LAS JUNTAS DE CLASIFICACIÓN: RESULTADO DE LAS LUCHAS HISTORICAS DEL MOVIMIENTO DOCENTE:
La importancia de los hechos y acontecimientos toman real significación, cuando los ubicamos en su correspondiente contexto histórico, todo análisis fragmentario y limitado a la coyuntura no tributa a la verdad y por lo tanto impide todo diagnóstico superador.
El Gobierno de la Ciudad presentará en estos días un proyecto de disolución de las Juntas, cuyos fundamentos tienen una mirada parcial, que toma datos reales, para justificar una medida que atenta contra los intereses de los docentes y de la comunidad educativa en general. El gobierno de Macri se sostiene para justificar su medida en el retraso en la confección de los listados, sin decir que la responsabilidad recae sobre todo en su gestión. Sistemáticamente el Gobierno ha entregado los listados por orden de mérito tergiversando la información vertida por las juntas, con docentes que desaparecían de los listados, con innumerables “errores” obligando a las juntas a pedirlos en forma reiterada y retrasando la publicación de los mismos.
El gobierno de Macri también señala que la informatización de la tarea de clasificación agilizará los tiempos. Desde el sentido común, no se entiende la incompatibilidad de la informática con las Juntas que intenta disolver. Este es un argumento maníqueo y falaz. El proceso de informatización y el puntaje on-line ya existe en algunas Juntas y su extensión al conjunto, largamente reclamado, está demorado por responsabilidad del propio gobierno que tiene a las juntas con programas del año 1997 (DOS) y casi sin computadoras.
Las verdaderas razones son otras. El Gobierno quiere anular el régimen de contralor y transparencia en la confección de los listados que supone el mecanismo de renovación periódica de representantes electos por voto.
Las Juntas de Clasificación y Disciplina no son un ámbito administrativo, expresan una institucionalidad con participación directa de los trabajadores docentes que debe garantizar el ingreso y la carrera de los trabajadores de la educación al sistema público de enseñanza.
La lucha progresista, democrática de los pueblos del mundo y de nuestro país vincularon las posibilidades de igualdad social con la necesidad del acceso masivo a la Educación.
La misma lucha vinculó la igualdad social con la construcción de un conocimiento colectivo definitivamente científico, como factor de progreso social.
Ambos objetivos, producto de la experiencia histórica, reconocieron la necesidad de mantener al sistema educativo en todos sus niveles, independiente de los gobiernos de turno, del dedo del Estado y de las creencias religiosas. En este orden para la designación de los docentes debía garantizarse la transparencia, la mayor igualdad de oportunidades, y un privilegiado escenario de pluralidad ideológica.
Es con estas intenciones que se produce la larga lucha docente que, en 1958, impuso la sanción del Estatuto Docente en todo el país, sólo suspendido en los períodos de las dictaduras de Onganía y las Juntas Militares (76-83). En 1984, al regreso al régimen constitucional, en la Ciudad se sancionó el presente Estatuto como Ordenanza 40.593/84, luego de un debate escuela por escuela, con representantes electos por cada una de ellas que participaron de asambleas distritales y de la Ciudad, quienes diseñaron el proyecto que luego, con algunas salvedades, se aprobó en el entonces Consejo Deliberante.
Anular los representantes electos por sus pares, apunta a dejar las manos libres al gobierno de turno para elegir los docentes que designa. Las juntas electas son, aunque perfectibles, una herramienta que impide que la educación se haya convertido hasta la fecha en un coto de caza para el nombramiento de personas según tenga contacto político con el gobierno de turno como ocurre en muchas otras áreas del Estado. También impide la imposición del control político de lo que se enseña. Lo que está en peligro es también esto: el carácter público sin discriminación política de lo que se enseña.
La historia demuestra que la educación de excelencia es la educación sustentada en la igualdad y la libertad. Por lo tanto queda claro cual es la intencionalidad de Macri al disolver las Juntas. Intenta dar un paso estratégico de doble impacto: licuar el control de los trabajadores no solo sobre las condiciones laborales (acceso a los cargos, carrera docente, etc.) sino también sobre el proceso de producción del conocimiento. En segundo termino, manipular la designación de los docentes para orientar la educación en el ideario neoliberal. La caída del presupuesto educativo, el aumento del subsidio a la Escuela Privada, la persecución y judicialización de docentes, las listas negras de estudiantes, el cierre de cursos, la evaluación atada al salario y ahora, el cierre de las Juntas expresan la coherencia de esta política.
Por todas estas razones, es que hacemos un llamado a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, a rechazar de plano este proyecto y todo aquel que intente avanzar sobre el carácter público del sistema educativo.
Buenos Aires, 26 de setiembre de 2011.
Carlos Oroz
Secretario General - Ademys
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