El próximo miércoles, a las 17.00 hs., la AGD - UBA será recibida por las Comisiones de Educación, Legislación del Trabajo y Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados con la finalidad de denunciar la crítica situación por la cual atraviesan casi 1.000 docentes de la UBA que cumplieron 65 años y a quienes el Rectorado pretende cesantear a partir del 31 del corriente.
En las últimas semanas, tras entrevistarse con los Diputados Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Trabajo, Víctor De Genaro, vicepresidente, y Adriana Puiggrós, presidenta de la Comisión de Educación, dichas comisiones resolvieron convocar al sindicato docente universitario para que exponga la gravísima situación de los docentes afectados.
Asimismo, convocaron a todos los docentes y en particular, a los afectados a acompañar a la delegación gremial al Congreso Nacional, concentrando en la puerta del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación.
Mediante un comunicado de prensa, recordaron que, en el 2009, los docentes universitarios de todo el país conquistaron la ley de jubilación del 82% móvil, consagrando el derecho a optar por permanecer, tras cumplir los 65 años, otros cinco años más para completar los aportes jubilatorios. Según afirmaron, dicha norma se aplica en todas las universidades nacionales, aunque el Rectorado de la UBA se niega a hacerlo, disponiendo vulnerarla mediante una resolución con la finalidad de cesantear a partir de abril a cerca de 1000 docentes; de los cuales, 300 ni siquiera pueden acceder a la jubilación.
Sostuvieron que "frente a este atropello que intenta dejar en la calle a quienes dedicaron su vida a la docencia y la investigación", el gremio viene realizando, desde el año pasado, "una campaña sistemática de denuncia y movilización con petitorios", junto a la conformación de una comisión con los docentes afectados. Asimismo, los dirigentes gremiales mantuvieron reuniones con las autoridades de la UBA, como también presentaron proyectos en los Consejos Directivos de cada Facultad para reclamar la derogación de la resolución, al igual que un amparo colectivo y casi 50 amparos individuales junto a una acción declarativa de inconstitucionalidad en la Cámara del Trabajo.
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