Una delegación de 30 docentes que integran la Comisión de Afectados, junto al Secretario General, Santiago Gándara, de DD. HH., Néstor Correa, y el abogado Dr. Luciano González de la AGD - UBA se reunió ayer con los presidentes de la Comisíón de Educación, diputada Adriana Puiggrós, y de la Comisión de Previsión Social, diputado Juan Carlos Díaz Roig, junto con otros representantes de dichas comisiones parlamentarias, con el fin de plantear la situación acerca de 1000 docentes de la UBA a quienes el Rectorado y el Consejo Superior amenazan con la cesantía a partir del último día de este mes, mediante una resolución que pretende "reglamentar" una ley nacional.
Según informó el gremio docente, los presidentes de ambas comisiones receptaron nuestros reclamos y, en conjunto, se acordó que ellos soliciten una entrevista con los ministros de Educación y de Trabajo para los próximos días, en la cual participarían los representantes gremiales. No obstante, ambos presidentes manifestaron que se reunirán con la Presidencia de la Comisión de Trabajo con la finalidad de coordinar las próximas acciones.
Por otra parte, informaron que la AGD se hizo presente en la primera sesión del año del Consejo Superior y solicitó tener la palabra con el objeto de denunciar al pleno las cesantías y proponer que los consejeros debatan sobre esta gravísima situación y resuelvan la suspensión de todas las cesantías, como también denunciar el agravio y el maltrato que sufren nuestros compañeros, al enterarse de su cesantía al no encontrar su salario en el cajero, al descubrir que su materia no está ofertada o al recibir una comunicación burocrática que, tras haber enseñado e investigado por más de veinte años en la Universidad, les notifica que se quedan afuera, pese a que los asiste el derecho de la ley jubilatoria. Sin embargo, nada pudo hacerse ante el voto mayoritario en dicho organismo estatutario de la UBA que se pronunció por impedir la intervención gremial con la finalidad de evitar escuchar la voz y los reclamos de las y los docentes afectados.
Recordamos que la Resolución 2067 del Rectorado de la UBA implica la vulneración de una ley nacional (la de jubilación de los docentes universitarios de 82% móvil), siendo la UBA la única universidad del país que desconoce el derecho de los docentes a permanecer en el cargo hasta cinco años más tras cumplir 65 años; que se deja completamente desamparados a los docentes que no pueden completar sus aportes para poder jubilarse, como también que un número importante de dichos docentes, de ser cesanteados, ni siquiera podrían acceder al sistema jubilatorio ordinario y además, al impedir el derecho a opción a quienes quieran ejercerlo, cercena la actividad académica de numerosos docentes en su etapa más creativa, y a la Universidad de sus saberes.
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