Sumario:
1. Mariano Ferreyra: cómo leer la sentencia de Casación.
2. Con organización y lucha se avanza.
3. Otro “peligroso delincuente abatido”.
4. El pez por la boca muere (y el abogado - policía confiesa)
5. Un mismo modelo para la represión y el espionaje.
1. Mariano Ferreyra: cómo leer la sentencia de Casación.
La noticia fue publicada así en diarios y portales del 10 de septiembre: La Sala III de la Cámara de Casación Penal confirmó la sentencia del TOC 21 en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. Unos pocos destacaron que la única modificación fue una leve suba en la condena a los comisarios Luis Osvaldo Mansilla y Jorge Raúl Ferreyra, que pasaron de 10 y 9 años, respectivamente, a 10 años y ocho meses de prisión en ambos casos.
Sin embargo, la lectura del fallo obliga a otras reflexiones y conclusiones. Curiosamente, cada uno de los tres jueces emitió voto por separado, y dijeron cosas bien distintas. El tercero, Juan Carlos Gemignani, permitió que se conformara la necesaria mayoría con un recurso poco habitual en sentencias de tribunales colegiados: dijo que no estaba de acuerdo completamente con los votos precedentes, pero, para evitar que tuviera que intervenir otra sala para “desempatar”, sumó su voto al del camarista Mariano Hernán Borinsky.
La jueza preopinante, Liliana Elena Cattucci, tomó algunos de los argumentos que venimos impulsando desde la querella CORREPI - APEL, y concluyó que, contrariamente a lo que sostuvo el TOC 21 el 19 de abril de 2013 en su sentencia, existió un “plan criminal”, y propició la condena a prisión perpetua de la patota por los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con tentativa de homicidio con la misma agravante.
Pero, a renglón seguido, la jueza Cattucci se ocupó de liberar de toda responsabilidad a Pedraza y a los policías. Para el jefe de la UF pidió la absolución, y para todos los policías, incluso los condenados como partícipes de los homicidios (Ferreyra y Mansilla), una leve y excarcelable pena por simple incumplimiento de sus deberes.
A partir de la idea de que el “jefe” del plan criminal fue el “Gallego” Fernández, su voto promovía un mayor grado de cobertura para la patronal y el aparato estatal, cuyos nexos directos con los que estaban en el terreno eran Pedraza y los comisarios.
El juez Borinsky se limitó a reproducir y aprobar los argumentos de la sentencia del tribunal oral, excepto que agregó a los homicidios el agravante por uso de arma de fuego, con la única consecuencia de la pequeña elevación de penas a los comisarios.
El tercero, Gemignani, dedicó varias carillas a despotricar contra el recurso de nuestra querella, aunque después coincidió en que fueron todos coautores, incluidos los policías, para los que propuso penas de hasta 19 años y medio de prisión, pero, como dijimos, terminó “bajando” sus posiciones para apoyar el voto de Borinsky y formar mayoría para que el fallo fuera válido.
Vemos, así, que los jueces se “repartieron” los argumentos para concluir en la confirmación de una sentencia que marca con claridad hasta dónde puede llegar el aparato estatal cuando la organización y la lucha popular lo obligan a autojuzgar sus actos. La prioridad fue, una vez más, cortar los hilos que conducen al corazón del gobierno y la patronal, los grandes impunes en el asesinato de Mariano Ferreyra.
Ya lo dijimos el día de la primera sentencia: Para salvar a la dama, entregaron el alfil.
2. Con organización y lucha se avanza.
A más de dos años de la muerte de Nicolás Nadal (16), asesinado por los agentes Has y Quinteros de la policía de Córdoba, la organización y lucha logró que la causa sea elevada a juicio. En la madrugada del 28 de febrero del 2013, los policías, en un patrullero, vieron a un taxi robado, en el que iban tres chicos. Sin prender balizas, sirenas ni otro aviso previo, dispararon. Nicolás recibió un disparo en la espalda.
