular es Pablo Navarro, no pagó las becas correspondientes al primer bimestre del corriente año a más de 600 instituciones, de acuerdo a lo informado por la Red de Hogares y Centros de Días de la Provincia de Buenos Aires (REDBA), cuando los convenios establecen que deben abonarse por adelantado.
Destacaron que, durante el año pasado, 35 de estas instituciones no recibieron becas, mientras que más de 200 aún no percibieron el 6º bimestre del 2011. Ello ha provocado el cierre de 20 hogares de toda la provincia en los últimos cuatro meses, dejando sin asistencia a 400 niños y niñas aproximadamente, los cuales "son borrados de las estadísticas, desaparecidos, abandonados por el Estado sin ninguna clase de consideración", según afirmaron.
Con respecto al Programa Envión, el que se desarrolla en 135 municipios de la provincia como política de inclusión social y en cumplimiento de la Ley Nº 13.298, afirmaron la existencia de irregularidades en el pago de salarios del equipo técnico y becas de las y los tutores y de las y los pibes, despidos injustificados, amenazas de recorte salarial y una constante persecución a los trabajadores desde octubre del año pasado.
Destacaron que el financiamiento de dicho programa está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social provincial, quien luego lo terceriza a los municipios. Por ello, las y los trabajadores tuvieron que ser atendidos por Mónica Capellini, quien no tuvo respuestas frente a los interrogantes que se presentaron durante la reunión realizada en diciembre de 2011 aunque ello forzó el pago de salarios adeudados.
No obstante, el 16 de febrero de 2012 se movilizaron a las puertas de la cartera con el objetivo de obtener respuestas serias y concretas. Si bien fueron recibidos por Pablo Pernicone, Jefe de Gabinete del Ministerio, tampoco supo dar respuestas a los planteos de las y los trabajadores, no asumiendo responsabilidad por las y los trabajadores despedidos, las malas condiciones de trabajo que se mantienen, y agudizan, y el constante atraso de salarios en varios municipios.
Denunciaron que las y los “tutores”, trabajadores centrales del programa, "no son reconocidos por las autoridades como tales, sino como ' jóvenes que tienen vocación de trabajo para acompañar a otros jóvenes ' ", percibiendo su salario mediante la tarjeta de beca (plan social), "sin tener aportes de ningún tipo ni recibo de sueldo", según afirmaron.
En La Plata, según informaron, el programa “supuestamente beneficia” a cerca de 500 chicos y chicas. En agosto del año pasado se implementó el primer Envión en dicha ciudad y recién a fin de año, los equipos técnicos pudieron cobrar los cinco meses trabajados, sostuvieron. Por otro lado, este año se abrieron dos sedes nuevas pero el municipio no garantizó los materiales necesarios para desarrollar los talleres ni los sueldos de los talleristas, quienes trabajaron sin contrato entre septiembre y diciembre "y jamás se les pagó", denunciaron. Sin embargo, el convenio estipula que el municipio debe garantizar las viandas para el alimento de los “becados”, pero ellas nunca existieron.
En la actualidad, las tres sedes del programa funcionan sin talleristas, debiendo hacerse cargo los equipos técnicos de los talleres y ello impide que puedan cumplir con su principal labor, la de generar y acompañar procesos de fortalecimiento de las y los jóvenes.
Situaciones similares se dan con los servicios locales, unidades técnico operativas en distintos barrios que tienen por objetivo facilitar a niños y niñas el acceso a los programas y planes disponibles en la comunidad, los cuales son vaciados. Desde comienzos del corriente año, fueron despedidos o tuvieron que renunciar cerca de 15 trabajadores, al igual que la Jefa de dichos servicios.
Afirmaron que existen, en La Plata, ocho Servicios Locales; algunos de los cuales, funcionan sin equipo técnico, sin recursos, con trabajadores sin contrato y, como ocurre en Los Hornos, hasta con un solo operador. Sostuvieron que la decisión de Pablo Bruera es volver a la situación del 2008, cuando no existía ningún servicio local, pues el intendente dió la orden de echar a los trabajadores y trabajadoras pero no de reemplazarlos, dejando al borde del cierre a dichos servicios abiertos en estos cuatro años.
"Quienes luchamos durante años por la sanción de la ley 13.298 ' De la Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia ', a casi cinco años de su puesta en vigencia, todavía nos encontramos exigiendo su plena implementación y financiamiento", afirmaron.
