El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad rechazó la queja interpuesta por el gobierno macrista contra un fallo de primera instancia que ordenaba un incremento del subsidio alimentario del Programa Ciudadanía Porteña a una mujer de 64 años, cuyas necesidades alimentarias fueron determinadas por los profesionales en nutrición del Hospital Durand.
El fallo afirmó que resulta "irrazonable" el reconocimiento de las necesidades de la mujer para, luego, negarle la asistencia económica por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Por otro lado, sostuvo que la existencia de reclamos similares en materia alimentaria, argumento del gobierno macrista, es el indicio de la ineficiencia estatal y consideró al reclamo de la mujer, como un "consecuente ejercicio del derecho fundamental al acceso a la tutela judicial efectiva" debido a su vulnerabilidad.
La mujer, quien se encuentra en situación de vulnerabilidad, había iniciado una acción de amparo al negársele el incremento del subsidio establecido en $ 121, por cuanto dicho monto era insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias de acuerdo a las prescripciones médicas.
Si bien el fallo de primera instancia dispuso que el Gobierno de la Ciudad "proporcione a la actora la suma de dinero necesaria para adquirir los alimentos adecuados para sus necesidades alimentarias”, a la vez que declaró la inconstitucionalidad del art. 8º de la Ley Nº 1878, el que fija un monto de subsidio, el Ejecutivo porteño elevó un recurso de queja al Alto Tribunal capitalino mediante la argumentación que dicha sentencia importaba gravedad institucional, en virtud de los múltiples requerimientos judiciales a la Ciudad en este mismo sentido y alegando que atentaba contra la Ley de Presupuesto, contra los recursos, su distribución, y las innumerables cuestiones sociales que debe afrontar la Administración Local, según refirió Diario Judicial.
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