Los familiares de Nicolás, que son parte de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, llevan adelante la ardua pelea de buscar justicia en un sistema judicial armado para que los casos de gatillo fácil queden impunes. A pesar de la persecución policial de la que son víctimas los familiares, ellos no se detienen y están dispuestos a seguir organizándose para que la muerte de su ser querido no quede sin ser castigado. Los padres de Nicolás, Sergio y Roxana, resaltan que lo logrado es producto de no haber bajado los brazos y del apoyo de todas las organizaciones políticas, de derechos humanos, de los medios alternativos, y de todos los que acompañan su pelea.
Así como Nicolás Nadal, hay más de 4.400 muertos por las fuerzas de seguridad desde la vuelta de la democracia. Las detenciones arbitrarias están al orden del día, igual que los casos de gatillo fácil y las torturas en comisarías y prisiones. Frente a ese panorama, es necesario que los sectores populares nos organicemos y demos la lucha en la calle. Los familiares de Nicolás son un ejemplo tangible de lo que se logra con la organización.
3. Otro “peligroso delincuente abatido”.
El martes 8 de septiembre, en la localidad de Wilde, lo diarios titularon que un “peligroso delincuente fue abatido”. Al leer la nota, nos enteramos que se trataba de un pibe menor de edad, y que el “arma” era una pistola de plástico, un juguete, detalle que no fue de importancia para el sargento de la Policía Federal Argentina a la hora de apretar el gatillo y matarlo.
El sargento, que quedó detenido en la comisaría 5ª de Avellaneda, a disposición de la UFI N° 2 descentralizada de Avellaneda, dijo que el chico trató de robarle la camioneta. Es que para las “fuerzas de seguridad” del estado no hay contemplaciones de edad, o si el “peligro” es un arma de juguete, sino que es un pibe pobre y por lo tanto, disponible.
La ausencia del estado en materia de educación, salud y trabajo, arroja y condena a miles de niños y jóvenes a ser “carne de cañón”, como producto de una sociedad desigual, en la que para los pibes de la clase trabajadora no hay horizonte, sino represión, hostigamientos y muerte.
Pero en “materia de seguridad” el estado sí se encarga de “estar presente”, asegurando la provisión de agentes y las balas para que esos pibes, a los que se les prohíbe jugar, estudiar, comer y poder ser alguien, se conviertan en “un pibito chorro menos".
4. El pez por la boca muere (y el abogado - policía confiesa).
El 1º de noviembre de 2010, en Bariloche, Juan Manuel, de 13 años, causó algún disturbio en un restaurant, cuyo dueño llamó a la policía. El sargento Juan Carlos Arriola y otro policía llegaron de inmediato. En medio de los golpes, Arriola le dijo: “Ya te voy a agarrar, te voy a cagar a trompadas y te van a encontrar muerto en el medio del lago”. Cinco años después, la causa llegó a juicio, pero la noticia no es ésa, sino lo que dijo el defensor del acusado en su alegato.
El defensor en cuestión es Mario Altuna, que fue secretario de seguridad de la ciudad en 2005, y hoy es abogado de la Policía de Río Negro. O sea, también en Río Negro los policías acusados de crímenes como la tortura de un niño de 13 años son defendidos institucionalmente.
Falta agregar que el mismo abogado defiende a los policías involucrados en el fusilamiento de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en la represión a la manifestación de los pobladores del Alto después de que Diego Bonefoi fuera asesinado en un episodio de gatillo fácil policial el 17 de junio de 2010.
El asunto es que, en el alegato en el que pidió la absolución del policía, el poli-abogado arremetió contra la querella y la fiscalía (ambas, hay que decirlo, sólo acusaron tibiamente por el delito muy menor de “vejaciones”). Dijo que “politizan la causa y hablan para la barra”, y “distorsionan la realidad” con este tipo de denuncias contra uniformados, a partir de un “debate ideológico del rol que cumple la Policía”.