Según denunciaron, "los Derechos Humanos y los de los niños y niñas como tales son progresivos, ya que cuando un derecho se adquiere no se lo puede quitar" pero señalaron que se está llevando a cabo una política regresiva, la cual "se evidencia en el vaciamiento y desfinanciamiento de los Hogares, Centros de Día y Programas, y en la precarización y desarticulación de los trabajadores y trabajadoras", afirmaron.
Por otra parte, afirmaron que "entendemos que el proceso de desmantelamiento de los servicios efectores del Sistema de Promoción y Protección ha venido de la mano de medidas que refuerzan la función represiva del Estado, con lo cual aumenta la judicialización de la niñez pobre y su persecución" y señalaron que, "de este modo, se refuerza la criminalización a partir de la creación de proyectos punitivos a nivel nacional como la baja de la edad de imputabilidad; la implementación de las Patrullas Juveniles en La Plata; las prácticas continuas de abuso y maltrato por parte de la policía en la calle y en las comisarías; el armado de causas y la utilización de los chicos y las chicas para delinquir", siendo una muestra evidente de la impunidad policial, judicial y política lo acontecido con Luciano Arruga, quien "aún hoy continúa desaparecido y la causa judicial no avanza", indicaron.
Señalaron "que la actual política de niñez y adolescencia del gobierno de Daniel Scioli fue parida en el marco de su estrategia represiva". La gestión del secretario Pablo Navarro destrozó, en forma sistemática, las políticas de promoción y protección en favor de propuestas de encierro e indicaron que los niños, niñas y adolescentes son relegados a "las cárceles para niños", viejos institutos rebautizados como “centros”, los cuales son lugares que no promocionan la vida.
En este sentido, recordaron que, en 2008, "el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus por el cual un juez dictó la clausura de dos pabellones en el Centro de Recepción de La Plata", por considerarlos como verdaderas “jaulas humanas” e indicaron que, tres años después, dicho Centro continuaba en las mismas condiciones pues, en noviembre de 2011, Julián Axat, Defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debió presentar una nueva acción judicial destinada a "la relocalización de los adolescentes, al constatar la superpoblación; los encierros prolongados, colchones sobre el piso, problemas sanitarios, falta de recreación, la mezcla de chicos alojados permanentemente con chicos que están en tránsito, entre varios abusos más a sus derechos". Asimismo, informaron que, "hace apenas dos meses, el Defensor Ricardo Berenguer presentó un habeas corpus reclamando la clausura de ingresos al instituto Almafuerte, denunciando las condiciones de detención de los jóvenes: encierros de hasta 20 horas, en celdas de 2 metros por 3, la falta de trabajo y recreación, la falta de atención sanitaria y la medicalización excesiva", lo cual fue tomado por la jueza Blanca Lasca, quien "procedió a clausurar los ingresos al instituto y fijó multas contra el Secretario Pablo Navarro".
Finalizaron, exigiendo el cese del vaciamiento de las políticas de niñez y adolescencia, y de la política de Derechos Humanos, el pleno financiamiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, condiciones dignas de trabajo, el pase a planta permanente de la Provincia de Buenos Aires a todxs lxs trabajadorxs precarizadxs, un inmediato aumento salarial; la debida infraestructura, recursos y materiales, para garantizar el trabajo con los chicos y las chicas; el cese de las persecuciones, la reincorporación de los compañeros y compañeras despedidos por organizarse y luchar; la transparencia en la circulación de fondos, desde la provincia hacia los municipios; el pago y aumento en las becas que reciben Hogares y Centros de día conveniados y una compensación por los meses atrasados; el pago y regularización de las cajas chicas a programas y hogares oficiales.
Ello fue suscripto y denunciado por los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Bueno Aires; la Asociación de Personal con Funciones Jerárquicas de la Provincia de Buenos Aires; las y los trabajadores del Programa Envión, con el apoyo de ATE; la Red de Hogares y Centros de Días de la Provincia de Buenos Aires (REDBA), el Hogar Don Bosco; el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable - Obra del Padre Cajade; la Revista La Pulseada, el CTD - Anibal Verón; la Asamblea de Madres de Puente de Fierro; la Olla Popular de Plaza San Martín, la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, el Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP), la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina - COMPA (Colectivo Garabatos, Frente Popular Darío Santillán, Atrapamuros: Colectivo de Educación Popular en Cárceles), el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, la Organización María Claudia Falcone, la Murga Alegre Rebelión, la Juegoteca Ambulante Caracol Bababundo y la Asociación Miguel Bru.
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