Por Ricardo Téllez
El lanzamiento, en La Habana, el 23 de septiembre, del acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, construido por las partes y presentando al pueblo de Colombia y al mundo, en acto que contó con la presencia de los Presidentes Juan Manuel Santos y Raúl Castro y del Comandante de las FARC - EP, Timoleón Jiménez; es el más grande logro, del proceso de paz alcanzado hasta el momento.
Dicha Jurisdicción, acerca la solución de uno de los principales motivos de discrepancia entre el gobierno y la insurgencia.
Por más de un año el tema justicia se convirtió en una muralla infranqueable, un laberinto sin salida que presagiaba el fracaso rotundo del proceso de Paz; al cual alegremente le apostaron sus acérrimos enemigos.
Para decepción de los anteriores, cinco colombianos y un estadounidense, de mente abierta, desprejuiciados, con sentido común; que entendieron que el derecho debe estar al servicio de la Paz y no en trabarla; lograron, en prolongadas jornadas de trabajo y tiempo récord; producir y aprobar lo que el ex fiscal de la CPI, Luís Moreno Ocampo, definió como una verdadera obra de arte.
Es ni más ni menos desarrollo y creación positiva de nuevo derecho que a su vez permite a un país, como el nuestro, afectado por una guerra de más de 60 años; hacerse a herramientas jurídicas para enfrentar retos descomunales que coloquen efectivamente, en el centro de atención del acuerdo; a las víctimas ocasionadas en medio y como producto del conflicto armado.
Con lo acordado se garantiza el reconocimiento de responsabilidad y el máximo de verdad posible. Todos, absolutamente todos, quienes de una u otra manera, hayan participado, de cualquier forma, en el conflicto interno tienen la obligación de aportar toda la verdad sobre lo sucedido en los casos que se les imputen o se presume hayan estado inmersos.
Sin aportar la verdad nadie puede esperar recibir beneficios, ni podrán escapar a la acción de la justicia ordinaria que será la encargada de definir la situación jurídica de quienes evadan el sistema que se propone. Lo seguro es que no habrá manto de impunidad para nadie.
Ocurre que, en la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia punitiva queda relegada, se ve obligada abrir paso a la forma restaurativa, la cual tendrá que contar con el beneplácito de las víctimas, puesto que el objetivo central es resarcirlas de la mejor y más completa manera por los daños que les fueron infligidos.
La retaliación o la venganza no están ni en la letra, ni el espíritu de lo acordado y no queda ningún espacio para ellas.
Para garantizar la no repetición del conflicto armado y lo que de él se desprendió durante el desenvolvimiento y prolongación, se toman las previsiones necesarias que se complementarán con lo que se acuerde en el punto 3 del Acuerdo General, Fin del Conflicto, que está en discusión.
La afirmación de algunos sectores interesados en cuanto que el acuerdo rompe el ordenamiento jurídico existente, es mentirosa y mal intencionada.
Por el contrario, además de respetar ese ordenamiento, el acuerdo cumple con los estándares internacionales vigentes. Esto, desde luego, fastidia a mucha gente la cual desearía que la CPI interviniera en Colombia.
La Jurisdicción Especial para la Paz, como su nombre lo indica, es un mecanismo transitorio acordado entre las partes para hacerle frente a los retos de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición.
Salir del atolladero no fue fácil. Lo que parecía imposible hace unos meses, hoy no lo es.
Para orgullo de Colombia y sus gentes, ya nació uno de los mecanismos que nos permitirían con rapidez frenar la guerra, acercar la firma del acuerdo final y nos permite soñar en cómo comenzar la construcción de la paz.
El acuerdo alcanzado no deja vencedores ni vencidos. Gana Colombia. Gana el proceso. Gana la paz.
La victoria en la batalla jurídica es de todos y a todos sirve, menos a quienes siempre pretendieron continuar en la impunidad.
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