La Acampada Barcelona, a través del sitio web www.aturemelparlament.info, informó sobre las promesas electorales y la realidad que se vive en Cataluña, mediante un informe sobre salud, educación y servicios sociales a la luz del tratamiento del Presupuesto 2011 que tendrá lugar hoy en el parlamento catalán.
En materia de salud pública, prometieron mejorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, la implementación de un "sistema de salud basado en la universalidad, el acceso a una asistencia de calidad, la equidad y la solidaridad", la garantía de los recursos económicos destinados al sistema sanitario, la reducción de las listas de espera y la mejoría de la puntualidad en las visitas y prácticas médicas.
La realidad expresada en el Presupuesto 2011, implica un recorte de unos 900 millones de euros, 10 % menos que el año pasado que es equivalente a la del año 2007. Dicha reducción presupuestaria provocará la reducción del 10 % del personal en la salud pública; un recorte del gasto en un 6,5 %, estimado en 621 millones de euros, el "cierre de múltiples quirófanos y retraso de operaciones", la "eliminación de cientos de camas" en forma permanente y el "alargamiento" de las listas de espera.
Con respecto a lo educativo, prometieron el incremento del rendimiento de las y los alumnos a través de la reducción de la deserción escolar y alcanzar, "como mínimo, los estándares europeos y de la OCDE"; poner la escuela y los institutos "en el centro del sistema educativo", procurando "los instrumentos necesarios para su calidad" con el fin de "mejorar la igualdad de oportunidades y la equidad", y asegurando la movilidad social; la actualización de la formación de "los profesionales de apoyo de los servicios educativos", asegurando la formación inicial de los docentes, al igual que la contínua; el impulso de "la innovación, la investigación, el desarrollo y la creación de nuevo conocimiento en el ámbito educativo", en forma gradual y planificada, para "permitir que Cataluña recupere el liderazgo pedagógico que la ha caracterizado y el ordenamiento de "la intervención y la presencia del profesorado externo" en los centros, con una clara delimitación de funciones y su dedicación horaria.
La realidad refuta claramente las promesas, pues el recorte presupuestario será de un 7 %; de los cuales, entre el 20 y el 35 % afectará a los centros educativos, añadiéndose "a los recortes del 42 %" que se fueron acumulando durante los últimos tres años, comprometiendo su funcionamiento normal y afectando gravemente a los puestos de trabajo directos o indirectos, como también la paralización de "las nuevas construcciones de centros, manteniendo un nivel muy alto de aulas prefabricadas".
Asimismo, se advierte "la supresión de cientos de profesionales en los centros docentes y servicios educativos", pese al incremento del número de alumnos, lo que constituirá un importante aumento de la carga horaria de las y los docentes que redundará en un empeoramiento del sistema educativo primario y secundario. Con anterioridad, "se han aplicado recortes salariales", según afirmaron, que implican una pérdida del poder adquisitivo superior al 8,5 %, como también se produjeron numerosos despidos de personal interino y suplente, traslados forzosos y "la falta total de cobertura" de las suplencias por enfermedad u otras circunstancias de docentes y administrativos.
Afirmaron que el proyecto presupuestario prevee introducir el arancelamiento a "las y los estudiantes de Formación Profesional pública, siendo ésta el camino para la profesionalización de los jóvenes con la finalidad de obtener un trabajo. Recordamos que la juventud sufre cerca de un desempleo del 50 %. Recordaron, por otro lado, que el Consejero de Economía anunció "la posibilidad de privatizar diversos servicios públicos" y en particular, los referidos a la educación pública.
Cabe destacar que el total del gasto público en becas y ayudas para el estudio universitario siempre fue inferior al resto de los países de la OCDE: un 0,08 español frente al 0,25. Los recortes propuestos suponen una reducción de estas ayudas hasta un 50 %. Lo mismo acontecerá con "los centros de primaria y secundaria", donde oscilará entre el 20 % y 30 %, alcanzando, junto a las anteriores, el 42 % como también se dispondrá de "un aumento del 7,6 %" en el precio de la matrícula universitaria, constituyendo "el mayor incremento de los diez últimos años"
Con los recortes, se prevee "la imposibilidad de cumplir con el ratio de alumnos por aula" que recomiendan los acuerdos europeos o los indicadores de la OCDE, mientras que el aumento de los aranceles "de las matrículas de máster" provocará que la "formación permanente del profesorado en activo sea una quimera", según afirmaron.
La reducción del personal de investigación en las universidades catalanas y el recorte en becas y ayudas a la investigación, causarán más temprano que tarde "el estancamiento de la innovación y desarrollo pedagógico en Cataluña". Por otro lado, la propuesta oficial contempla la reducción de personal y una nueva rebaja del 8 % en los sueldos docentes, como también se incrementará la carga horaria para suplir la falta de docentes.
Con respecto a los servicios sociales, la clase política prometió luchar contra la pobreza, porque "una sociedad del bienestar no puede admitir pasivamente la existencia de segmentos sociales excluidos", debiendo la ciudadanía que tener "que vivir con la tranquilidad de saber que su país nunca los girará la espalda, que nunca se olvidará de nadie"; incrementar las ayudas a las familias con hijos, desde el monto a otorgar a los años durante los cuales se percibirán; la promoción de los servicios de apoyo (de respiro), para la atención de personas dependientes o con discapacidad en el seno familiar y la prioridad en la atención y protección de las víctimas de la delincuencia o de violencia de género, promoviendo "una atención especializada".
No obstante, dichos propósitos se contraponen con la reducción presupuestaria del Departamento de Bienestar Social y Familia en un 4,6 %, con respecto al año 2010; del presupuesto de la Dirección General para la Inmigración en un 9 %; de lo concerniente a cooperación y desarrollo en un 80 %, con relación a lo aprobado para el año 2010; de la Secretaría de Familia en un 74 %, como también la "eliminación de la universalidad de las ayudas para familias con hijos menores de tres años"; la "exclusión de las familias con rentas superiores a 8.000 euros anuales y de las familias de origen inmigrante con menos de cinco años de residencia en Cataluña; la "supresión de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo" y la "disolución del Programa del Departamento de Interior contra la Violencia Machista".
Ante este panorama, puede advertirse que el recorte presupuestario en este aspecto promete ser más drástico: la Secretaría de Familia tendrá un 74 % menos de presupuesto, lo cual implica que se eliminarán las "ayudas sociales a familias ya castigadas por el desempleo y la falta de acceso al vivienda". Asimismo, el recorte de un 55 % en materia de obra pública provocará la destrucción de "17.280 puestos de trabajo de forma directa y muchos más de forma indirecta y a largo plazo".
Por otra parte, el único gasto que se incrementará será el de los intereses financieros, que ascenderán un 32%, para pasar de los 1.120 millones del año 2010 en 1.482 millones de euros en el corriente año, lo que supone que la ciudadanía deberá sufrir "los recortes y la austeridad" para que la banca siga teniendo "años de bonanza y de incremento de beneficios", según afirmaron.
El recorte del 10 % sobre el total del gasto público es mostrado como inevitable por la clase política, pero ésta no explica la desigualdad del aporte ante la crisis y la severa restricción en las partidas sociales como hemos mencionado anteriormente, los cuales son de absoluta necesidad para la ciudadanía, y cuya disminución llevará al incremento del desempleo y a desmejorar las relaciones laborales existentes.
Paradójicamente, concluyeron, quien sufrirá el menor recorte será la Consellería de Interior, a cargo de Felip Puig, aunque está prevista la incorporación de 600 efectivos a los Mossos d'Esquadra mientras se reduce el personal destinado a la salud y a la educación catalana.
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