No se conformó el Dr. Altuna con usar el falaz argumento de quejarse de que el otro también tenga ideología, como si se pudiera discutir el rol de la policía, brazo armado del estado, desde la neutralidad de las ideas, sino que remató: “Si continuamos con esta clase de persecución a la Policía, vamos a llamar un día al 911 y si lo están violando en su casa le van a decir que lo disfrute porque vamos a ir en tres años”.
Esta última frase desató el repudio de organizaciones como la APDH Bariloche y hasta el organismo oficial INADI, lo que motivó que el abogado con jinetas tratara de explicar que su enojo fue producto de que no se tuviera en cuenta que la conducta de su defendido estaba justificada “porque el menor había cometido un delito”…
En breve, este personaje puede ser fiscal, ya que está primero en el orden de mérito del concurso para cubrir una vacante en el Ministerio Público de Bariloche, desde donde va a poder pedir oficialmente que se aplique la pena de tormentos.
5. Un mismo modelo para la represión y el espionaje.
En la recta final hacia las elecciones de octubre, las propuestas de los partidos patronales no dejan de tomar el tema de la “seguridad” como parte de la agenda mediática y política. A fin de cuentas, entre todas las discusiones en torno a la situación, si la culpa es de los gobiernos provinciales, municipales o el gobierno nacional, las respuestas siempre se dan al unísono: mayor presupuesto y barrios militarizados para garantizar el control social necesario para el ajuste y la represión.
El aumento del 40% ($ 472.000.000) del presupuesto de la ahora denominada AFI (Agencia Federal de Inteligencia) marca a las claras lo que muchos organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, organizaciones de base y medios alternativos de comunicación vienen denunciando: el estado es el responsable del espionaje y la infiltración de las organizaciones populares.
La creación de la AFI no sólo marca esa tendencia, sino que también se mete en los cimientos más sensibles de la autonomía y autarquía de las mismas universidades, que tanto han luchado para mantenerse libre de la injerencia de las fuerzas de seguridad.
El protocolo de la AFI manifiesta que, para ingresar a la agencia, la convocatoria debe realizarse a través de las universidades nacionales para formarse en la ENI (Escuela Nacional de Inteligencia), con una beca que supera en 1,5% al salario mínimo vital y móvil. Los sueldos de los aspirantes, una vez egresados, ascenderán de diez mil hasta cien mil pesos, por encima inclusive de los sueldos de los gremios más importantes de Argentina como los empleados de comercio, los docentes o los trabajadores del rubro de la metalurgia.
La UNQ (Universidad Nacional de Quilmes) y la AFI acaban de cerrar un convenio bajo el cual se realizará la instrumentación de las acciones necesarias para llevar a cabo la convocatoria de postulantes a ingresar al organismo; un total de 150 aspirantes para ocupar cargos de inteligencia.
Recordemos algunos antecedentes, como Américo Alejandro Balbuena, oficial de Inteligencia de la Policía Federal que ingresó a la AW (Agencia Walsh) en 2002 –bajo el gobierno de Duhalde-, y se mantuvo espiando a sus integrantes por más de diez años. Fue responsable de la agenda de actividades políticas, lo que le permitió tener el mapa del movimiento popular. De ese modo, desde la agencia, pudo tener acceso a decenas de organizaciones populares durante toda la década kirchnerista.
En la primera semana de septiembre, por un error del fiscal, que exhibió documentación reservada en una audiencia, se conoció que 22 vecinos y vecinas de Esquel, Chubut, fueron espiados y fichados por organismos de inteligencia de nivel nacional en el marco de una causa que involucra a la comunidad mapuche en conflicto con la multinacional Benetton.
El aumento al presupuesto de la AFI es un ejemplo de la realidad que denunciamos desde el fin de la dictadura: también en “democracia”, el estado infiltra, investiga, y persigue a los que salimos a luchar.
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