Apartaron al juez de la causa de Daniel Migone y se presentó un amicus curiae.   Daniel Migone fue asesinado el 10 de noviembre de 2005 en la Comisaría 9ª de La Plata, la misma donde fue torturado, asesinado y desaparec...

Apartaron al juez de la causa de Daniel Migone y se presentó un amicus curiae.

 


daniel migoneDaniel Migone fue asesinado el 10 de noviembre de 2005 en la Comisaría 9ª de La Plata, la misma donde fue torturado, asesinado y desaparecido Miguel Bru el 17/8/93.


La causa fue iniciada por la Unidad Fiscal 5 de Leila Aguilar y tuvo 6 años de dilación que parecieran llegar a su fin. Tras tres años desde su inicio, en el medio de retardos y reclamos desoídos, la familia de Daniel y la Asociación Miguel Bru, la recusaron por considerarse que, con su accionar, favoreció la impunidad policial. Luego, el expediente pasó a los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri, elevándose a juicio con 5 funcionarios involucrados por las torturas seguidas de muerte, sin avanzar un solo paso en la investigación. A pedido de los familiares de Daniel y de la Asociación Miguel Bru, el expediente no llegó al juicio oral tras la decisión de la Sala III del Tribunal de Casación de la Provincia que hizo lugar a dicho pedido, con la finalidad de investigar a todo el personal policial involucrado en el hecho.


Pese a lo ordenado por la justicia, la investigación volvió a manos de los fiscales Martini y Berlingieri; quienes, en lugar de excusarse y sin disponer una sola medida de prueba, volvieron a solicitar la elevación a juicio al juez De Aspro, en forma idéntica a la que presentaran hace dos años ante el mismo magistrado y que fuese impugnada por la familia de Migone, lo cual fue aceptado por el Tribunal de Casación provincial.  


Contrariamente a lo que prescribe el Código de Procedimientos, los fiscales Martini y Berlingieri, como el juez De Aspro, no se excusaron de continuar en la causa. Fue la familia de la víctima quien los tuvo que recusar y solicitar su apartamiento de la causa, con el objeto de garantizar la debida imparcialidad por parte del magistrado y una clara objetividad por parte de los fiscales.  


Hace pocos días, la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías Departamental, apartó al juez De Aspro y, en su lugar, designó a la Jueza Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N° 5, perteneciente al Departamento Judicial La Plata, quien ahora debe resolver la recusación presentada contra los fiscales Martini y Berlingieri.


Asimismo, diversas organizaciones de Derechos Humanos y otras entidades se presentaron como "amicus curiae" ante el tribunal interviniente mediante un documento elaborado y suscripto por distintas organizaciones como la APDH La Plata, la Asociación Miguel Bru, el Centro de Estudios en Victimología e Incidentes Críticos, el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el Colectivo De Eso No se Habla, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y la Unidad de Intervención en Victimología del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre otras.



Esta presentación es un instituto jurídico por el cual se permite a personas y/o entidades que no son parte en un determinado proceso, aunque con una reconocida trayectoria, para que participen y expresen su opinión ante los magistrados que intervienen en él con el objetivo de acceder a la justicia que amerita el caso.


En el escrito presentado, afirmaron que  “es menester que –como amicus curiae- propongamos un método de actuación judicial que permita el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado ha suscripto” y enfatizaron que "si no se indagan “los sucesos que culminaran en la muerte de Oscar Daniel Migone”,  ello tendría como consecuencia “la legitimación de la falta de respeto por derechos y libertades fundamentales” y “la negación de la obligación de garantizarlos, si se consagra la impunidad” de prácticas como las examinadas en esta causa", según informaron.


Por otra parte, sostuvieron "que es evidente que la conducta de la policía con respecto a Migone no fue casual ni un accidente, sino que es una consecuencia directa de “ciertas rutinas de la institución que se reiteran sin el debido control. Por esto, estiman -como amicus curiae- la urgencia e importancia de desentrañar el modus operandi que se desplegó en el presente caso, con el objetivo de conocer y poder efectivamente prevenir otros hechos semejantes”.  Asimismo, expresaron que "tanto la práctica policial como la actitud de omisión de investigar de parte del Ministerio Público Fiscal ' se confabulan ' para sostener una sistemática arraigada de tratos crueles, inhumanos y degradantes seguidos de muerte, tal como lo han denunciado -en reiteradas ocasiones- organismos no gubernamentales que trabajan la temática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.


Destacaron que la causa recorrió durante casi 6 años diversas instancias, a través de todas las cuales la familia de la víctima ha exigido conocer toda la verdad de lo que le ocurrió a Daniel durante aquella fatídica noche. En este sentido, las organizaciones y entes públicos firmantes sostuvieron que, con respecto al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado ha suscripto, debe “propender a la profundización de la pesquisa planteada, con la intervención de los miembros especializados que el Ministerio Público Fiscal tiene, y que por competencia material, se desempeñan en la Unidad Funcional de Instrucción que se encarga de las Investigaciones Complejas”.


En dicho escrito, también señalaron que, "en los seis años que lleva la investigación, los fiscales a cargo no han indagado en profundidad el hecho que privó de la vida a Migone, limitándose a investigar solo ciertas rutinas que se agotan en la detención de algunas personas, como si eso por si solo explicase lo que ocurrió".


Por este crimen, se encuentran imputados los ex - policías Daniel Guillermo Espósito; el imaginaria de calabozos, Carlos Ariel Toloza; el jefe de turno, Capitán Marcelo Fabián Falcón; el teniente Luis Díaz Zapata y la oficial de servicio, María Valeria Maciel; quien se encuentra beneficiada con arresto domiciliario.


La familia de la víctima afirmó que “no están todos los policías que participaron y encubrieron el asesinato”, según declaró Marita Migone, hermana de Daniel, a los medios de comunicación y agregó: “Dijeron que había robado unos pasacassetes y que se suicidó, y sin embargo no tenia motivo ni para una cosa ni para la otra, mi hermano era un trabajador, vivía con sus padres y sus dos hijos menores, … “.


Por su parte, Rosa Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru insistió con que “es fundamental que se agote la investigación porque hay muchas pruebas que indican que Daniel fue secuestrado, hay cantidad de elementos que indican que fueron falsos los motivos para justificar su presencia en la comisaría y que se armó una escena para encubrir su asesinato. Su familia merece saber la verdad”.

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