La lucha histórica de múltiples organizaciones de DD. HH., políticas y sociales ha logrado avances significativos por Castigo, Verdad y Justicia contra los responsables del genocidio de estado que sufrió nuestro país desde 1976. Resulta claro la consolidación y el avance que ha configurado la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero en la actual etapa del proceso político social que atraviesa Argentina, debemos avanzar hacia el castigo de las responsabilidades civiles y la esfera colaboracionista.
En ese orden de ideas, podemos afirmar que cuanto más alta fue la responsabilidad institucional ejercida, más difícil es deslindarse del argumento del desconocimiento de la violencia de la dictadura. La carga de la prueba se invierte en el escenario del reproche ético. Éste es el caso del Dr. Julio Cassanello, actual camarista civil de la Departamental Quilmes, quien fue intendente de Quilmes desde el 1° de octubre de 1979 hasta fines de 1982.
El hecho de ejercer el Ejecutivo municipal, necesariamente requirió de la interrelación con el poder central de los militares, situándolo en una cercanía interrelacional muy estrecha, acrecentando el grado de responsabilidad, puesto que, cuanto más cercano a la dictadura se ejerció un rol, más complejo demostrar el desconocimiento de los hechos. El proceso de reproche moral ya comenzó, ante la gran repercusión mediática que tomó su figura, luego de ser denunciado penalmente por su pasado como Intendente de la dictadura, escrachado y declarado “persona no grata” por el Consejo Deliberante quilmeño, quien fuera el titular del Comité Olímpico Argentino, Julio Cassanello, tuvo que renunciar a su cargo. Pese a ello, se repite un fenómeno despreciable. El Poder Judicial, como una rémora del pasado, se resiste a someterse a una operación de saneamiento democrático; el proceso se efectúa sólo por el hecho de jubilaciones o fallecimientos, demorando una necesidad democrática. No es un hecho menor este grado de participación institucional; de hecho, la complicidad civil durante la última dictadura, fue el andamiaje indispensable para sostener la irrupción constitucional.
Está claro que no puede asimilarse a dichos civiles con el proceso de exterminio sistemático del pueblo, pero la función pública esta inscripta en el cumplimiento de nuestra Carta Magna. No puede ejercer en la actualidad un cargo público de responsabilidad institucional, quien legitimó un proceso de suspensión de las garantías constitucionales. Existe una imposibilidad óntica, entre haber sido titular del Ejecutivo municipal en la dictadura y ejercer como Juez de la Provincia. Es inadmisible sostener a un juez que juró por la Constitución, pero respaldó con acciones concretas de gobierno la suspensión de la misma.
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