Por Marco León Calarcá
Sentimientos y posiciones políticas aparte, es hora de construir la Paz. Esa es ni más ni menos, la responsabilidad de la Mesa de Conversaciones y por eso es merecedora de toda la solidaridad.
Reconocer esa realidad, los 51 años de confrontación armada, en esta última etapa, el convencimiento guerrillero que la guerra no puede ser el destino de Colombia como lo proclamaba el inolvidable comandante Jacobo Arenas y la decisión plasmada en el primer documento oficial de las FARC - EP, el Programa Agrario de los Guerrilleros, que muestra con claridad el objetivo revolucionario siguiendo el camino posible, el armado que impusieron con el ataque a Marquetalia o el pacífico si existen las condiciones.
El establecimiento y sobre todo las transnacionales imperiales necesitan la paz, no con fines nobles ni pensando en el bienestar social, requieren garantizar la explotación de los recursos mineros y energéticos ubicados en áreas de fuerte presencia guerrillera al igual que las tierras necesarias para el desarrollo de los megaproyectos agroindustriales dirigidos a producir agro-combustibles.
El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 26 de agosto de 2012 permitió el inicio público de los diálogos de paz en La Habana y se basa en la bilateralidad, es decir obligaciones y deberes de las partes firmantes, el Gobierno nacional y las FARC - EP.
Al no haber vencedores ni vencidos, nos encontramos en un diálogo entre partes iguales, signado por la búsqueda de acuerdos en los diferentes puntos y aspectos. Por tanto todos los intentos de imposición, de unilateralidad, deben considerarse ataques a La Mesa de Conversaciones. Esos son, ni más ni menos, entre otros, el Marco Jurídico para la Paz, el Referendo al cual no le acaban de encontrar acomodo, el Comando de Transición y la promovida justicia transicional.
Desde sectores de la derecha y su extrema se vocifera contra la Mesa de Conversaciones, se sindica al gobierno santista de entregar el país a la guerrilla, al terrorismo, solo ven posible un proceso de sometimiento. Igual, fracciones que se autoproclaman de izquierda acusan a la insurgencia de entregar principios y traicionar al pueblo por comprometerse con los diálogos. En medio, la mayoría que trabaja por la paz.
La discusión no es por legalidad y legitimidad, en ese campo nunca habrá acuerdo, pues nos separa la concepción ideo política.
Oímos, leemos, vemos la perorata de las encuestas que rechazan cualquier acuerdo en pie de igualdad, porque “el pueblo colombiano no acepta que la guerrilla desarrolló una lucha con política, son bandidos”, lo que nunca se aclara y es conocido por los pobres de la tierra, esa inmensa mayoría nacional, es que dichas afirmaciones proceden del deseo de las minorías enriquecidas a costillas del pueblo.
Tampoco nunca dicen ni reflejan la realidad de millones y millones de habitantes de Colombia, hombres y mujeres inconformes con la situación económica, política, social, cultural y medioambiental del país, gente que resiste valerosamente y lucha por sus ideales y diversas reivindicaciones que acerquen a un cambio para disfrutar de vida digna producto del trabajo, educación y salud, vivienda decente y orgullo patrio por soberanía e independencia, sin abandonar, ni olvidar los objetivos revolucionarios.
Corresponde encauzar las fuerzas sociales y unirlas en un solo torrente hacia los necesarios cambios estructurales que posibiliten la paz con justicia social, tejer, enlazar, puentear todos los esfuerzos populares nos conduce a los objetivos democráticos, pacificadores y soberanos. Las diversas maneras de expresión, la creatividad y el poder transformador lo hacen posible. Los esfuerzos por invisibilizarlas continuarán, es parte de la lucha.
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