Según plantean varios militantes con discapacidad, es poco probable que prospere cualquier tipo de reclamo vinculado con el transporte gratuito de las personas integrantes del colectivo por cuanto Mario Decara, el actual Defensor del Pueblo de la provincia, es uno de los dueños de la empresa de transportes Lumasa, la que cubre la mayor cantidad de recorridos tiene dentro de la provincia.
Por otra parte, denunciaron que generalmente las cuestiones que los atañen son derivadas al área de salud y suelen responder, ante los reclamos por los pasajes, que "ellos no se hacían cargo de esa problemática existiendo el ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos)"
Destacaron que la CNRT interviene en los casos de viaje de larga distancia, en contraste con el ERSEP, cuyos funcionarios no dan lugar a los reclamos del colectivo.
Un detalle significativo fue la designación de dicho funcionario como Jefe de Personal de la empresa Flecha Bus en Córdoba, en julio del año pasado, lo cual es incompatible con su actual función. Al poco tiempo de asumir, cesanteó a 11 empleados pero pudo más la lucha gremial.
No podemos olvidar que dicha empresa es una de las que monopolizan el transporte de media y larga distancia en nuestro país y que habitualmente suele poner obstáculos a la hora de expedir pasajes para las personas con discapacidad.
Mario Decara llegó a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, después de una larga carrera política iniciada en 1983 como Intendente de Huerta Grande, como resultado de oscuras maniobras políticas tras una escandalosa sesión en la cual se dió una polémica interpretación del art. 124 de la Constitución provincial.
A las pocas horas de haber asumido, se lo vinculó con el estudio del abogado Guillermo Piñeiro, involucrado en la Megacausa del Registro de la Propiedad. Si bien había afirmado en un programa televisivo que “no lo conozco. No me ata nada con él. Esto es carne podrida”, a las pocas horas tuvo que reconocer que “lo conozco como habitual cliente de mi hotel en Villa Giardino, pero de manera directa no tengo nada que ver con él ni con ningún municipio”.
Actualmente, afronta acciones judiciales iniciadas por el empresario Franco Runca, un ex socio de dicho establecimiento, derivadas de la compra de dicho hotel que, según declaró el funcionario, tiene un valor de $ 147.000 aunque se estima que es de U$S 5.000.000.
Sin dudas, es un oscuro funcionario para la defensa de los derechos del pueblo. Eso sí, coherente con los postulados derechistas de De la Sota, a quien poco le importan los pobres y menos aún, las personas con discapacidad.
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