Durante el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo a su cargo casos resonantes para nuestro país; entre ellos, el concerniente a Sebastián Furlan, quien sufrió un accidente a los 14 años tras colgarse de un travesaño que se encontraba en una pista de infantería abandonada, perteneciente al Ejército Argentino, cuya caída le ocasionó daños cerebrales irreversibles.
El hecho ocurrió en 1988 y recién en 1991, se dictó la sentencia que indemnizaba al menor aunque "no fue efectiva y generó la desprotección judicial del mismo, por cuanto las autoridades administrativas nunca tuvieron bajo consideración que, al aplicarse la modalidad de pago establecida en la Ley 23.982 de 1991", la indemnización disminuiría en forma excesiva y en consecuencia, ello provocó que no se pudiera realizar una adecuada rehabilitación y mejores condiciones de vida de acuerdo con la discapacidad adquirida por el accidente, sostuvo el fallo de la CIDH.
El organismo interamericano de Derechos Humanos afirmó que existió una "falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades judiciales argentinas, quienes habrían incurrido en una demora excesiva en la resolución de una acción civil contra el Estado, de cuya respuesta dependía el tratamiento médico de la víctima, en su condición de niño con discapacidad”.
Tuvieron que pasar 13 años para el dictado de un fallo definitivo, pero recién el año pasado fue condenado el Estado Nacional por la CIDH.
Fuente: Diario Judicial.
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